La medida se extenderá hasta septiembre de 2027 y permitirá mantener determinadas prestaciones sociales durante las contrataciones temporarias en el campo.
El Gobierno nacional extendió el régimen que permite a los trabajadores rurales temporarios mantener determinados programas sociales durante las temporadas de cosecha.
El Gobierno nacional prorrogó por un año la compatibilidad entre el trabajo registrado en el agro y los programas sociales, una medida que permite a los trabajadores rurales y estacionales acceder a empleos formales sin perder automáticamente los beneficios que reciben del Estado.
La decisión quedó oficializada este lunes 19 de octubre mediante el Decreto 1204/2026, publicado en el Boletín Oficial, y extiende la vigencia del régimen hasta el 31 de agosto de 2027. La normativa tiene especial importancia para las economías regionales, como Mendoza, donde las actividades agrícolas requieren mano de obra durante las temporadas de cosecha.
La renovación llegó después de más de un mes de incertidumbre, ya que la prórroga anterior había vencido el 1 de septiembre. Durante ese período, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que unos 120.000 puestos de trabajo estaban en riesgo en todo el país ante la falta de una definición oficial.
El régimen permite que quienes reciben determinadas prestaciones sociales puedan incorporarse a un empleo rural registrado, bajo modalidades temporarias o estacionales, sin perder automáticamente esa asistencia económica.
Entre los beneficios contemplados se encuentran las Asignaciones Familiares, la Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo, siempre de acuerdo con las condiciones específicas de cada prestación.
Además, la normativa establece que las asignaciones familiares correspondientes a los trabajadores alcanzados por el régimen no podrán ser inferiores al equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Por su parte, los empleadores también podrán acceder a una reducción de las contribuciones patronales, con el objetivo de incentivar la contratación formal durante las campañas agrícolas.
El esquema busca evitar que los trabajadores deban elegir entre aceptar un empleo registrado de duración limitada o conservar los ingresos provenientes de los programas sociales.
La continuidad del régimen resulta especialmente relevante para provincias con una fuerte actividad agrícola, como Mendoza, donde la vitivinicultura, la fruticultura y otras producciones demandan trabajadores durante períodos específicos del año.
La posibilidad de compatibilizar los ingresos laborales con determinadas prestaciones sociales apunta a facilitar la incorporación de personal durante las cosechas y reducir los obstáculos para la registración de trabajadores.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo destacó que representantes de las economías regionales, asociaciones sindicales y productores habían solicitado mantener la medida para consolidar los resultados alcanzados.
El Gobierno también consideró que el mecanismo contribuyó a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores rurales y sus familias.
La renovación del régimen había sido solicitada por UATRE, que advirtió sobre las consecuencias de su vencimiento para el empleo rural y la producción agropecuaria.
El sindicato sostuvo que la falta de continuidad podía desalentar la formalización laboral y dificultar la contratación de trabajadores durante las campañas agrícolas.
El sistema fue implementado originalmente en 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, mediante el Decreto 514/2021. Posteriormente, se prorrogó en 2023 y volvió a extenderse en 2025, durante la gestión de Javier Milei.
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