Duros términos del intendente de General Alvear Alejandro Molero contra los concejales que lo denunciaron por el embellecimiento de los accesos de la Ciudad y mostró documentos aprobados por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado.
Alejandro Molero no solo mostró la documentación oficial - a disposición de la prensa y del Concejo Deliberante -, sino que también apuntó con dureza contra los concejales que impulsaron la denuncia.
Alejandro Molero, intendente de General Alvear
Duros términos del intendente de General Alvear Alejandro Molero contra los concejales que lo denunciaron por el embellecimiento de los accesos de la Ciudad y mostró documentos aprobados por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado.
Tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía de Estado de Mendoza ratificaron que no existieron anomalías en los procedimientos administrativos ni en los gastos destinados a la implantación de rosales y otras especies ornamentales. Molero no solo mostró la documentación oficial -a disposición de la prensa y del Concejo Deliberante-, sino que también apuntó con dureza contra los concejales que impulsaron la denuncia.
"No se produjo ninguna vulneración a los principios rectores del procedimiento licitatorio", comentó el intendente del dictamen de la Fiscalía de Estado. "No se observa cuál es el interés jurídico que ostentan los denunciantes al cuestionar este procedimiento", agregó, reforzando la idea de que el trasfondo fue estrictamente político.
Para el jefe comunal, el caso revela una peligrosa combinación de irresponsabilidad, ignorancia administrativa y oportunismo. "Con solo un 3% de batería y un asesor rentado que edite un videíto, lograron generar un gasto enorme al Estado. Tuvieron que venir auditores 300 kilómetros para contar planta por planta. Todo por mentiras", esbozó Molero.
El mandatario destacó que la denuncia, además de carecer de fundamentos, tuvo un alto costo institucional. "El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, órganos de control por excelencia, fueron movilizados innecesariamente por afirmaciones falsas. Eso se paga con recursos públicos que deberían estar destinados a obras y servicios, no a desmentir campañas de desprestigio".