El conflicto por la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario suma nuevos cuestionamientos al Gobierno nacional. Mientras el Ejecutivo insiste con sus planteos para evitar la ejecución de la norma ratificada dos veces (con su sanción primero, y con el rechazo del veto presidencial después) por el Congreso, la causa impulsada por 59 universidades nacionales permanece en la Cámara Nacional de Apelaciones, con distintos recursos pendientes de resolución.
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Para el abogado de la universidades, el incumplimiento del Gobierno "es único en la historia de la Argentina y del mundo"
En diálogo con Sitio Andino, Pablo Manili cuestionó al Gobierno por incumplir la ley de financiamiento universitario y lo acusó de empantanar la causa a fuerza de apelaciones y artilugios legales.
Las universidades siguen reclamando el cumplimiento de la ley de financiamiento.
Foto: Cristian LozanoEn diálogo con Sitio Andino, el abogado constitucionalista Pablo Manili, quien representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el litigio, calificó el escenario como inédito. “Es una situación única en la historia de la Argentina, y prácticamente del mundo, porque ningún presidente nunca se animó a suspender una ley y a decir: ‘No la cumplo’”, subrayó.
El jurista especificó que actualmente se encuentran apeladas, por parte del Ejecutivo federal, distintas resoluciones judiciales, entre ellas las intimaciones que recibió el Estado para cumplir con la medida cautelar, la multa diaria impuesta ante la falta de acatamiento y la sentencia de fondo que reconoció el planteo de las universidades.
“No nos queda más que esperar”, reconoció Manili, quien cuestionó la cantidad de recursos presentados por el mileísmo y los plazos que se toma el tribunal para resolver un amparo que legalmente debería responderse en cinco días.
Las universidades cuestionan las apelaciones del Gobierno para no cumplir la ley de financiamiento
Para el constitucionalista, la estrategia oficial apunta a dilatar el expediente "y no pagar, para que lo haga otro gobierno". Como ejemplo, mencionó los intentos primarios de recusación contra jueces de primera y segunda instancia y de la Corte Suprema, además de las apelaciones y los recursos de queja presentados ante distintas resoluciones.
“De cada medida, de cada simple resolución del juez, tenemos una apelación, una denegatoria y después una queja. Es una maraña de incidentes que hay alrededor del mismo expediente”, describió.
En paralelo, Manili se refirió a la denuncia penal presentada por el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, por el presunto delito de desobediencia judicial y abuso de autoridad, frente al incumplimiento de las resoluciones vinculadas con la ley. El abogado consideró que esa presentación podría contribuir a acelerar el proceso.
En cuanto al argumento del Gobierno según el cual la Ley de Financiamiento Universitario contradice la Ley de Administración Financiera, lo calificó como "un disparate jurídico". “Una ley no puede ser ilegal, a menos que violara la Constitución, que no es este el caso. Una ley puede contradecir a otra ley y la puede derogar”, planteó.
Asimismo, reparó que la Ley de Administración Financiera se aplica cuando el Congreso aprueba el Presupuesto, condición que en 2025 —cuando se sancionó el Financiamiento Universitario — no se cumplía, ya que aún regía la prórroga de la pauta de gastos de 2023.
El atraso salarial y las becas universitarias
Más allá de la disputa judicial, Manili cuestionó que el Gobierno sostenga que las últimas actualizaciones salariales (acordadas en junio de este año) permitieron cumplir con la recomposición prevista en la ley.
En ese sentido, señaló que todavía existe una diferencia nominal cercana al 32%, que en términos reales representa un atraso superior al 50%, debido a la inflación acumulada durante los meses en los que no hubo una actualización equivalente. Para dimensionar el impacto, detalló que un docente que actualmente percibe un sueldo de un millón de pesos, de haberse aplicado plenamente la ley debería cobrar $1.500.000.
El constitucionalista también puso el foco en las becas estudiantiles. Aseguró que los alumnos carenciados reciben actualmente $35.000 mensuales, un monto que permanece congelado desde el inicio de la gestión libertaria (diciembre de 2023), y que claramente resulta insuficiente, incluso para cubrir los gastos de transporte.
Manili también rechazó otros argumentos utilizados por el Gobierno para cuestionar el funcionamiento de las universidades públicas. Sostuvo que las instituciones sí son auditadas por sus organismos internos y por la Auditoría General de la Nación, y afirmó que solo el 3% de los estudiantes de las universidades nacionales son extranjeros.
Asimismo, señaló que alrededor del 70% de los alumnos trabaja mientras estudia, una situación que incide en los tiempos de graduación. Para el abogado, el debate no debe reducirse a cuántos estudiantes terminan sus carreras, sino que debe contemplar el derecho a acceder a la educación superior.
"Es una crueldad terrible, que no tiene antecedentes. Se la agarraron con los más débiles. Con los jubilados, con los discapacitados, con los docentes y con los estudiantes carenciados", sentenció el letrado.