En medio de la preocupación generada por el reciente decreto nacional de recorte del presupuesto nacional, el Gobierno de Mendoza busca alternativas financieras para evitar la paralización definitiva de obras de infraestructura estratégicas para la provincia.
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Mendoza negocia bonos con Nación para reactivar obras viales paralizadas
El Gobierno de Mendoza negocia con Nación un esquema de bonos para reactivar obras viales paralizadas, entre ellas la Ruta 40.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, en diálogo con Aconcagua Radio, ofreció detalles sobre el estado de situación de los proyectos viales y las negociaciones que se llevan adelante con la administración central.
Consultado sobre el impacto del decreto nacional publicado horas antes de la marcha universitaria (el cual afectó áreas como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, programas educativos, salud y obra pública), Mema le restó dramatismo a la medida y la calificó como una cuestión “meramente administrativa”.
El funcionario explicó que el presupuesto público constituye una estimación de gastos e ingresos que se va adaptando según la ejecución real. En ese sentido, aseguró que este tipo de modificaciones presupuestarias son habituales en la gestión pública y reveló que en su oficina se firman “por lo menos tres modificaciones presupuestarias por semana”.
Asimismo, recordó que, del mismo modo que hubo recortes recientes, anteriormente existieron decretos con modificaciones positivas.
Bonos para financiar obras paralizadas
La atención del Ejecutivo provincial está concentrada en reactivar los proyectos viales que hoy se encuentran frenados o “neutralizados”. Para lograrlo, Mema reveló que el Gobierno nacional evalúa implementar un sistema de pago mediante bonos destinado a las empresas contratistas de obra pública.
Si bien la Nación pensó originalmente en estos títulos para cancelar deudas preexistentes, la propuesta de Mendoza busca ampliar su utilización. En el caso puntual de la doble vía de la Ruta Nacional 40 hacia San Juan, donde las empresas están al día con los pagos pero la obra permanece detenida, la provincia solicitó que los bonos también puedan utilizarse para financiar la continuidad de los trabajos.
“Lo he trabajado personalmente con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Economía y en la parte de infraestructura”, afirmó Mema. A pesar de que las autoridades nacionales han mostrado predisposición favorable, el ministro reconoció que todavía no existen respuestas concretas.
Frente a las comparaciones con las cuasimonedas utilizadas en crisis anteriores, el funcionario destacó que, a nivel nacional, son las propias empresas constructoras las que solicitaron la entrega de estos instrumentos financieros.
El antecedente mendocino de 2015
La herramienta financiera propuesta remite a la estrategia implementada por Mendoza en 2015 para cancelar una importante deuda flotante heredada de la gestión anterior. En aquel momento, los bonos provinciales lograron una elevada aceptación y una buena cotización en el mercado.
Para el Gobierno provincial, ese antecedente fortalece la posibilidad de aplicar mecanismos financieros similares en el actual contexto de restricción presupuestaria y caída de la inversión pública nacional.
Puentes caídos y obras demoradas
Más allá de la doble vía a San Juan, el titular de la cartera de Gobierno expuso otros puntos críticos de la red vial nacional que atraviesa la provincia.
Mema calificó como “vergonzoso” el estado de los dos puentes caídos sobre la Ruta Nacional 40, estructuras que llevan seis años sin ser reparadas.
A pesar de tratarse de un tramo de apenas 20 metros y de contar con un presupuesto asignado de 7.000 millones de pesos, la obra continúa trabada por diferencias y demoras con la empresa adjudicataria. Según explicó el ministro, la provincia monitorea y acompaña las gestiones para intentar destrabar la situación.
Avanza la licitación para la transformación de la Ruta 7
En paralelo, Mema adelantó que en los próximos días la Nación dará a conocer las ofertas para la modificación integral de la Ruta Nacional 7, en el tramo que conecta el límite con San Luis y la frontera con Chile.
Se trata de un proyecto de gran magnitud que demandará una inversión superior a los 300 millones de dólares y que, según destacó el funcionario, tendrá la ventaja de no depender directamente del presupuesto nacional.