En su regreso formal al Gobierno, el flamante subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, hizo un diagnóstico de la situación actual del Poder Judicial de Mendoza, sobre todo porque su llegada se da tras la escandalosa salida de Marcelo D´Agostino del cargo. En diálogo con el programa Hermoso Caos, por Aconcagua Radio, Jaliff advirtió que el fuero de familia aparece hoy como el principal punto a atender dentro del sistema judicial mendocino.
En Aconcagua Radio Jaliff advirtió que el fuero de familia es el principal problema en la Justicia
En diálogo con Aconcagua Radio, el nuevo subsecretario de Justicia destacó mejoras en el sistema, pero advirtió que el área de familia requiere una intervención integral.
Si bien el dirigente radical, quien no estaba ocupando ningún cargo oficial, destacó mejoras en el funcionamiento general de la Justicia, advirtió que existen áreas donde los avances no alcanzan y que requieren un abordaje más amplio. “Lo que sí me preocupa, por ejemplo, es el fuero de familia”, señaló en diálogo con el programa Hermoso Caos, Aconcagua Radio, el mismo día en el que el gobernador Alfredo Cornejo anunció su desginación.
El fuero de familia, en el centro de la agenda
Jaliff planteó que, a diferencia de otros ámbitos del sistema judicial, el fuero de familia presenta una complejidad particular que no puede resolverse únicamente desde los tribunales.
“Tenemos que trabajar todos, porque la Justicia no es solo del Poder Judicial”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de involucrar también a la Legislatura, los municipios y el propio Poder Ejecutivo.
En ese sentido, explicó que si bien en los últimos años se registraron mejoras en la eficacia del área, el crecimiento de la demanda y la naturaleza de los conflictos obligan a pensar soluciones más integrales. “El fuero de familia ha aumentado su eficacia, pero tenemos que involucrarnos todos”, insistió.
Se trata de un fuero que concentra problemáticas sensibles como violencia, conflictos intrafamiliares y cuestiones vinculadas a niñez, lo que lo convierte en uno de los ámbitos más complejos dentro del sistema judicial.
Un sistema que muestra mejoras
Más allá de este punto crítico, Jaliff defendió el funcionamiento general de la Justicia en Mendoza y respaldó los indicadores que días atrás dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay.
Entre ellos, mencionó la reducción de la litigiosidad, que pasó a ubicarse en torno al 32%, y la mejora en los tiempos de resolución de causas. “Nueve de cada diez se resuelven en el año”, indicó, en línea con datos que también había expuesto el presidente Garay.
El funcionario atribuyó estos resultados a una serie de reformas impulsadas en los últimos años, como la incorporación de la oralidad, los cambios en los códigos de procedimiento y la implementación de instancias de conciliación obligatoria.
“Hemos trabajado en muchas leyes que tienen que ver con la transformación de la Justicia”, explicó, al recordar su rol previo en la elaboración y aprobación de reformas legislativas.
Continuidad y mirada institucional
En ese marco, Jaliff dejó en claro que su llegada a la Subsecretaría no implica un cambio de rumbo, sino una continuidad del modelo que se viene aplicando.
“Yo he sido siempre un servidor público”, afirmó, y remarcó que su designación responde a una trayectoria de trabajo sostenido dentro del sistema. “Hace cuatro años que vengo colaborando”, agregó.
Consultado por la situación que atraviesa el área tras la salida de Marcelo D’Agostino, evitó hacer valoraciones de fondo. “Sería imprudente hacer alguna afirmación”, señaló, y sostuvo que el tema ya se encuentra en manos de la Justicia.
Primeros pasos en la gestión
De cara a su nueva función, Jaliff adelantó que uno de sus primeros movimientos será iniciar una ronda de diálogo con los principales actores del sistema judicial.
“Lo primero que voy a hacer es pedirle una audiencia al presidente de la Corte para hablar con la Corte en pleno”, indicó. Luego, anticipó que buscará reunirse con el procurador, la Defensoría General y la Asociación de Magistrados.
El objetivo, según explicó, será construir un diagnóstico compartido que permita definir los próximos pasos, tanto en el plano administrativo como legislativo.