El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, firmó la Resolución 55/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, que declara formalmente concluido el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y dispone el cese inmediato de las contribuciones obligatorias a la Coviar que, desde la sanción de la Ley 25.849 en 2003, sostenían sus actividades.
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Coviar: El Gobierno pone fin al Plan Estratégico Vitivinícola y desata una disputa legal
El Gobierno cerró el PEVI, eliminó aportes obligatorios y desató un conflicto con Coviar que anticipa una disputa judicial por la legalidad de la medida.
Fuentes de la Coviar ya adelantaron que la resolución será recurrida judicialmente en las próximas horas, ya que por ley la única forma de cerrar el PEVI, los aportes o hasta la misma Coviar solo se puede hacer por resolución del Directorio o de común acuerdo entre este y el Ejecutivo nacional, y una resolución simple de un ministerio no puede hacer cesar una ley.
Un plan de largo plazo que se extendió
El PEVI fue creado como una herramienta estratégica para posicionar a la industria vitivinícola argentina en el mercado global. Entre sus objetivos principales figuraban alcanzar exportaciones por 2.000 millones de dólares y lograr una participación del 10% en el comercio internacional de vinos hacia 2020. Para financiarlo, la ley estableció contribuciones obligatorias a cargo de todos los actores del sector, cuya vigencia estaba condicionada al propio plan.
Con el vencimiento del plazo, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), entidad público-privada encargada de su ejecución, aprobó en noviembre de 2020 una actualización denominada “PEVI 2030” y solicitó la extensión de su vigencia. Sin embargo, esa prórroga requería la intervención del Poder Ejecutivo, que nunca se expidió formalmente. A pesar de ello, el esquema continuó operando durante más de cinco años.
La excusa del vacío institucional
Durante ese período, COVIAR dictó resoluciones anuales para actualizar y sostener las contribuciones obligatorias, aplicando el índice corrector previsto en el Decreto 1191/2004, vinculado a precios de referencia del sector. Estas decisiones consignaban la intervención del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del INTA como prueba de cumplimiento del requisito de participación estatal.
La Resolución 55/2026 rechaza esa interpretación: señala que ninguno de esos organismos sustituye la intervención directa de la Secretaría de Agricultura, autoridad de aplicación de la ley. No obstante, la norma convalida retroactivamente las prórrogas y ajustes realizados, considerándolos formalmente aprobados.
Al mismo tiempo, reconoce de manera parcial la solicitud de extensión presentada en 2020, validando la vigencia del plan solo hasta la entrada en vigor de la nueva resolución. Con este criterio, el Gobierno regulariza el esquema y da cierre definitivo al ciclo.
Efectos inmediatos
La medida establece tres consecuencias centrales. En primer lugar, ordena al INV cesar de inmediato la recaudación de las contribuciones obligatorias previstas en la Ley 25.849 y cualquier otra fuente de financiamiento público nacional vinculada al PEVI.
En segundo término, fija un plazo de noventa días para el cierre formal del plan. En ese período, COVIAR deberá presentar un informe final que incluya rendición de cuentas, detalle de acciones ejecutadas, grado de cumplimiento de objetivos y estado de los recursos utilizados, con respaldo documental.
Por último, dispone que los fondos remanentes se transfieran al Instituto Nacional de Vitivinicultura. La resolución aclara que esta decisión se adopta por analogía con el régimen previsto para la liquidación de la entidad, ante la ausencia de una norma específica que regule el destino de los recursos al finalizar el plan sin disolver el organismo.
Un cambio institucional para el sector
El cierre del PEVI marca el fin de una etapa en la organización del sector vitivinícola argentino. Durante más de dos décadas, el plan funcionó como eje de coordinación entre el sector público y privado, especialmente en provincias como Mendoza, San Juan y La Rioja, donde la actividad tiene fuerte peso económico.
La resolución no establece un esquema de reemplazo, aunque la continuidad jurídica de COVIAR (pero sin financiamiento hace esa continuidad abstracta) abre la posibilidad, virtual, de impulsar nuevos instrumentos de planificación estratégica.