Se impuso el sentido común y la sensatez. La presión de diversos sectores sociales y políticos surtió efecto y la Ley de Tierras no se modificará este jueves en el Senado. Representantes del oficialismo mantuvieron reuniones de último momento para definir la estrategia para la sesión de mañana y decidieron bajar el Capítulo 3 relacionado a la extranjerización de tierras.
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Por la presión social y política, el Gobierno retiró el capítulo que subía el porcentaje de extranjerización de tierras
El oficialismo mantuvo reuniones de último momento ante la falta de votos para la sesión de este jueves en el Congreso y bajó el artículo de la polémica.
Se trata del apartado que elevaba el porcentaje del 15 al 25 para tierras argentinas en manos de extranjeros. Se esperan manifestaciones en todo el país en contra del proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei.
En detalle: el paso atrás del gobierno nacional con la Ley de Tierras
Se trata del artículo que estipula las bases de la venta de tierras, pero el gobierno nacional busca avanzar en el resto del paquete legal que incluye la derogación de la Ley del Manejo del Fuego, desalojos exprés y cambios en las expropiaciones.
La senadora Patricia Bullrich y los 44 aliados del Ejecutivo tomaron la decisión ante la presión social y la pérdida de votos que hacían peligrar la aprobación.
De acuerdo al comunicado del oficialismo, "la postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes".
En la mañana de este miércoles algunos gobernadores decidieron manifestar su postura en contra del proyecto, como el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Neuquén, Rolando Figueroa.
La fuerte oposición a los cambios a la Ley de Tierras que obligó al Gobierno a dar marcha atrás
En la antesala de la sesión de este jueves, especialistas de todos los ámbitos se habían expresado en contra del proyecto del oficialismo.
Referentes de la sociología, la seguridad, el ambiente, la política, la cultura, la Iglesia y otras áreas coincidieron en advertir sobre los riesgos que implicaría avanzar con una desregulación que compromete la soberanía, el control del territorio y la protección de los recursos naturales.
Organizaciones rurales, comunidades indígenas y sectores académicos también alertaron sobre las consecuencias concretas de flexibilizar los límites a la propiedad extranjera de la tierra. Señalaron que una modificación de ese tipo no solo debilitaría los mecanismos de control estatal, sino que podría acelerar procesos de concentración y extranjerización en zonas estratégicas del país.
El rechazo transversal terminó por configurar un escenario de fuerte presión política y social sobre el Gobierno, que llegó a la previa de la sesión con un margen de maniobra reducido. La acumulación de críticas, junto con la falta de consensos legislativos, derivó finalmente en la decisión oficial de retroceder con la iniciativa.
El episodio dejó en evidencia la sensibilidad del tema y la mirada común de diversos sectores sobre la necesidad de preservar la tierra como un recurso estratégico vinculado al desarrollo, la soberanía y la identidad nacional.