El gobierno de Javier Milei arribó a un principio de acuerdo con la que considera “oposición dialoguista” y está todo encaminado para que la semana próxima logre la media sanción en la Cámara de Diputados de la denominada ley ómnibus.
Es que tras la serie de reuniones que los enviados del oficialismo mantuvieron el jueves con los referentes del ex Juntos por el Cambio, el peronismo republicano y otras fuerzas no K, el ministro del Interior Guillermo Francos les hizo llegar este viernes el documento con las modificaciones que La Libertad Avanza aceptó aplicar al expediente.
Lo cierto es que el nuevo borrador incluye prácticamente todos los pedidos que elevaron esas fuerzas, salvo algunas excepciones que están siendo revisadas por sus principales dirigentes, aunque todo hace predecir que el Gobierno alcanzaría el objetivo de aprobar en la cámara baja el texto que consta de más de 600 artículos y plantea un sinfín de desregulaciones económicas y modificaciones y/o derogaciones de leyes.
Entre las reformas a las que accedió el oficialismo hay dos específicas que exigía Mendoza y que fueron tomadas en cuenta: las retenciones cero a la industria vitivinícola y las correcciones respecto al dominio sobre los recursos hidrocarburíferos de las provincias.
Fue uno de los pedidos al que se plegaron todas las provincias vitivinícolas, bloque en el que Mendoza tiene la mayor preponderancia nacional. No solo los gobiernos presionaron al Ejecutivo nacional, sino que se sumaron todas las cámaras y organismos que nuclean a las distintas patas que involucra la industria.
Quedó reflejado durante las jornadas de debate en el plenario de comisiones de Diputados, cuando autoridades de la Corporación Vitivinícola Argentina ( COVIAR), Bodegas de Argentina (BdA), la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) y la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) expusieron su rechazo al artículo 205 de la ley ómnibus, que fijaba en 8 por ciento la alícuota del “derecho de exportación para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola”.
El sector entendía que se daba un paso atrás a lo logrado el año pasado, cuando el vino dejó de tributar derechos a la exportación, por decisión del exministro de Economía Sergio Massa, en plena campaña electoral por su -por entonces- precandidatura a la presidencia de la Nación.
Del lado político, tanto el gobernador Alfredo Cornejo como el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, habían mantenido encuentros con funcionarios nacionales para solicitar que ese punto se dejara de lado.
Finalmente, el Gobierno determinó que tanto el vino como otras 34 economías regionales tengan tasa cero a la exportación. Entre ellas aparecen muchas que Mendoza también es productora (aunque en menor medida que el vino), por lo que se ven beneficiados emprendedores locales de otros sectores productivos, como el olivícola o el frutícola.
Días atrás, los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI) -entre ellos Cornejo- mantuvieron un encuentro mediante el cual unificaron una posición para exigir cambios al gobierno de Milei.
“Se sentó la postura respecto al dominio sobre los recursos de cada una de las provincias petroleras sobre los recursos hidrocarburíferos y que eso se respete en la modificación”, había revelado la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, quien fue parte del encuentro.
De allí surgió un documento con una serie de exigencias que también fueron tomadas en cuenta por el mileismo. En primera instancia, se incluyó la aclaración “Nacional o Provincial, según corresponda” para evitar cualquier duda sobre competencias de las Provincias en la materia, en todo el articulado.
Además, se eliminó la mención a “empresas estatales” y la obligación de vender al “export parity” y se mantuvo la facultad de las provincias de controlar el plan de inversiones, entre otras tantas modificaciones.
Asimismo, más allá de que no fue un pedido puntual de Mendoza, pero por lo cual sí surgieron interrogantes, el Gobierno aceptó eliminar a YPF del listado de empresas estatales sujetas a privatización.
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