El Gobierno de Donald Trump cuestionó el funcionamiento del organismo y propuso poner fin a su mandato. La iniciativa afecta un espacio clave para el reclamo argentino.
Estados Unidos propuso poner fin al Comité de Descolonización de la ONU, donde Argentina reclama por la soberanía de las Islas Malvinas.
Foto: NAEl Gobierno de Estados Unidos solicitó poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), uno de los principales organismos internacionales donde la Argentina sostiene su histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
La propuesta de la administración de Donald Trump se presentó el pasado 15 de octubre durante una reunión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU. Allí, la representación estadounidense cuestionó los costos de funcionamiento del comité y consideró que ya cumplió el objetivo para el que fue creado.
El planteo genera una situación particular para el Gobierno de Javier Milei, que mantiene una estrecha relación política con Trump, pero encuentra en este organismo un espacio fundamental para sostener la posición argentina frente al Reino Unido.
La iniciativa estadounidense quedó registrada en un documento oficial de Naciones Unidas. Sin embargo, no se presentó ni se sometió a votación una resolución para disolver el Comité, por lo que el organismo continúa funcionando.
El Comité Especial de Descolonización fue creado en 1961 con el objetivo de supervisar los procesos de descolonización y promover soluciones para los territorios que permanecen bajo administración extranjera.
Desde 1989, la Argentina utiliza este ámbito para presentar anualmente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El organismo, integrado actualmente por 29 Estados miembros, adopta resoluciones que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y reiteran la necesidad de retomar las negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica.
Por ese motivo, una eventual disolución del comité implicaría la pérdida de uno de los principales espacios diplomáticos específicos donde el país mantiene vigente su reclamo internacional.
No obstante, su cierre no significaría la desaparición de las resoluciones de Naciones Unidas sobre Malvinas ni la eliminación del reclamo argentino en otros ámbitos multilaterales.
Durante la reunión de la Cuarta Comisión, la representante estadounidense sostuvo que el Comité Especial de Descolonización perdió su propósito original y cuestionó la utilización de recursos económicos para mantener sus actividades.
La funcionaria argumentó que más de 80 antiguas colonias se incorporaron a Naciones Unidas como Estados independientes, mientras que el organismo continúa revisando anualmente cuestiones similares.
También criticó los gastos relacionados con viajes y reuniones internacionales, a los que consideró un uso innecesario de los recursos de la organización.
La delegación estadounidense no mencionó específicamente a las Islas Malvinas durante su intervención, aunque la propuesta alcanza directamente al organismo que examina cada año la disputa entre Buenos Aires y Londres.
Para avanzar con la eliminación del comité sería necesaria una decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La iniciativa estadounidense se conoce en medio de nuevas tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
En junio de 2026, durante la reunión anual del Comité Especial de Descolonización, el canciller argentino, Pablo Quirno, reiteró el reclamo de soberanía y cuestionó las actividades de explotación hidrocarburífera impulsadas por el Reino Unido en la zona en disputa.
En esa oportunidad, Naciones Unidas aprobó por consenso una nueva resolución que instó a ambos países a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva.
La Argentina también manifestó su rechazo a la militarización británica del archipiélago y ratificó su intención de adoptar medidas para proteger sus derechos soberanos sobre los recursos naturales.
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