Desde comienzos de 2024, el Gobierno nacional adoptó una estrategia salarial restrictiva como parte de su política de combate a la inflación. Con aval oficial, las paritarias cerradas en sectores clave comenzaron a exhibir un techo informal del 1% mensual, muy por debajo de la dinámica inflacionaria real. La intención era clara: evitar que los aumentos de sueldos retroalimentaran la suba de precios. Pero la realidad económica fue más fuerte.
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Paritarias bajo presión: los acuerdos salariales no alcanzan a cubrir la inflación
Las paritarias no logran seguir el ritmo de la inflación y los salarios pierden poder de compra en un escenario económico cada vez más tenso
En marzo de 2025, la inflación mensual se ubicó en 3,7%, acumulando un 8,6% en el primer trimestre, según datos del INDEC. En ese mismo período, la mayoría de los convenios colectivos registraron ajustes por debajo de ese guarismo, lo que dejó a buena parte de los trabajadores con una caída real de sus ingresos. Según un informe de Chequeado, los acuerdos salariales firmados en los primeros tres meses del año se ubicaron, en promedio, 3,6 puntos porcentuales por debajo del IPC.
Una política de ajuste encubierto
La lógica implícita del Ejecutivo nacional fue llevar los salarios a niveles anteriores a noviembre de 2023. En el caso del sector público, se proyectó una reducción del 15%, mientras que para el sector privado se planteó una desaceleración forzada de las paritarias, que en el largo plazo implicaría una caída acumulada del 20% desde 2017. En el caso estatal, ese retroceso se ampliaría al 35% en el mismo período.
Los efectos ya se sienten. Para un trabajador con un ingreso mensual de 500.000 pesos, esa pérdida del 3,6% equivale a 18.000 pesos menos cada mes, lo que impacta directamente en el consumo, el ahorro y el tejido social.
Más sobre el tema: La inflación mayorista repuntó al 2,8% en abril por mayor alza de productos importados
Paritarias desiguales: un mapa fragmentado
El esquema de congelamiento salarial no fue homogéneo. Algunos gremios con mayor capacidad de presión, base afiliatoria sólida o en sectores estratégicos lograron acuerdos que empataron —o incluso superaron— la inflación.
Por ejemplo, en Telecomunicaciones, los trabajadores de empresas como Claro y Telecom obtuvieron un aumento del 12% trimestral, el mayor del período. En tanto, los Bancarios cerraron un incremento del 10%, sustentado en cláusulas de revisión automática vinculadas al IPC.
En el otro extremo, muchos sectores quedaron lejos de esos niveles. Los Aceiteros, sin cerrar incrementos en el primer trimestre, perdieron 7,9% de salario real, aunque en abril lograron un ajuste del 13,3%. Las trabajadoras de casas particulares, sin paritarias activas, sufrieron una caída del 6,8%, y se dan casos de profundo deterioro en el ámbito del Estado, donde los empleados judiciales nacionales solo obtuvieron ajustes del 2% mensual, con pérdida del 6,2%, o en sanidad y administración pública nacional, con pérdidas del 4,5% y 4,2%, respectivamente.
Una situación particular se vive en actores como alimentación y gastronomía, con aumentos del 4,3% y 3,9%, respectivamente, para los trabajadores, pero que además se combina con la presión sobre las pymes patronales, con caída del consumo y fuerte aumento de costos, que terminan afectando seriamente las fuentes laborales.
La advertencia de la CTA Autónoma
Un informe del Instituto de Estudios de la CTA Autónoma, dirigido por Hugo Godoy, señala que la política de congelamiento salarial es insostenible. “El Gobierno insiste en una receta que fracasó en los años '90 con la convertibilidad. Congelar salarios en un contexto inflacionario solo acelera el empobrecimiento de la clase trabajadora”, sostuvo.
El estudio detalla que el 20% de los trabajadores registrados ya está por debajo de la línea de pobreza y remarca que en el sector público, el recorte acumulado desde 2017 representa el equivalente a seis salarios mínimos anuales.
Además, advierte que, de no reabrirse las paritarias, 14 millones de trabajadores verán caer sus ingresos en abril.
Abril: el mes bisagra para el salario real
Con una inflación del 2,8% para abril, el panorama parece cambiar, ya que algunos gremios que el primer trimestre habían recuperado, comienzan a perder, como el caso de Camioneros, que firmó un 1% para el cuarto mes del año.
Otros sectores corren la misma suerte: Alimentación cerró 1,8%, o Textiles 1,5%, que cerraron sus acuerdos de acuerdo a las previsiones del REM del Banco Central y el Gobierno, y se vieron sorprendidos por el renacer inflacionario de marzo y abril, y ahora enfrentan la negativa oficial a reabrir las negociaciones.
Según los especialistas, si la tendencia se mantiene, el salario real promedio caerá un 12% hacia julio, arrastrando a 2 millones de personas más por debajo de la línea de pobreza, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Entre la recesión y el conflicto social
El Gobierno enfrenta un dilema complejo: si flexibiliza la política salarial, corre el riesgo de reavivar la inflación; si la sostiene, profundiza el malestar social y fomenta un escenario recesivo. Los signos ya son visibles: el PIB cayó 0,3% en el primer trimestre y la actividad industrial muestra una desaceleración generalizada.
Para la economista Marina Dal Poggetto (EcoGo), “sin un acuerdo social que contemple precios, salarios y tarifas, la inflación seguirá erosionando el ingreso de los trabajadores, y la gobernabilidad se debilitará”.
¿Hacia una nueva normalidad con salarios bajos?
La pregunta de fondo que recorre los despachos sindicales y las mesas de negociación es si se consolida una nueva estructura económica con salarios estructuralmente deprimidos, con una política de ajuste por ingresos que, lejos de resolver los desequilibrios macroeconómicos, podría profundizar la estanflación.
La pulseada está en marcha. Lo que se define en estas semanas no es sólo el valor del salario, sino también la calidad del contrato social que Argentina está dispuesta a construir en los próximos años.