Los proyectos promineros de los senadores Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) y Juan Antonio Agulles (PJ) inician su camino en la Legislatura y van cosechando apoyos. Los dos legisladores mantuvieron una reunión con representantes sindicales ligados a la actividad minera y el subsecretario de Energía de la provincia, Emilio Guiñazú.
La presencia del funcionario provincial en este encuentro para muchos fue interpretado como un aval del Gobierno de Alfredo Cornejo a estudiar las iniciativas que apuntan a introducir cambios a la Ley 7722 para impulsar la minería en Mendoza.
"Cornejo me ha dado instrucciones de que estudie el tema", expresó Guiñazú tras la reunión y sostuvo que tomó las inquietudes de los sindicatos para analizar los proyectos para ver el impacto que tendrían en el desarrollo de la provincia.
"Hay una decisión del Gobierno clara de que necesitamos hacer algo con la economía de la provincia y dentro de esta estrategia todas las alternativas valen, no vamos a dejar ninguna sin analizar. Vamos a analizar el proyecto con objetividad y buena voluntad. La minería es un cambio sustancial en el mediano plazo", dijo el subsecretario.
El funcionario celebró que la propuesta de modificar la Ley 7722 para impulsar la actividad minera en la provincia haya surgido de la oposición. "Que la oposición haya tomado la iniciativa a nosotros nos parece bien y nos permite abordar el tema con mayor tranquilidad y objetividad sin tener que prepararnos para defendernos de las chicanas políticas. Aplaudo la iniciativa que han tenido y el compromiso nuestro es estudiarlo con objetividad y seriedad", afirmó.
"Yo entiendo que el objetivo de la 7722 es proteger el agua y a nadie le cabe la menor duda de que ese es el objetivo y nuestro compromiso es la protección del recurso hídrico. Lo que pasó fue que en su momento la única herramienta que había llevó a amputar la minería de la economía mendocina. Hoy hay otras herramientas disponibles, evolucionó la legislación y la Argentina tiene una experiencia diferente, no podemos seguir ignorando que pasaron 11 años", manifestó Guiñazú y advirtió que "la ley hoy como está tiene restricciones muy fuertes desde lo formal y lo político".
Las organizaciones sindicales que estuvieron presentes en el encuentro fueron la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica (ASIMRA), quienes realizaron consultas sobre los alcances de los cambios a la legislación.
El titular de la UOM y secretario general de la CGT Mendoza, Luis Márquez, señaló que "si esta minería está súper controlada, nosotros no estamos en contra" y adelantó que estudiarán los borradores de los proyectos que les otorgaron los senadores.
Asimismo planteó que "las fuentes y puestos de trabajo le hacen un bien a la provincia" y destacó que según lo que les expresaron "se podrían generar 10 mil puestos de trabajo" con el desarrollo de la actividad minera en Mendoza.
Afirmó que desde el sector sindical ven que "hay una decisión política del Gobierno" de acompañar estas iniciativas y resaltó que pedirán que se incluya en la ley que los proyectos mineros deben incorporar un 80% de trabajadores mendocinos.
El proyecto de ley de Alejandro Abraham propone una modificación a la Ley 7722 quitando la frase "...y otras sustancias similares" cuando habla de la prohibición del uso de mercurio, cianuro y ácido sulfúrico en los emprendimientos mineros. Por su parte, la propuesta de Agulles apunta a crear parques industriales mineros controlados, siguiendo el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, en los que no rija la 7722 y se pueda utilizar todo tipo de sustancias.
Asimismo ambos plantean la creación de una comisión bicameral en la Legislatura encargada del control, seguimiento y cumplimiento de la legislación de los proyectos mineros y que reemplazaría la necesidad de que los legisladores deban dar el visto bueno a cualquier proyecto minero que quiera instalarse en la provincia.
"Lo que motiva esto es que estamos en una situación crítica de la provincia, tanto de la macroeconomía como de problemas estructurales. Nuestra matriz productiva es muy acotada y nuestras economías regionales son muy vulnerables y esto ha ocasionado que se nos esté cayendo la industria, el comercio, el consumo y el empleo y ya tenemos índices de pobreza que son alarmantes", expresó Alejandro Abraham tras la reunión.
Por otra parte el ex intendente de Guaymallén explicó que "no nos motiva un interés político partidario en esta situación sino que pretendemos que la ampliación de la matriz productiva sea una política de estado".
A su vez, Agulles remarcó que "ambos proyectos tienen como objetivo ampliar la matriz productiva y poder desarrollar la actividad minera, que es lo que nos están reclamando desde las cámaras empresarias".
El ex intendente de Malargüe indicó que las dos propuestas han tenido muy buena recepción en los sindicatos y respecto a las voces en contra de algunos sectores sociales dijo que "sabemos que hay un sector vinculado a la protección del ambiente que se opone directamente a la actividad, pero se los va a escuchar y se les va a explicar en qué consiste el proyecto".
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