Aunque el resonante caso de la menor que ingresó armada a un colegio de La Paz generó alarma pública, el ministro Tadeo García Zalazar aclaró que la modificación del Código Contravencional en Mendoza no es una respuesta directa a ese hecho, sino a un aumento sostenido en las denuncias por bullying.
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Bullying en Mendoza: padres de alumnos agresores serán sancionados con trabajo comunitario o multas
La DGE presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Contravencional. Incorpora la corresponsabilidad de padres ante hechos de bullying.
Por ello, el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE) presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca establecer la corresponsabilidad de padres, madres y tutores en los hechos de acoso sistemático cometidos por sus hijos, elevando el bullying a la categoría de contravención.
Este incremento de casos, concentrado en jóvenes de 13 a 17 años del nivel Secundario —principalmente en el Gran Mendoza—, se transformó en el verdadero punto de inflexión para la DGE.
Bullying en las aulas: acoso sistemático y sostenido
Frente a este panorama, el ministro de Educación insistió en que el acoso sistemático es un problema que desborda las aulas. "La escuela puede dar herramientas de 8 a 13, pero si después del horario escolar no hay una colaboración de la familia, es muy difícil sostener porque, además, este bullying muchas veces se produce o sigue a través de redes sociales," explicó el ministro.
La DGE definió el bullying como el "acoso sistemático, sostenido, entre pares, de una persona hacia otra, con el fin de generar un daño físico, psíquico o moral". Para combatirlo, la nueva ley busca "cerrar el círculo" y establecer la armonía entre la educación escolar y los valores familiares.
Sanciones: trabajo comunitario y multas
La modificación del Código Contravencional tiene un objetivo doble: "tratar de prevenir, tratar de hacer la cobertura tanto en el ámbito escolar como fuera del ámbito escolar" y, cuando la prevención falle, "pasar al ámbito de la sanción".
El juez será quien determine la cuantía de la multa y la gravedad de la sanción, dependiendo de la reincidencia y la gravedad del caso.
La clave de la nueva normativa es la incorporación de las familias a la responsabilidad educativa, buscando una "armonía entre lo que se enseña en la escuela y los valores que transmite la familia".
Si esta colaboración no se da, y en caso de que el acoso sistemático y sostenido continúe, la modificación del Código contempla sanciones:
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Primera Sanción: trabajo comunitario.
Segunda Sanción: multa económica.
Las multas económicas irán de 500 a 5.000 unidades financieras (cuyo valor se actualiza anualmente con la Ley de Presupuesto). De este modo, el importe irá desde los 210 mil a los 2 millones de pesos.
El destino de estos fondos será crucial, ya que se destinarán exclusivamente a la prevención del bullying y a bibliotecas de la provincia.
Decálogo de la nueva ley: diez claves contra el bullying
El cambio normativo se sustenta en diez pilares esenciales que buscan tanto la prevención como la sanción, poniendo el foco en los adultos responsables de los menores agresores:
- Responsabilidad parental: padres, madres o tutores serán responsables si sus hijos cometen actos de bullying y no toman medidas para detenerlos.
- Bullying como Contravención: el acoso escolar se incorpora al Código de Contravenciones como una falta específica, con sanciones para los adultos responsables.
- Protección de las víctimas: el eje central es cuidar a niños, niñas y adolescentes que sufren acoso, garantizando una intervención rápida y efectiva.
- Prevención antes que castigo: la ley busca educar y concientizar. Las sanciones no son solo punitivas: incluyen trabajo comunitario y talleres de parentalidad.
- Instancia de Mediación: la ley busca educar y concientizar. Las sanciones no son solo punitivas. (Incluye trabajo comunitario y talleres de parentalidad).
- Sanciones proporcionales: según la gravedad del caso, se aplicarán sanciones que van desde 5 a 50 días de trabajo comunitario hasta multas económicas.
- Agravante por reincidencia: si el menor repite conductas, el juez podrá duplicar las sanciones y exigir asistencia obligatoria a talleres o terapias familiares.
- Fondo provincial para las víctimas: las multas se destinarán a un fondo de la DGE para financiar programas de prevención y acompañamiento a estudiantes afectados.
- Enfoque integral: la norma se complementa con el nuevo Protocolo de Actuación en las escuelas, que da herramientas concretas a docentes y directivos.
- Mensaje social claro: el bullying deja de ser visto como un “problema de chicos” y pasa a ser reconocido como un hecho de violencia que exige responsabilidad adulta y acción colectiva.
De este modo, al incorporar la corresponsabilidad de padres, madres y tutores, la DGE subraya que la prevención y corrección del acoso debe ser una tarea conjunta entre la escuela y la familia.