El uso de celulares entre niños argentinos comienza cada vez más temprano. Un informe de Argentinos por la Educación reveló que 6 de cada 10 chicos de 8 años ya tiene un dispositivo propio y reavivó el debate sobre si prohibir los teléfonos en las escuelas realmente mejora los aprendizajes. En Mendoza, el Gobierno sostiene el uso pedagógico de los teléfonos móviles, pero algunas escuelas avanzan con una política más restrictiva.
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Mendoza mantiene el uso de celulares en escuelas y, en Argentina, 6 de cada 10 chicos de 8 años ya tiene uno
Un informe revela que 6 de cada 10 chicos de 8 años tiene celular propio en Argentina. Su prohibición en escuelas, ¿garantiza mejores aprendizajes?
¿Prohibir o enseñar a usar? El debate sobre los celulares suma nueva evidencia
El trabajo, titulado "Celulares: ¿Prohibir o no prohibir?" y realizado en conjunto con profesionales del CONICET y la Universidad Torcuato Di Tella, analiza datos de las pruebas Aprender 2024, investigaciones internacionales y las regulaciones vigentes en distintas provincias argentinas. Una de sus principales conclusiones es que las restricciones logran disminuir las distracciones durante las clases, pero no existe consenso sobre un impacto positivo sostenido en los aprendizajes.
Entre los datos más relevantes del informe se destacan:
- 59% de los estudiantes de tercer grado de primaria (alrededor de 8 años) tiene un celular propio —aún así, hay diferencias sociodemográficas y económicas—;
- 23% no posee uno, pero utiliza el teléfono de un familiar;
- Solo 18% no tiene acceso a un dispositivo móvil;
- En el nivel secundario, el 90% de los estudiantes cuenta con un celular propio.
Los investigadores advierten que la disponibilidad masiva de dispositivos desde edades tempranas obliga a repensar cómo se integran las tecnologías en el sistema educativo y cuáles son los límites más adecuados para favorecer la atención, la convivencia escolar y el desarrollo de habilidades digitales.
¿Sirve prohibir los celulares en la escuela?
La revisión de estudios internacionales muestra un escenario lejos de ser concluyente. Algunas investigaciones detectaron mejoras moderadas en el rendimiento académico tras implementar prohibiciones, especialmente entre estudiantes con bajo desempeño. Sin embargo, otros trabajos no encontraron diferencias significativas, incluso bajo esquemas de restricciones estrictas.
Donde sí existe mayor coincidencia es en que limitar el acceso a los dispositivos reduce el uso del celular durante las clases y disminuye las distracciones. No obstante, esa mejora en la concentración no siempre se traduce en mejores resultados académicos.
El informe también señala que algunas políticas muy restrictivas pueden generar efectos no deseados, como una disminución en la percepción de autoeficacia de los estudiantes o problemas de adaptación en el corto plazo. En materia de bullying, asistencia escolar y bienestar, la evidencia todavía resulta insuficiente para establecer conclusiones definitivas.
La preocupación por la salud mental y el uso de las pantallas
Para Alejandro Artopoulos, sociólogo, profesor e investigador de la Universidad de San Andrés, el fenómeno debe analizarse desde una perspectiva mucho más amplia que una privación de los dispositivos. "La prohibición de los celulares es síntoma de un cambio político-cultural reactivo ante una epidemia de salud mental, en el contexto de la creciente anomia en familias y comunidades. Ni el prohibicionismo es una solución, ni deberíamos culpar solo a los algoritmos". señala.
Para el profesional, sería coherente desplegar estrategias orientadas a la salud mental, "y crear 'anticuerpos' políticos contra la anomia social". Esto, con el objetivo de virar a un "cambio cultural progresivo que diferencie entre el uso de pantallas y la adicción a las redes sociales, y entre el uso productivo de la IA y la delegación cognitiva".
En la misma línea, Lucía Fainboim, especialista en educación y cuidados digitales, advirtió sobre la creciente naturalización del acceso temprano a los dispositivos. Para la fundadora de Bienestar Digital,, "el problema es que las lógicas de mercado no coinciden sino que contradicen lo que sabemos que necesita una infancia saludable: tiempo para jugar, moverse, aburrirse, desarrollar autonomía y construir vínculos".
"Las plataformas piensan al niño como posible usuario y consumidor. Los adultos tenemos que pensarlos como niños que merecen una infancia plena", completa Fainboim.
Qué ocurre en Mendoza
En Mendoza, el debate también se encuentra abierto, aunque el camino elegido difiere del de otras jurisdicciones. La provincia cuenta con la Ley 9.611, que permite el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos únicamente con fines pedagógicos y bajo la supervisión del docente. El ministro de Educación y DGE, Tadeo García Zalazar, explicó que actualmente el objetivo no pasa por restringir los dispositivos, sino por definir claramente para qué se utilizan dentro del aula.
El funcionario sostuvo que hoy solo el 30% de las escuelas mendocinas dispone de infraestructura tecnológica completa —con conectividad, aulas digitales móviles y dispositivos para docentes y estudiantes—, por lo que en muchos establecimientos el teléfono móvil cumple un rol complementario.
"Cuando no hay dispositivos disponibles, se hace uso pedagógico del celular", explicó García Zalazar. En ese sentido, consideró que prohibirlos mientras todavía resultan necesarios para determinadas actividades generaría "un mensaje ambiguo".
La estrategia oficial apunta a revertir esa situación mediante un plan de inversión financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de que entre el 80% y el 100% de las escuelas cuenten con equipamiento tecnológico durante el primer semestre de 2027.
El otro modelo: las escuelas del Arzobispado
En paralelo, las escuelas del Arzobispado de Mendoza comenzaron este año a implementar una política mucho más estricta. La medida alcanza a más de 8.000 estudiantes y establece la restricción total del uso del teléfono celular durante la jornada escolar. Solo existen excepciones pedagógicas puntuales, especialmente en el nivel secundario, donde los dispositivos pueden utilizarse exclusivamente en proyectos previamente planificados por los docentes y que requieran herramientas digitales o acceso a internet.
Las instituciones del Arzobispado también pueden aplicar sanciones cuando la normativa no es respetada.
Así, mientras algunas escuelas optan por restringir casi por completo el uso de los dispositivos, el informe de Argentinos por la Educación concluye que el desafío no pasa únicamente por prohibir o permitir los celulares, sino por desarrollar estrategias pedagógicas, fortalecer la alfabetización digital y acompañar a las familias en la construcción de hábitos saludables frente a una tecnología que forma parte de la vida cotidiana desde edades cada vez más tempranas.
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