Dirigentes sindicales, empresarios y académicos se reunieron en la previa del Día de la Industria para diagnosticar una caída que ya acumula 97.312 empleos perdidos y 4.020 fábricas cerradas desde diciembre de 2023.
1 de septiembre de 2026
La industria perdió 97.312 empleos y 4.020 fábricas desde diciembre de 2023. Sindicatos, empresarios y académicos debatieron una salida productiva para el país.
El cierre de fabricas como Fate en el centro del debate en el Día de la Industria
Dirigentes sindicales, empresarios y académicos se reunieron en la previa del Día de la Industria para diagnosticar una caída que ya acumula 97.312 empleos perdidos y 4.020 fábricas cerradas desde diciembre de 2023.
Con la capacidad instalada apenas por encima del 59 % y una caída acumulada del 7,9 % en la actividad fabril entre 2023 y 2025 (el segundo peor desempeño entre 56 países relevados por la ONUDI), la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) decidió no dejar pasar el Día de la Industria y convocó a una jornada de trabajo que, bajo el título «Industria, trabajo, productividad y calidad de vida», reunió a más de 600 personas entre trabajadores, delegados, empresarios, rectores universitarios y estudiantes de escuelas técnicas.
La consigna que ordenó los debates fue directa: no hay soberanía política ni independencia económica posible sin un proyecto industrial de fondo. A partir de esa premisa, la CSIRA (que nuclea a cerca de 40 gremios, desde SMATA y UOM hasta ATILRA, UOCRA y UATRE) montó cinco paneles temáticos y cerró el encuentro con un documento que combina diagnóstico y propuesta.
Los números que maneja la central sindical no dejan demasiado margen para el optimismo, ni esconden el peso específico del sector. La industria manufacturera representa hoy cerca del 18 % del PBI, concentra la mitad de la inversión privada en investigación y desarrollo y sostiene 2,5 millones de empleos directos, con condiciones laborales que superan el promedio de la economía. Ese contraste (una actividad estructuralmente relevante que atraviesa su peor momento reciente) atravesó buena parte de las exposiciones.
Los organizadores coincidieron en señalar tres causas del retroceso: la apertura importadora, la caída del consumo interno y la ausencia de una política industrial de alcance federal. Ninguna de las tres, advirtieron, muestra señales de revertirse en el corto plazo.
El primer panel puso el foco en un frente poco visible pero decisivo: la formación de la mano de obra que la industria necesitará en los próximos años. Los datos allí expuestos resultan elocuentes. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional acumula, a agosto de 2026, una caída real del 93,9 % respecto de 2023, muy por debajo del piso que fija la ley. A eso se agrega una decisión de política presupuestaria: el artículo 30 del Presupuesto 2026 eliminó tanto el piso de financiamiento equivalente al 0,2 % de los ingresos corrientes nacionales como la garantía del 6 % del PBI para educación que establece la Ley de Educación Nacional.
Frente a ese panorama, los participantes plantearon recuperar el financiamiento, fortalecer los centros de formación sindicales y tender puentes concretos entre escuelas técnicas, universidades y empresas.
El segundo panel discutió las condiciones laborales del sector y la necesidad de que el desarrollo productivo se traduzca en salarios y empleo registrado, no solo en indicadores de productividad. Allí surgieron demandas por una reforma laboral orientada a la creación de empleo de calidad, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la regulación de modalidades como el trabajo remoto y las plataformas digitales.
La irrupción de la inteligencia artificial y la automatización mereció un panel propio. Los participantes acordaron que la transformación tecnológica puede mejorar la productividad, pero también desplazar puestos de trabajo si no se planifica con cuidado. De ahí la propuesta de una estrategia nacional de adopción tecnológica, con participación sindical y capacitación permanente, orientada a fortalecer cadenas de valor nacionales.
El cuarto panel abordó un problema distinto: la disputa simbólica por el lugar de la industria en la agenda pública. El documento final señala que la producción nacional suele aparecer en medios y redes solo cuando hay conflictos o despidos, mientras el discurso oficial mantiene una presencia constante. La respuesta propuesta fue construir una estrategia comunicacional permanente, con voceros técnico-económicos y contenidos que muestren el trabajo cotidiano de fábricas y talleres.
El panel final, dedicado a la política económica, reunió las definiciones más duras de la jornada. Julia Strada, directora de CEPA y diputada nacional, fue categórica: «No hay lugar para un proyecto industrial con este gobierno. No hay ni habrá». También reclamó que el concepto de productividad «sea nuestro, de los trabajadores».
Daniel Herrero, de Mercedes-Benz y Prestige Auto, aportó una mirada empresarial: el riesgo, dijo, no pasa por el cambio tecnológico sino por quedarse mirando cómo otros países toman decisiones estratégicas mientras la Argentina resigna posiciones en la cadena de valor.
Cristian Jerónimo, de la CGT, apeló a la tradición peronista para reclamar un país «sin valor agregado» como algo inadmisible. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, denunció una «campaña sistemática» contra la universidad pública y el movimiento obrero. Y Ricardo Pignanelli, de SMATA, cerró el encuentro con una definición que funcionó como síntesis de toda la jornada: «Sin industria no hay producción ni trabajo».
