La resolución del Gobierno nacional de poner fin al Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI) y eliminar las contribuciones obligatorias que sostenían a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) introdujo un punto de inflexión en la organización institucional del sector y desató una serie de repercusiones en el seno de la industria, que aguarda expectante los próximos pasos.
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Cierre del PEVI y fin de aportes a Coviar: impacto y tensiones en la vitivinicultura
El Gobierno cerró el PEVI y eliminó aportes a COVIAR. Una jornada de Impacto, tensiones y dudas sobre el futuro de las estrategias vitivinícolas.
Sorpresa en COVIAR y respaldo empresario
La medida, formalizada a través de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue recibida con sorpresa por la conducción de la corporación y con respaldo explícito por parte de Bodegas de Argentina (un capítulo más de la larga interna que viven ambas instituciones).
El presidente de COVIAR, Fabián Ruggeri, manifestó no haber tenido indicios previos sobre la decisión oficial. Según indicó, la entidad mantenía contactos recientes con autoridades nacionales sin que se anticipara un cambio de esta magnitud. En este contexto, confirmó que la organización se encuentra en proceso de análisis del texto normativo para definir los pasos a seguir, en medio de un cuadro de incertidumbre respecto de su continuidad operativa.
Fuentes cercanas a la COVIAR confirmaron a Sitio Andino que los abogados que trabajan para la entidad ya estaban redactando un recurso de amparo que se presentaría en las próximas horas ante la Justicia, con diversos argumentos que sostienen que la resolución de la Secretaría viola una serie de normativas que se deben tener en cuenta antes de cerrar el PEVI y cancelar los aportes que fueron reglamentados por una ley aprobada por el Congreso.
La defensa del PEVI y su impacto
Desde la conducción de la corporación, Ruggeri defendió el balance del PEVI, iniciado en 2004, y rechazó las críticas sobre su desempeño. Sostuvo que el plan cumplió un rol significativo en la expansión territorial de la vitivinicultura, al pasar de un esquema concentrado en pocas provincias a una presencia en 18 distritos. Asimismo, destacó su contribución al posicionamiento internacional del vino argentino y a la consolidación del Malbec como variedad emblemática, junto con el impulso al enoturismo y a las acciones de promoción externa.
En relación con el cuestionamiento oficial sobre el incumplimiento de metas de exportación, el titular de COVIAR consideró que se trata de una interpretación simplificada del funcionamiento del sector. Señaló que las ventas externas son realizadas por empresas privadas, mientras que el plan estratégico actúa como generador de condiciones y oportunidades, sin intervención directa en las decisiones comerciales.
El interrogante del financiamiento
La eliminación de los aportes obligatorios introduce, sin embargo, un interrogante central sobre el financiamiento futuro de la entidad. Hasta ahora, el esquema se sostenía con recursos provenientes de la propia industria, canalizados a través de un mecanismo de contribución regulada que permitía reunir un presupuesto anual estimado entre 1.100 y 1.200 millones de pesos. Con la supresión de este instrumento, la continuidad de las acciones coordinadas queda sujeta a nuevas definiciones.
En ese sentido, hay que destacar que también se abre una serie de interrogantes, ya que del presupuesto con que cuenta la entidad destinada a la difusión y promoción del vino argentino en el exterior, entre un 30 y 40 por ciento era aportado por la COVIAR.
Ruggeri evitó anticipar escenarios concretos y subrayó que la corporación deberá evaluar alternativas en función del nuevo marco normativo. En paralelo, descartó que la decisión responda a conflictos internos entre actores del sector y consideró que el trasfondo de la medida es de carácter ideológico más que político.
La posición de Bodegas de Argentina
En contraste, Bodegas de Argentina expresó un respaldo firme a la resolución oficial y la interpretó como un paso hacia la modernización del sector. La entidad, que nuclea una importante cantidad de bodegas del país, sostuvo que la finalización de las contribuciones obligatorias implica un alivio financiero inmediato para los establecimientos y corrige un esquema que, a su juicio, había perdido sustento tras el vencimiento del horizonte temporal original del PEVI en 2020.
Entre los puntos destacados de la normativa, la cámara empresarial subrayó el cese inmediato de los aportes previstos en la Ley 25.849 y la instrucción al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para interrumpir su recaudación. Según su interpretación, esta decisión permitirá que los recursos permanezcan en las empresas, favoreciendo la inversión y la competitividad.
Asimismo, valoró el requerimiento oficial de que COVIAR presente, en un plazo de tres meses, un informe de cierre con rendición detallada sobre el uso de los fondos y el cumplimiento de objetivos. La entidad también destacó que los recursos remanentes serán incorporados al patrimonio del INV, lo que, según su criterio, garantiza su reasignación dentro de una institución técnica del sector.
Desde Bodegas de Argentina se planteó que el fin de la intermediación obligatoria no implica abandonar la planificación estratégica, sino avanzar hacia un modelo basado en la participación voluntaria y en una relación más directa entre el sector privado y los organismos técnicos. En esa línea, su presidenta, Patricia Ortiz (elegida precisamente este lunes en el marco de una nueva asamblea de la entidad), sostuvo la necesidad de consolidar reglas claras, mejorar la transparencia en la gobernanza institucional y reforzar la libertad empresarial como eje de desarrollo.
La entidad también interpretó la resolución como una regularización administrativa de una situación que consideraba vencida de hecho, y planteó que el nuevo escenario abre la posibilidad de redefinir las estrategias para fortalecer tanto el mercado interno como las exportaciones, sin la carga de aportes obligatorios.
El costo real de los aportes
Uno de los datos menos difundidos es cuál es el valor que se abona como contribución reglada por ley a la COVIAR.
El sector que reclama no lo dice porque quizás se vea que el número no afecta en lo más mínimo a los costos finales, y el que defiende se resguarda en la confidencialidad del caso.
Pero los últimos datos a los que pudo acceder Sitio Andino indican que, por ejemplo, una bodega que elaboró en 2025 medio millón de litros abonó cuotas mensuales de aproximadamente 45 mil pesos, o sea menos de un peso por litro por año.
Parece evidente que el tema no es económico sino político o ideológico, como asegura Ruggeri. Esto no significa que no haya que revisar los objetivos y funcionamiento de la COVIAR para recuperar sus orígenes, actualizar objetivos y hacerlos realistas a un país y un mundo distinto en su relación con el consumo de alcohol. Pero para lograr esos objetivos hay un factor fundamental que es la información y la sistematización de la misma, y en eso la COVIAR y su Observatorio Vitivinícola tuvieron en estos años un papel prioritario.
Un sector a ciegas
Con el apagón estadístico de facto que viene realizando el INV, que ya en esta cosecha no recabó información de (por ejemplo) cuánto de la producción se destinó a vino (y qué varietales) y cuánto a mosto, y la posible desarticulación del Observatorio, la industria quedará verdaderamente a ciegas en un mundo donde la información es poder.