El Gobierno de Mendoza reglamentó la Ley 9659 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), consolidando el marco operativo para dar luz verde a un sistema con reglas claras, trazabilidad digital y metas medibles. La normativa busca fortalecer la economía circular y ordenar la disposición final en toda la provincia.
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Mendoza reglamentó la Ley GIRSU y pone en marcha el sistema integral de residuos
El Ejecutivo reglamentó la Ley GIRSU que designa responsabilidades municipales, registros públicos y planes provinciales para la gestión de residuos sólidos.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que la ley es fruto de un trabajo articulado con municipios y equipos técnicos, y aseguró que la reglamentación permitirá un sistema con reglas claras, metas medibles y herramientas de trazabilidad digital que mejoran el control y la transparencia. Según explicó, el modelo apunta a consolidar una gestión sostenible de los residuos con planificación, tecnología e inclusión social de recuperadores urbanos.
La reglamentación fue elaborada tras una ronda de articulación técnica con municipios y cooperativas, y aborda problemáticas estructurales como la disposición final inadecuada, la persistencia de basurales a cielo abierto, la baja valorización de residuos y la heterogeneidad en la gestión municipal. El decreto establece un esquema coherente desde los puntos de vista jurídico, ambiental y administrativo, con un enfoque integral.
Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos
Uno de los ejes centrales es la puesta en marcha del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (PPRSU), que se desarrollará con enfoque regional y bajo el paradigma de la economía circular. El plan fija lineamientos estratégicos, programas específicos, metas cuantificables e indicadores de seguimiento, con un horizonte de planificación orientado a reducir progresivamente los residuos destinados a disposición final y fortalecer la recuperación de materiales reciclables y orgánicos.
En paralelo, los municipios y consorcios interjurisdiccionales deberán elaborar sus propios planes de gestión, alineados al marco provincial. Estos instrumentos deberán incluir diagnósticos iniciales, metas a corto, mediano y largo plazo, programas de separación en origen, estrategias de valorización, inclusión social de recuperadores urbanos y mecanismos de seguimiento. La reglamentación prevé que estos planes tengan una vigencia de cinco años, en consonancia con el plan provincial.
El decreto también define condiciones ambientales y de seguridad para los Centros Tecnificados de Economía Circular, Centros de Procesamiento, Estaciones de Transferencia y Centros de Disposición Final. Además, establece que los centros tecnificados trabajen de manera prioritaria con cooperativas locales, promoviendo la formalización e integración de los recuperadores urbanos dentro del sistema.
Clasificación de generadores y registros públicos
Otro aspecto clave es la clasificación de generadores de residuos sólidos urbanos. Se consideran pequeños generadores a quienes produzcan hasta 50 kilogramos diarios, mientras que los grandes generadores son aquellos que superen ese volumen. Los municipios podrán adoptar criterios más exigentes, siempre bajo la regulación de la autoridad de aplicación provincial.
La reglamentación crea además el Registro Provincial de Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos y el Registro Provincial de Centros Tecnificados de Economía Circular o Procesamiento, ambos bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente y con información pública, lo que fortalece la transparencia y el control ciudadano.
Trazabilidad digital y control
En línea con la modernización del sistema, se incorpora una herramienta digital de trazabilidad, que permitirá el registro en tiempo real de los movimientos y tratamientos de residuos. La plataforma será accesible vía web y dispositivos móviles, contará con credenciales diferenciadas según rol, garantizará la seguridad de la información y generará reportes estadísticos e informes públicos para facilitar la toma de decisiones basada en datos.
En relación con los basurales a cielo abierto, el decreto establece la obligación de los municipios de desarrollar planes de cierre y remediación, con contenidos mínimos y proyectos específicos para cada sitio. La medida busca reducir riesgos ambientales, sanitarios y sociales asociados a la disposición incontrolada de residuos.
El régimen también fija procedimientos ante incumplimientos, con plazos para descargos, medidas preventivas y criterios de proporcionalidad en las sanciones, sin perjuicio de la obligación de recomposición ambiental cuando corresponda.
Adicionalmente, la reglamentación aprueba anexos técnicos que incluyen definiciones operativas, requerimientos para la gestión de residuos de construcción y demolición y un código unificado de colores para la identificación de fracciones de residuos, una herramienta clave para consolidar la separación en origen en toda la provincia.
Preguntas relacionadas con el tema de esta nota:
¿Qué implica la reglamentación de la Ley GIRSU en Mendoza?
La reglamentación de la Ley GIRSU establece el marco operativo para la gestión integral de residuos sólidos urbanos, con metas medibles, controles y herramientas digitales. Define responsabilidades para municipios, crea registros públicos y promueve la economía circular para reducir basurales y mejorar el reciclaje y la disposición final.
¿Cómo funcionará el sistema de trazabilidad digital de residuos?
El sistema de trazabilidad digital permitirá registrar en tiempo real el transporte, tratamiento y destino de los residuos. Será accesible vía web y dispositivos móviles, generará reportes públicos y facilitará la toma de decisiones basadas en datos, fortaleciendo la transparencia y el control ambiental.
¿Qué obligaciones tendrán los municipios y generadores de residuos?
Los municipios deberán elaborar planes de gestión alineados al plan provincial, incluir separación en origen y programas de valorización. Los generadores serán clasificados en pequeños y grandes según su volumen diario, y deberán cumplir con requisitos de transporte, tratamiento y disposición, bajo supervisión provincial y posibles sanciones.