La complicada situación que vive el mundo y particularmente la Argentina con el precio de los alimentos la venimos tratando reiteradamente en estos espacios. Lo cierto es que, más allá de la coyuntura y de las soluciones que pueda encontrar el Gobierno en el corto plazo, la historia refleja que es hora de trabajar en soluciones de fondo que terminen con el círculo vicioso del cual no logramos salir.
Las alternativas a trabajar en el largo plazo son variadas y hasta quizás no haya una solución única sino que habrá que pensar en una conjunción de ideas para romper la problemática que cíclicamente nos afecta en parte por el modelo exportador y dependiente que adoptó la Argentina y en otra parte por los feroces procesos de concentración y desregulación que se aplicaron en los últimos 30 años de los cuales fue imposible salir hasta ahora.
Si tiene el país capacidad de producción y posibilidades de romper ese esquema puede ser una pregunta válida y la respuesta es simple. No solo la tiene sino que le sobra.
Esta semana comenzará el Congreso Internacional de Coninagro (quizás la entidad menos sojera de la Mesa de Enlace) un encuentro al cual la entidad le ha puesto muchas fichas.
En la previa del encuentro la entidad difundió un dato verdaderamente alarmante; se pierde anualmente entre el 45 y el 55 por ciento de la producción de frutas y hortalizas. Además, según el INTA, solo se consume la mitad de las frutas y hortalizas que se cosechan. El 80 por ciento de lo que se pierde se registra en las etapas de producción, post cosecha y procesamiento.
Es realmente inentendible que exista ese nivel de pérdida, mientras los consumidores pagamos precios exorbitantes por los alimentos y el 37% de la población de la Argentina está bajo la línea de pobreza.
Cuando el problema y despilfarro es de tal magnitud no hay un solo responsable sino más bien una cadena de responsables donde, al parecer, nadie hace lo que tiene que hacer.
Primeramente se necesita un Estado activo que no permita un derroche de tal magnitud, la cifra de descarte o pérdida de alimentos ratifica que no solo hay maniobras inexplicables sino que tranquilamente se podría abastecer el mercado local a precios razonables sin descuidar la exportación.
No puede dejar de preguntarse quien se encuentre con estos datos si hay inoperancia, negligencia o es una maniobra especulativa más. En cualquier caso es inexplicable la situación y pone -otra vez- sobre la mesa la discusión de la puesta en marcha de las economías regionales, las economías familiares y asociativas y sobre todo la posibilidad de generar polos de producción solo para atender el mercado interno.
La situación, como decíamos, no tiene un solo responsable pero es hija entre otras cosas de los fuertes procesos de concentración que se vienen dando con la desaparición de pequeños y medianos productores y elaboradores en manos de grandes capitales (por lo general transnacionales) que manejan a su antojo la mayoría de las variables ante un Estado que parece no tomar nota de la complejidad de la situación.
En este contexto la discusión por la Soberanía Alimentaria comienza a tomar un valor destacado. La necesidad de construir un nuevo contrato social que incluya el concepto y modifique las formas de producción y concentración dejó de ser un discurso progre o de izquierdas para transformarse en una necesidad de gran parte de la sociedad.
Hace un par de años, en un interesante trabajo sobre este tema, Alberto Gandulfo, actual secretario de Economía Social y Solidaria de La Matanza, aseguraba que “Se dice que la Argentina es un país productor de alimentos, pero, en realidad, producimos insumos para la industria alimentaria mundial. La soja, el trigo y el maíz son los commodities que generan divisas. Por otra parte, la industria alimentaria en Argentina se encuentra concentrada, fundamentalmente, en manos de diez grandes grupos económicos. La mayoría trasnacionales con importantes socios locales; globalizados, que se basan en la elaboración de alimentos ultraprocesados, destinados al consumo popular y provocan la consecuente pérdida en la calidad de nutrientes de nuestra población.
Son empresas que producen en fábricas cada vez más automatizadas, con menos niveles de empleabilidad y disponen de una estrecha vinculación con las grandes cadenas comerciales (mayoritariamente extranjeros); están fuertemente asociados a la banca privada (también transnacionales).
En definitiva, estas corporaciones tienen un fuerte predominio oligopólico en cada sector productivo y comercial, por ende, son formadoras de precio al consumidor y de insumos a la producción. Y, en forma abusiva (con imposibilidad de control fiscal), son las que determinan el aumento de precios en los productos de la canasta básica de alimentos, aún en medio de la pandemia. La contracara de la pobreza y la indigencia en la Argentina es el aumento de la concentración económica y la sostenida especulación financiera de los últimos 45 años”.
Gandulfo en aquel escrito coincidía con algo que después también planteó el renunciado Martín Guzmán y que ya había advertido Nestor Kirchner en la recordada pelea con Alfredo Coto. Los estímulos al consumo y las mejoras en los salarios de los trabajadores o los refuerzos a asignaciones sociales o jubilaciones terminan siendo aspirados por los grandes concentradores de productos y formadores de precios aumentando sus ganancias y desbalanceando el reparto de la torta de la economía.
Uno de los caminos para romper ese círculo vicioso es lograr que ese dinero de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras circule por más manos, por ejemplo multiplicando los factores de producción de alimentos o apostando al crecimiento de los negocios de cercanías. En Europa por ejemplo al igual que en varios estados de Estados Unidos está prohibida la instalación de grandes centros comerciales o supermercados en los centros urbanos.
Uno de los caminos de esa salida puede ser lo que Gandulfo junto al doctor Alejandro Rofman propusieron hace dos años atrás y que dieron en llamar “Sistemas locales de producción y consumo de alimentos saludables”.
Gandulfo recuerda que allí planteaban “impulsar, en el territorio, la discusión de la renta local que genera el consumo popular. Organizar a los trabajadores y trabajadoras, productores y consumidores, en pequeños y múltiples círculos de producción y consumo local/regional como estrategia de una política pública dirigida a reinvertir en la producción local al menos un 10 % de la renta que genera el consumo popular. Promover, desde el Estado local, la articulación con la organización popular en la construcción de la Soberanía Alimentaria, a partir de integrar la producción y el consumo de alimentos saludables; fortalecer a los pequeños productores y pymes locales y, fundamentalmente, organizar el consumo en forma responsable y solidaria”.
La propuesta también contempla “la producción y consumo de alimentos saludables, de productos frescos y manufactura local (no alimentos ultraprocesados) para recuperar la riqueza nutricional que permita mejorar la comensalidad de nuestras familias. Estamos proponiendo la generación de trabajo local y la producción de valor agregado en origen, incorporar tecnologías adecuadas y garantizar buenas prácticas en la manipulación de alimentos. Proponemos responder a la emergencia social y los instrumentos asistenciales con prácticas de organización productiva y programación del desarrollo territorial, junto a prácticas de consumo responsable y cuidados del ambiente. Impulsamos como política pública la agroecología con el protagonismo de las organizaciones de la agricultura familiar, de nuestros pequeños productores, las pymes y el comercio local”.
Casi en sintonía con lo que está semana propuso la liga de los gobernadores en su reunión con el nuevo equipo económico, que pidieron el apoyo para poder desarrollar mercados de cercanía con productores locales como lo viene haciendo la provincia de Buenos Aires.
Aunque parezca de más pero hay que aclarar que no es una cosa o la otra. Como ya esta demostrado en el mundo capitalista ambos modelos pueden convivir y dar más opciones a los consumidores y a la vez generar una competencia sana con un actor fundamental que regula e incentiva que es el Estado.
Alguna vez podremos desentrañar por qué en la Argentina es tan difícil.
