El Plan Progresar cumple 10 años con menos beneficiarios, becas desvalorizadas y un fuerte recorte en el presupuesto destinado a su financiamiento.
Cuando los editores de los medios de comunicación digitales repasan las noticias o información más buscada, invariablemente aparece la información sobre el Plan Progresar o Becas Progresar, creado en 2014 y que sirvió para el apoyo desde el Estado a millones de jóvenes estudiantes para poder avanzar o terminar sus estudios.
Desde su creación en 2014, el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, más conocido como Progresar, se consolidó como una política pública destinada a acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica para que pudieran iniciar o continuar sus estudios. Diseñado originalmente para personas de entre 18 y 24 años cuyos hogares no superaran un salario mínimo, el programa otorgaba una prestación mensual, de la cual el 80% se cobraba mes a mes y el 20% restante se retenía hasta el final del ciclo lectivo, condicionado al cumplimiento de requisitos educativos.
En sus más de diez años de vigencia, el programa atravesó diversas transformaciones de la mano de los cambios de gobierno. A pesar de estas modificaciones, su objetivo general —el acompañamiento económico a estudiantes con dificultades económicas— se mantuvo como principio rector. Sin embargo, los últimos años marcaron un punto de inflexión negativo: caída en la cantidad de beneficiarios, licuación del poder adquisitivo de las becas y un fuerte ajuste en el presupuesto asignado.
La primera gran expansión del programa ocurrió en abril de 2015, cuando se incrementó el monto de la beca y se amplió el umbral de ingresos familiares permitidos. No obstante, entre ese año y 2018 el monto permaneció congelado y se registraron denuncias por bajas arbitrarias. En 2018, el gobierno nacional impulsó una reforma profunda: el beneficio dejó de ser prácticamente universal para los jóvenes en situación de vulnerabilidad y pasó a estar condicionado al mérito académico. También se segmentaron los montos según el tipo de carrera, incorporando formaciones profesionales, estratégicas y de enfermería.
La pandemia de COVID-19 trajo consigo una nueva reconfiguración del programa. En 2021 se amplió el universo de beneficiarios, habilitando la inscripción desde los 16 años y hasta los 30 para estudiantes avanzados. Se incluyó también a trabajadores informales y monotributistas de bajos ingresos. Estas modificaciones produjeron una recuperación significativa en la cobertura del programa.
Actualmente, Progresar cuenta con tres líneas activas:
Progresar Obligatorio (para la finalización de estudios secundarios),
Progresar Superior (para carreras terciarias y universitarias), y
Progresar Trabajo (vinculado a cursos de formación profesional).
La edad de acceso se extiende hasta los 35 años, con excepciones en ciertos casos. El monto mensual es de 35.000 pesos, aunque no siempre se paga en su totalidad: en algunas líneas, se retiene un 20% del valor mensual a cuenta de la acreditación de la regularidad académica.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) asegura que, desde su lanzamiento, la cantidad de jóvenes beneficiarios del programa tuvo una evolución dispar. En el cuarto trimestre de 2016, Progresar alcanzó su punto máximo con más de 800.000 inscriptos. A partir de entonces, la cobertura se redujo: para 2018 descendió a poco más de 560.000 personas y en 2020 tocó un piso de 535.927 beneficiarios.
La reconfiguración de 2021 marcó un cambio de rumbo. Con una expansión del universo elegible, la cantidad de beneficiarios se duplicó y cerró el año con más de un millón de inscriptos. La tendencia positiva continuó en 2022 y 2023, con picos históricos de 1,7 y 1,87 millones de beneficiarios, respectivamente.
Pero el cambio de gestión en diciembre de 2023 alteró nuevamente la trayectoria del programa. Con una política de recorte del gasto público, el nuevo gobierno excluyó a miles de beneficiarios por incumplimiento de requisitos y estableció trabas administrativas para nuevos ingresos. En paralelo, el poder adquisitivo del monto mensual se deterioró rápidamente, lo que desincentivó la permanencia. Para fines de 2024, el número de inscriptos había caído a 1.359.274, un 27,3% menos que el año anterior. Según los últimos datos disponibles, al 3 de abril de 2025, el número apenas había crecido a 1.370.392.
El deterioro del valor real de las becas Progresar es otro indicador que revela el retroceso del programa. Entre 2015 y 2019, la beca perdió más de la mitad de su poder adquisitivo. En 2015, el valor real promedio mensual de la beca universitaria no estratégica era de 100 pesos (a moneda constante); para 2019, había descendido a 49,8.
Durante la pandemia, la tendencia negativa continuó. En 2020, el poder de compra promedio fue de apenas 43,3 pesos en carreras superiores y de 33,7 en niveles obligatorios y formación profesional. A partir de 2021, con las nuevas modificaciones, se registró una recuperación: el valor mensual promedio en términos reales subió a 58,3 pesos y siguió aumentando en 2022, hasta llegar a 63,8. Sin embargo, en 2023 volvió a caer levemente, a 59,1 pesos.
La caída más abrupta se produjo en 2024. El congelamiento del monto nominal en 20.000 pesos durante los primeros nueve meses del año, combinado con una inflación interanual del 236%, licuó el valor de la beca. Aunque en septiembre el monto fue actualizado a 35.000 pesos, la recomposición fue insuficiente. En promedio, el poder adquisitivo real mensual en 2024 fue de apenas 30,7 pesos, casi la mitad que en 2023.
Para alcanzar el poder adquisitivo que tenía en abril de 2015, la beca debería ubicarse hoy en 127.186 pesos mensuales. Para equiparar el nivel de abril de 2022, el monto debería ser de 76.713 pesos; y para igualar el valor de abril de 2023, se requerirían 73.359 pesos. En contraste, en abril de 2025 el monto percibido por los estudiantes continúa siendo de 35.000 pesos.
En línea con la reducción de la cobertura y la pérdida de poder adquisitivo, el presupuesto destinado al programa también sufrió un ajuste severo. Medido en pesos constantes de 2025, el presupuesto ejecutado en 2021 fue de 802.000 millones. En 2022 aumentó a 1.072.000 millones y en 2023 alcanzó su pico, con 1.370.000 millones.
No obstante, en 2024 el ajuste fue drástico: la inversión real cayó un 65% respecto al año anterior. Para 2025, el presupuesto proyectado contempla una nueva caída del 18% en términos reales. Aunque la meta oficial prevé alcanzar 1,5 millones de beneficiarios, los datos del año pasado muestran que ni con un presupuesto superior se logró cubrir a más de 1,3 millones de personas.
El Progresar fue concebido como una herramienta de inclusión social y educativa. Su evolución da cuenta de los vaivenes de las políticas públicas: expansiones durante períodos de énfasis en la inversión social y fuertes retrocesos en contextos de ajuste fiscal.
A diez años de su creación, el programa enfrenta un escenario complejo. Con una cobertura menguante, una beca desvalorizada y un presupuesto en declive, su capacidad de cumplir con el objetivo de garantizar el derecho a la educación superior para jóvenes en situación de vulnerabilidad se encuentra gravemente limitada.