El oficialismo concedió la reducción de empresas sujetas a privatizar y de las facultades delegadas. La norma podría aprobarse en la madrugada.
Durante el segundo día de debate del proyecto de la denominada ley ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el Gobierno envió un nuevo texto con modificaciones para destrabar dos de los puntos que corrían riesgo de caer rechazados en la votación en particular: privatizaciones y facultades delegadas.
La nueva redacción, que incluye varios artículos nuevos, atiende muchos de los planteos de la oposición dialoguista (que involucra a todos los partidos que integraban el ex Juntos por el Cambio y otras expresiones no kirchneristas), publica el sitio Infobae.
De este modo, el expediente (si bien faltan decenas de oradores, del listado se bajaron varios) podría votarse -en general- esta madrugada, para dar pie a la votación en particular, que demandará otro tiempo.
En el caso de las privatizaciones, el listado final de empresas que pueden ser vendidas bajó de 39 a 30. Estas incluyen tres empresas que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.
Entre las empresas que quedaron fuera de la lista se destacan Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de agua de Dionisio.
Por otro lado, el nuevo proyecto se divide en tres artículos, con sus respectivos anexos correspondientes, con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales. Esta división puede facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Por lo tanto, se acerca a la posición de quienes proponían aprobar “empresa por empresa” las privatizaciones.
Para reforzar la transparencia del proceso de privatización, una Comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores deberá ser informada por el Ejecutivo de la modalidad y el procedimiento escogido para vender las empresas, del pliego de condiciones 15 días antes de su publicación y cualquier circunstancia relevante que se produzca. En tanto, señala que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con la bicameral.
En cuanto a las facultades delegadas, desde los sectores dialoguistas reconocieron que las posiciones se acercaron cuando el oficialismo eliminó la emergencia fiscal y previsional.
Es que de las 11 que habían sido fijadas en el primer proyecto, sobrevivirían apenas cinco: económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa.
Está en duda la de seguridad, pero también algunos gobernadores patagónicos se mantienen en vilo por las emergencias tarifaria y energética, ya que con esas facultades el Gobierno podría suspender sin permiso el beneficio de “zona fría” para usuarios de gas (que también abarca a la provincia de Mendoza).
Fuente: con información de Infobae y NA
