La administración del Estado de Mendoza cerró con un superávit corriente cercano al 6% de sus recursos, coronando un prolongado proceso de reordenamiento fiscal que modificó de manera sustancial la dinámica económica local.
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Del déficit al superávit: la transformación fiscal de Mendoza en una década
Mendoza alcanzó un superávit del 6% tras años de ajuste fiscal. Claves del ordenamiento, caída de ingresos y los desafíos económicos a futuro según el CEM.
La evolución de las cuentas públicas en la última década refleja una transformación estructural profunda. Desde un déficit récord del 7% en 2015, la provincia logró revertir la tendencia e iniciar un sendero de recuperación que le permitió encadenar resultados positivos de manera ininterrumpida desde 2018. Este cambio dejó de ser un mero ajuste contable para convertirse en un pilar clave de la sostenibilidad fiscal de largo plazo. Estas conclusiones surgen del último informe elaborado por los equipos técnicos del Consejo Empresario Mendocino.
Reducción del tamaño del Estado
En paralelo al saneamiento financiero, el tamaño del Estado en relación con la economía real registró una reducción significativa. En 2015, el gasto público representaba el 23,1% del Producto Bruto Geográfico (PBG). A partir de las políticas de ajuste implementadas desde 2016, esa participación descendió de manera sostenida hasta el 19,6% en 2024. Según el informe, esta dinámica permitió liberar espacio para el sector privado, históricamente motor de la generación de riqueza.
Caída de ingresos y fragilidad fiscal
Los datos oficiales muestran además una fuerte dependencia de los recursos corrientes, que explican el 99% de los ingresos totales, mientras que los ingresos de capital apenas representan el 1%. Durante el período analizado, estos recursos sufrieron caídas reales significativas: entre 2015 y 2024, los ingresos de origen provincial retrocedieron un 16%, incluso por encima de los recursos de origen nacional, que cayeron un 13%.
El deterioro de la recaudación propia se explica principalmente por una caída del 20% en los recursos tributarios locales. Este dato da cuenta de la magnitud del ajuste fiscal implementado para sostener el equilibrio de las cuentas públicas, pero también expone los problemas estructurales de crecimiento que la provincia arrastra desde hace casi dos décadas.
En este contexto, la matriz impositiva de Mendoza presenta una elevada concentración. El impuesto sobre los Ingresos Brutos constituye el eje central del sistema, al aportar el 80% de la recaudación tributaria local. Recién hacia el tercer trimestre de 2025 comenzaron a observarse señales de estabilización, con una recuperación interanual del 4,3% en términos reales de los recursos corrientes.
Rigidez del gasto y ajuste del empleo público
Por el lado del gasto, el informe destaca la rigidez estructural del gasto público. Los salarios del sector estatal y las transferencias concentran aproximadamente dos tercios del gasto corriente total. La evolución de la planta de personal resulta clave para comprender este fenómeno: tras un crecimiento sostenido entre 2011 y 2015 (cuando la dotación superó los 108.721 empleados), el Estado inició un proceso de reducción que permitió estabilizar la nómina en torno a 102.849 agentes en 2025.
Esta moderación en el empleo público y en la masa salarial tuvo un impacto directo sobre las finanzas provinciales. Mientras que en 2015 el gasto en personal absorbía el 65% de los recursos corrientes, las políticas de contención, incluidas paritarias a la baja y congelamientos salariales como durante la pandemia, redujeron esa proporción al 40% en 2024. No obstante, las proyecciones anticipan un leve repunte hasta el 44% hacia fines de 2025.
Obra pública: recuperación con límites
Según el informe, la compresión del gasto corriente fue un factor determinante para reactivar la inversión en infraestructura. En la lógica de las finanzas públicas, el superávit corriente define la capacidad de financiar gasto de capital. Desde 2018, la obra pública comenzó a recuperar terreno: el gasto de capital, que se ubicaba en torno al 7% de los recursos en los primeros años, ascendió hasta aproximadamente el 11% al cierre del período.
Sin embargo, esta interpretación merece un análisis más crítico. El avance en infraestructura sigue siendo limitado frente a las necesidades de la provincia, y buena parte de los impulsos recientes se apoyaron en recursos extraordinarios, como los fondos de Portezuelo del Viento, que además no se tradujeron en proyectos de gran escala capaces de transformar estructuralmente el sistema productivo.
Desafíos fiscales a mediano plazo
A pesar del escenario de relativa estabilización, el informe advierte sobre la necesidad de evitar cualquier autocomplacencia fiscal. De cara al mediano plazo, la provincia deberá sostener una administración prudente del gasto corriente, priorizando la eficiencia en la asignación de recursos y resguardando las partidas destinadas a inversión pública. Mantener el superávit corriente aparece como una condición indispensable para garantizar la estabilidad.
Finalmente, el Consejo plantea como desafío central el rediseño del esquema tributario. Si bien la presión impositiva sobre el sector productivo se redujo, del 7,3% del PBG en 2017 al 6,4% en 2024, la continuidad de este proceso resulta clave. La liberación de recursos hacia el sector privado es considerada una condición necesaria para generar confianza, previsibilidad e inversión. En esa línea, el informe concluye que solo un Estado ordenado, con cuentas equilibradas y menor peso relativo en la economía, podrá impulsar la expansión del empleo genuino y el desarrollo sostenido.