Durante la cadena nacional en la que celebró el fallo favorable para la Argentina en el juicio por YPF, el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, en el marco de una reforma más amplia orientada a reforzar la propiedad privada.
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Qué dice el proyecto de expropiaciones que anunció Milei tras el fallo favorable por YPF
El oficialismo ya envió al Congreso la reforma que limita las expropiaciones, que anunció el presidente en cadena nacional. Refuerza la propiedad privada y acelera desalojos.
El primer mandatario fue categórico al justificar la iniciativa: “Hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones para que la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio”.
El anuncio se dio luego de que Argentina lograra revertir un escenario adverso en los tribunales de Nueva York, en un litigio que —según el propio Milei— podría haber implicado un costo de 18 mil millones de dólares para el país.
Cambios en expropiaciones: límites más estrictos y nuevas reglas de compensación
Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a restringir las expropiaciones a situaciones excepcionales, bajo criterios más estrictos que los actuales.
La iniciativa establece que la declaración de utilidad pública deberá cumplir con estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y será interpretada de manera restrictiva.
Además, se redefine el cálculo de las indemnizaciones:
- El valor del bien se fijará antes de cualquier intervención estatal que pueda alterar su precio.
- Se incorporará el reconocimiento del lucro cesante, siempre que sea directo y comprobable.
- Se aplicará un sistema de actualización por inflación e intereses para preservar el valor real.
- Se buscará garantizar un “justiprecio” objetivo, evitando distorsiones generadas por el propio Estado.
También se limita el uso de la ocupación temporánea, reforzando su carácter excepcional, y se amplían los mecanismos de control judicial en todo el proceso.
Desalojos exprés y cambios en el Código Civil: cómo funcionará el nuevo sistema
Otro de los puntos más sensibles del proyecto es la reforma del sistema de desalojos, que introduce un procedimiento sumarísimo para acelerar la restitución de inmuebles. Entre los cambios principales, se establece que:
- Un juez podrá ordenar la restitución en un plazo de hasta 5 días en casos de ocupación ilegal.
- Se habilita la desocupación inmediata ante falta de pago o vencimiento de contrato.
- Se permite el uso de la fuerza pública para ejecutar las órdenes judiciales.
- Se simplifican las pruebas y se reducen instancias procesales.
A su vez, se incorporan mecanismos como la restitución anticipada bajo caución juratoria y la digitalización de notificaciones, con el objetivo de reducir tiempos judiciales.
Tierras, incendios y barrios populares: el paquete más amplio que impulsa el Gobierno
El proyecto no se limita a expropiaciones, sino que forma parte de una iniciativa más amplia denominada “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, que introduce cambios en varias normativas. Entre los puntos más relevantes:
- Tierras rurales: se eliminan restricciones para inversores extranjeros privados, aunque se mantienen controles sobre Estados extranjeros.
- Ley de Manejo del Fuego: se eliminan prohibiciones que impedían cambiar el uso de terrenos incendiados durante décadas.
- Barrios populares: se flexibiliza la venta de viviendas regularizadas y se descentraliza el proceso hacia provincias y municipios.
- Registro de la propiedad: se impulsa la digitalización del sistema y la modernización de trámites.
Según los fundamentos oficiales, el objetivo es “fortalecer la seguridad jurídica, reducir la intervención estatal y promover inversiones”.
El mensaje político de Milei: propiedad privada y fin del “riesgo populista”
En su discurso, Milei vinculó directamente la reforma con el caso YPF y con su visión económica. “Expropiar está mal, porque robar está mal”, sostuvo, y aseguró que decisiones de ese tipo —durante la administración kirchnerista— generaron años de desinversión.
En esa línea, el Presidente planteó que el nuevo marco legal busca evitar que se repitan escenarios similares y reforzar la previsibilidad: “La mejor forma de defender los intereses estratégicos es con seguridad jurídica”.