Trump impone aranceles del 50% a Brasil y Chile, desatando tensiones diplomáticas y económicas en torno a productos clave como el cobre y alimentos.
Donald Trump vuelve a la carga con los aranceles, ahora contra Brasil y Chile.
La administración de Donald Trump anunció, sorpresivamente, la imposición de un arancel general del 50% sobre todos los productos brasileños que ingresen al mercado estadounidense a partir del 1 de agosto. La decisión, comunicada mediante una carta formal enviada al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marca un quiebre inédito en las relaciones entre las dos mayores economías del continente americano.
Firmada por Trump, la misiva justifica la medida como una respuesta a “muchos años” de políticas comerciales injustas por parte de Brasil, señalando particularmente la existencia de barreras arancelarias y no arancelarias, restricciones al comercio digital y supuestas limitaciones a la libertad de expresión de empresas y ciudadanos estadounidenses.
El conflicto, sin embargo, va más allá de los intercambios económicos: se inscribe en una creciente tensión política de Trump con el bloque de los BRICS, y acusaciones cruzadas que tocan incluso la situación judicial de Jair Bolsonaro.
La misiva enviada desde Washington incluyó una enfática defensa del expresidente Bolsonaro, actualmente procesado por su presunta implicación en una conspiración golpista en Brasil. Trump calificó ese proceso judicial como una “vergüenza internacional” y una “caza de brujas”, lo que generó una reacción inmediata y enérgica desde Brasilia.
El Gobierno brasileño devolvió la carta por considerarla “ofensiva” y “falsa”, y convocó de urgencia al encargado de negocios de la embajada estadounidense, Gabriel Escobar. Al mismo tiempo, el presidente Lula encabezó una reunión extraordinaria en el Palacio de Planalto, desde donde advirtió: “Brasil no aceptará ser tutelado por nadie”.
El conflicto escaló rápidamente y la administración estadounidense ordenó al representante comercial Jamieson Greer iniciar una investigación en el marco de la Sección 301 del Trade Act de 1974, que permite sancionar a países con prácticas comerciales consideradas desleales o discriminatorias.
En paralelo al conflicto con Brasil, la Casa Blanca lanzó otro anuncio de alto voltaje geopolítico: la imposición de un arancel del 50% a todas las importaciones de cobre, con vigencia desde el 1 de agosto. Esta medida afecta directamente a Chile, el mayor productor mundial de cobre y principal proveedor del metal a Estados Unidos, y amenaza con reconfigurar las dinámicas del comercio internacional de metales estratégicos.
El impacto fue inmediato: los precios del cobre alcanzaron un máximo histórico en el mercado estadounidense. En 2024, EE.UU. importó 17.000 millones de dólares en cobre, de los cuales 6.000 millones provinieron de Chile. Desde Santiago, el presidente Gabriel Boric expresó que su gobierno “reacciona con cautela” y aguarda una comunicación oficial de Washington antes de fijar posición. “En diplomacia no se hace política por redes sociales”, afirmó el mandatario.
Desde el Ministerio de Minería, la ministra Aurora Williams advirtió que aún no se conocen los detalles de implementación del nuevo arancel, pero recordó que un 11% de la producción chilena de cobre tiene como destino EE.UU., especialmente en forma de cátodos refinados, insumo clave para las industrias electrónica, automotriz y de defensa.
El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, se mostró prudente: “Una declaración como ésta amerita revisarla mejor”, aunque reconoció que el anuncio plantea interrogantes clave sobre el futuro de las exportaciones mineras y las relaciones comerciales bilaterales. En un mundo cada vez más competitivo por los recursos críticos del siglo XXI, Chile se enfrenta a una posible necesidad de reorientar parte de sus ventas hacia Asia o Europa, ante el riesgo de perder uno de sus principales mercados.
El Gobierno brasileño no fue tan prudente como el de Gabriel Boric y activó de inmediato la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso en abril pasado, que autoriza la aplicación de represalias automáticas ante sanciones unilaterales. Según fuentes diplomáticas, se evalúan restricciones al ingreso de productos agrícolas, bienes industriales y servicios financieros provenientes de Estados Unidos.
Además, Brasil profundizó su estrategia multilateral, logrando el respaldo del bloque BRICS ampliado, que recientemente incorporó a Irán, Egipto y Etiopía. En una declaración conjunta, los miembros del grupo rechazaron el uso de la política comercial como herramienta de coerción geopolítica.
La postura brasileña fue expresada con contundencia por el canciller Mauro Vieira: “La política comercial no puede ser usada como herramienta de intimidación política ni de intervención en los asuntos internos de los países soberanos”.
Paradójicamente, los argumentos económicos esgrimidos por la Casa Blanca contrastan con los datos comerciales oficiales. Según cifras del Departamento de Comercio estadounidense, en 2024 EE.UU. exportó a Brasil bienes y servicios por 78.000 millones de dólares e importó 49.000 millones, generando un superávit de 29.000 millones para su economía.
En el caso de Chile, la medida también se contradice con el hecho de que el país ha sido, históricamente, un socio estable y confiable, responsable del 65% de las importaciones de cátodos entre 2020 y 2023, muy por delante de Canadá (17%), México (9%) y Perú (6%).
En ambos frentes, desde el sector privado estadounidense se encendieron señales de alarma. Asociaciones de productores industriales y agropecuarios advirtieron que las nuevas medidas podrían encarecer precios internos, afectar cadenas de suministro críticas y generar inestabilidad comercial en sectores sensibles como el alimentario, el electrónico y el de energía limpia.