Una investigación periodística del diario Ámbito Financiero sobre las tasaciones realizadas en el marco del proceso de privatización de empresas públicas derivó en un pedido de informes del diputado nacional Martín Aveiro dirigido al Poder Ejecutivo para que explique cómo fueron valuados distintos activos estatales y por qué el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo que la legislación vigente identifica como autoridad técnica competente en la materia, habría quedado al margen de esos procedimientos.
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Privatizaciones: un mendocino reclama explicaciones sobre las valuaciones de AySA, Intercargo y el Belgrano
Martín Aveiro presentó un pedido de informes para conocer cómo se realizaron las tasaciones para las privatizaciones denunciadas por una publicación.
La iniciativa parlamentaria toma como punto de partida la información publicada acerca de las privatizaciones impulsadas por el Gobierno nacional y solicita documentación detallada sobre los mecanismos utilizados para determinar el valor de seis activos estratégicos: Nucleoeléctrica Argentina, Intercargo, AySA, Transener, Belgrano Cargas y las centrales hidroeléctricas Alicurá, Cerros Colorados, El Chocón y Piedra del Águila.
Más allá del debate político sobre la conveniencia de avanzar con las privatizaciones, el proyecto pone el foco en un aspecto previo: si el Estado respetó los procedimientos legales previstos para establecer el valor de bienes construidos con recursos públicos.
El origen del cuestionamiento
La presentación de Aveiro en la Cámara de Diputados se produjo luego de que se revelara una serie de presuntas irregularidades en los procesos de tasación utilizados por el Gobierno para avanzar con las privatizaciones.
Según esa reconstrucción del medio porteño, el Tribunal de Tasaciones de la Nación habría sido excluido de la valuación de los activos mediante una decisión adoptada por su presidente, Julio Roberto Villamonte, sin intervención del cuerpo colegiado del organismo.
La investigación sostiene que esa decisión permitió trasladar las valuaciones al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad cuya función histórica estuvo vinculada al financiamiento del comercio exterior y que, para asumir esa tarea, creó una Unidad de Valuaciones específica.
Ese cambio constituye el núcleo del cuestionamiento político e institucional. Mientras la legislación vigente asigna al Tribunal de Tasaciones la función de intervenir en la valuación de bienes públicos, el proyecto de resolución busca conocer cuáles fueron los fundamentos jurídicos que justificaron apartar a ese organismo y delegar esas funciones en otra entidad.
Quince preguntas para el Ejecutivo
El pedido de informes elaborado por Aveiro contiene quince requerimientos dirigidos al Poder Ejecutivo.
Entre otros aspectos, solicita que se informe quién decidió excluir al Tribunal de Tasaciones, cuál fue el respaldo legal de esa medida, qué organismos participaron finalmente en las valuaciones y qué metodología técnica se utilizó para establecer el valor de cada uno de los activos involucrados.
También requiere conocer cuándo fue creada la Unidad de Valuaciones del BICE, cuál es su estructura, quiénes integran su equipo profesional, cuáles son sus antecedentes técnicos y qué presupuesto recibió para desarrollar esa función.
La iniciativa incorpora además preguntas sobre la eventual participación de la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y otros organismos de control, así como la existencia de impugnaciones administrativas o investigaciones judiciales vinculadas con estos procesos.
La competencia del Tribunal de Tasaciones
Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en determinar si se respetó el marco legal vigente.
El Tribunal de Tasaciones fue creado precisamente para intervenir en la determinación del valor de los bienes pertenecientes al Estado nacional. Su finalidad es aportar una evaluación técnica independiente que reduzca la discrecionalidad en operaciones que involucren patrimonio público.
La investigación periodística sostiene que, si efectivamente el organismo fue apartado sin una decisión del cuerpo colegiado, podrían haberse vulnerado las normas internas que regulan su funcionamiento.
En particular, se menciona que el reglamento aprobado mediante la Resolución 72/2023 establece que los asuntos considerados de especial importancia requieren el acuerdo previo del cuerpo colegiado y no pueden quedar librados exclusivamente a la decisión de su presidente.
Para el legislador mendocino, la valuación de empresas públicas y de activos estratégicos constituye precisamente uno de esos casos.
El papel del BICE
Otro de los puntos que concentran la atención es la intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
La investigación sostiene que el banco creó una unidad específica para asumir tareas de valuación que no integraban tradicionalmente su objeto institucional y que esa decisión se produjo luego de que otras entidades financieras oficiales no participaran del proceso.
A partir de esos antecedentes, el proyecto parlamentario solicita que el Ejecutivo informe con qué fundamento jurídico se le asignó esa responsabilidad al BICE y bajo qué normas actuó la nueva unidad creada para realizar las tasaciones.
La respuesta a esas preguntas aparece como uno de los aspectos centrales para determinar si el procedimiento respetó las competencias previstas por la legislación vigente.
Transparencia y acceso a la información
El pedido de informes también incorpora el debate sobre la publicidad de las valuaciones.
La investigación publicada indicó que parte de la documentación fue clasificada como "información sensible" o "secreto financiero", lo que impidió conocer los criterios utilizados para establecer los valores de referencia.
Frente a ello, Aveiro solicita que el Ejecutivo explique cuáles fueron los fundamentos legales para aplicar esas restricciones y si esa decisión resulta compatible con los principios establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública.
La iniciativa sostiene que los procesos de privatización, por involucrar bienes del Estado, deben desarrollarse bajo estándares de máxima transparencia y permitir el control institucional y ciudadano.
El proyecto presentado en la Cámara de Diputados evita cuestionar de manera directa la política económica del Gobierno o la decisión de privatizar determinadas empresas.
Su planteo apunta a un aspecto diferente: verificar si los mecanismos institucionales previstos para proteger el patrimonio público fueron respetados durante las valuaciones, en un marco donde la integración de esa unidad específica y los valores que trascienden en la privatización de AySA abren serias sospechas sobre fuertes subvaluaciones para favorecer a los adjudicatarios.