La Suprema Corte de Mendoza anuló el sobreseimiento de dos imputados por la tragedia de la Cuesta de los Terneros. Las familias esperan el juicio por jurados.
Homenaje a las víctimas del accidente en la Cuesta de los Terneros.
A más de nueve años de la tragedia de la Cuesta de los Terneros en San Rafael, uno de los siniestros viales más dolorosos de la historia reciente de Mendoza, la causa judicial dio un paso fundamental. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza anuló el sobreseimiento de los dos imputados y dispuso que el expediente continúe hacia un juicio por jurados populares.
La decisión fue recibida con satisfacción por los familiares de las víctimas y sus representantes legales, quienes desde hace años reclaman que se determinen las responsabilidades penales por el accidente vial ocurrido el 25 de junio de 2017 en San Rafael, que dejó 15 personas fallecidas y decenas de heridos.
El abogado sanrafaelino Rufino Troyano, representante de familiares de las víctimas, destacó la resolución del máximo tribunal provincial, que revocó la decisión del juez Rodolfo Luque y ordenó designar a un nuevo magistrado para continuar con el proceso.
El fallo representa un avance para las familias, aunque todavía no implica una declaración de culpabilidad ni una condena contra los acusados.
La resolución judicial alcanza a Marcia Gabriela Villagra, propietaria del colectivo y esposa del conductor fallecido, y a Jorge Pinelli Franco, padre del chofer y vinculado con la administración de la empresa de transporte.
Ambos habían sido sobreseídos por el juez Rodolfo Luque, quien consideró que la responsabilidad penal por el siniestro correspondía exclusivamente al conductor del vehículo, que perdió la vida durante el hecho.
Sin embargo, la Suprema Corte provincial hizo lugar a los recursos de casación presentados contra esa decisión, entre ellos el interpuesto por el fiscal Pablo Peñasco.
El máximo tribunal consideró que el sobreseimiento había sido dictado de manera prematura y que el magistrado se había excedido en sus atribuciones al resolver el cierre del proceso sin realizar previamente la audiencia correspondiente.
De esta manera, se dispuso que un nuevo juez técnico intervenga en la causa y avance con las instancias necesarias para concretar el juicio por jurados. sitioandino.com.ar+1
El abogado sanrafaelino Rufino Troyano, quien representa a familiares de las víctimas, manifestó su satisfacción por la decisión de la Suprema Corte. El letrado destacó el trabajo desarrollado junto al Ministerio Público Fiscal para cuestionar la resolución que había beneficiado a los acusados.
Según explicó, el fallo permite superar una instancia judicial que había impedido la continuidad del proceso y abre nuevamente la posibilidad de que las responsabilidades sean analizadas durante un debate oral.
Troyano también remarcó la importancia que tiene esta decisión para las familias, que durante más de nueve años han acompañado el desarrollo de una causa atravesada por diferentes resoluciones y planteos judiciales.
El abogado explicó que, una vez designado el nuevo juez, deberá convocarse a una audiencia preliminar, instancia en la que se discutirán las pruebas que podrán presentarse durante el juicio. Posteriormente, corresponderá avanzar con la integración del jurado popular y la organización del debate.
No obstante, debido a la complejidad del expediente y la cantidad de testimonios previstos, Troyano consideró difícil que el juicio pueda desarrollarse antes de finalizar 2026. Diario San Rafael
Uno de los puntos centrales de la sentencia está relacionado con la forma en que se dispuso el sobreseimiento de los acusados. La Suprema Corte cuestionó que el juez técnico resolviera el cierre del proceso sin realizar la audiencia preliminar prevista en la normativa procesal.
Según los fundamentos del fallo, esa decisión excedió las facultades del magistrado y afectó las atribuciones propias del Ministerio Público Fiscal. El tribunal también consideró que existen elementos probatorios suficientes para sostener la acusación con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso.
Esto no significa que la responsabilidad penal de los imputados haya quedado demostrada, sino que las pruebas y las calificaciones legales deberán ser analizadas en la instancia judicial correspondiente.
En consecuencia, la causa continuará su trámite para determinar si los acusados son penalmente responsables de los hechos que se les atribuyen.
El siniestro ocurrió el 25 de junio de 2017, cuando un colectivo que transportaba a integrantes de la escuela de danzas Soul Dance Studio, de Grand Bourg, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, protagonizó un vuelco en la Ruta Nacional 144.
El contingente estaba integrado por estudiantes, docentes y familiares que habían viajado a San Rafael para participar de una competencia de baile.
Luego de una excursión al complejo invernal Las Leñas, el vehículo emprendió el regreso y sufrió el siniestro a la altura del kilómetro 686 de la Ruta Nacional 144, en la Cuesta de los Terneros. El colectivo impactó contra la montaña y volcó en una zona caracterizada por sus curvas pronunciadas.
La tragedia dejó 15 personas fallecidas, incluido el conductor, y numerosos heridos, entre ellos niños y adolescentes. Las investigaciones posteriores identificaron graves irregularidades relacionadas con el estado mecánico del vehículo y su habilitación para realizar viajes interjurisdiccionales.
Entre los elementos investigados se encuentran las condiciones del sistema de frenos y la documentación utilizada para permitir la circulación del colectivo.
La acusación sostiene que los responsables de la empresa habrían intervenido en irregularidades administrativas y técnicas vinculadas con el vehículo. Estas conductas deberán ser evaluadas judicialmente. losandes.com.ar
Tras la decisión de la Suprema Corte, el expediente deberá regresar a la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza, donde se designará a un nuevo juez técnico.
El magistrado tendrá que convocar a las partes a una audiencia preliminar para avanzar con la preparación del debate. La acusación contempla, entre otras figuras, homicidio simple con dolo eventual, mientras que también se planteó una calificación alternativa de homicidio culposo.
La determinación de las responsabilidades y la calificación jurídica definitiva corresponderán a las instancias judiciales pertinentes. Para los familiares de las víctimas, el fallo representa un nuevo avance después de años de espera y de numerosas instancias procesales.
La resolución no establece una condena, pero permite que la causa continúe hacia el juicio por jurados, donde deberán examinarse las pruebas y determinarse las posibles responsabilidades penales.
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