Cuestionan al Gobierno de Mendoza por contratos, licitaciones y falta de control en la lucha contra la Lobesia botrana, clave para la vitivinicultura.
La protección de la vitivinicultura mendocina frente a la Lobesia botrana, una de las plagas más peligrosas para la vid, se ha convertido nuevamente en un tema de debate. La reciente intervención del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, reabrió interrogantes sobre la transparencia, la estrategia y el rumbo que adopta el Gobierno de Mendoza para enfrentar este flagelo, clave no solo en términos productivos sino también económicos.
Según datos oficiales del Iscamen, Mendoza concentra el 75% de la superficie nacional de vid, con 160.000 hectáreas cultivadas. No es un detalle menor si se considera que en 2024 las exportaciones de vino embotellado generaron ingresos por 713 millones de dólares FOB, dentro de un total de 1.600 millones de dólares exportados por la provincia, incluyendo jugos, mostos, pasas y uvas frescas. El impacto potencial de la plaga —que puede provocar pérdidas de hasta el 50%— convierte la política de control en un asunto de interés público de primer orden, destaca un informe presentado ayer por el Foro Nuevo Cuyo.
La Ley Nacional 27.227, sancionada en 2015, declaró de interés nacional el combate a la Lobesia y comprometió fondos del Estado Nacional para su erradicación. No obstante, la asistencia se interrumpió en 2024, generando un vacío presupuestario que pone presión sobre las provincias y abre espacio a soluciones de emergencia, muchas veces improvisadas, advierte el informe.
En este contexto, el anuncio de que la empresa Aerotec instalará una planta en Mendoza para diluir un producto químico importado ha sido presentado con entusiasmo oficial. Sin embargo, el valor agregado de esta operación en territorio provincial es mínimo. Se cuestiona la viabilidad de generar empleo sostenible —con la promesa de apenas veinte puestos— y se advierte sobre la baja inversión tecnológica que implica simplemente diluir un producto elaborado en el exterior.
Más aún, Aerotec ya ha recibido contratos anteriores del Gobierno provincial, entre ellos, su participación en la campaña contra la mosca del Mediterráneo y su vinculación con el sistema de lucha antigranizo, una estructura que el propio Gobierno disolvió en 2024 por considerarla ineficaz y costosa. A pesar de ello, terminó aportando fondos al mismo programa en el sur provincial, a través de tasas creadas por los municipios como Alvear y San Rafael. Una de las beneficiarias fue nuevamente Aerotec, configurando un esquema de continuidad de fondos públicos bajo un modelo de tercerización cuestionado, advierte el informe de la Fundación.
El trabajo del Foro Nuevo Cuyo advierte que las declaraciones del ministro Vargas Arizu sobre el proceso licitatorio para el ciclo 2025/26 generaron alarma. Según sus expresiones, ya se da por sentado quién será el proveedor seleccionado, lo cual contraviene los principios de mérito, competencia y legalidad que deben regir estos procesos. En un país donde el Senasa autoriza al menos seis feromonas de cuatro empresas distintas, adelantar favoritismos no solo puede llevar a impugnaciones formales, sino también a consecuencias económicas para la provincia, que vería retrasada la campaña si se judicializa el proceso.
Otra cuestión preocupante señalada por el trabajo es la adquisición de productos inadecuados en campañas anteriores y el deficiente almacenamiento. Las preguntas se acumulan: ¿qué productos se compraron? ¿quién los eligió? ¿en qué condiciones fueron almacenados? ¿hubo pérdidas económicas? ¿se identificaron responsabilidades?
No se conoce si el Ministerio ha promovido auditorías, informes técnicos o sanciones. Este vacío en la trazabilidad administrativa debilita la legitimidad de las decisiones actuales y plantea dudas sobre la rigurosidad de la gestión, advierten los especialistas del Foro.
El Gobierno provincial y nacional cerró la puerta a la competencia y a la investigación local. Mientras el mundo avanza en soluciones biotecnológicas adaptadas a cada entorno, en Mendoza se elige importar tecnologías extranjeras que pueden no estar diseñadas para el ecosistema local. Paradójicamente, la provincia ha sido cuna de startups biotecnológicas exitosas como Epiliquid, Bioeutectics y Zavia Bio, que ahora deben
buscar financiamiento e infraestructura fuera de Mendoza y Argentina para seguir desarrollándose.