La Cámara de Comercio local adhirió también al reclamo generalizado en el país, que ve como estas variaciones antentan contra la producción y el empleo.
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Entidades intermedias que agrupan a sectores productivos de Argentina han expresado su abierta preocupación ante recientes modificaciones en el régimen fiscal de las Sociedades de GarantíaS Recíprocas (SGR). Este instrumento financiero que facilita el acceso al crédito de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) a través de la emisión de avales, se vería afectado por disposiciones aprobadas en el Congreso de la Nación.
En concreto, varias cámaras empresariales mendocinas, incluyendo la Cámara de Comercio de Malargüe, emitieron un comunicado manifestando su alarma. Entienden que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las PyMEs es precisamente el acceso al financiamiento formal, y las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), actúan como un respaldo crucial para garantizar que estas empresas puedan obtener créditos competitivos.
María José Castilla, secretaria de la Cámara de Comercio de Malargüe, explicó a SITIO ANDINO que la preocupación radica en que los recursos que antes se destinaban al financiamiento de las PyMEs a través de las Sociedades de Garantías Recíprocas, ahora se utilizarán para cubrir pagos de aumentos de jubilaciones y bonos impulsados por el Gobierno Nacional, produciendo un importante desequilibrio
Este escenario ha motivado un reclamo formal a las autoridades del Gobierno Nacional y a los legisladores para que reconsideren esta decisión. La abogada María José Castilla, advirtió que esta medida del Ejecutivo tendría consecuencias muy negativas para el ámbito local.
"Quitarles este beneficio tendría grandes consecuencias para las PyMEs, como despidos de personal, cierres de empresas y otras pérdidas significativas", lamentó la representante de la Cámara de Comercio de Malargüe.
El pedido de revisión se sustenta en la vital importancia de este sistema para sostener el entramado productivo. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 98% del total de las firmas empleadoras en Argentina y generan el 50% del empleo registrado en el país, un porcentaje que podría verse amenazado por estas modificaciones.