La Legislatura de Mendoza dio sanción final a la ley Antiguantadero, impulsada por el Gobierno provincial para establecer un régimen de intervención de inmuebles abandonados utilizados para actividades delictivas. Los municipios podrán adherirse a la norma que fija un protocolo para accionar con mayor rapidez antes casos que pongan en peligro a los vecinos.
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La Legislatura de Mendoza sancionó la ley Antiguantaderos: cómo intervendrán los municipios
Con la nueva ley Antiaguantaderos, aprobada este martes, cómo actuarán los municipios en propiedades usadas para el delito
El proyecto, que ya contaba con aval de Diputados, fue aprobado este martes con 34 votos afirmativos y dos negativos -estos por parte de los senadores de Fuerza Patria, vinculados al kirchnerismo-.
La iniciativa toma como base la Resolución Nº 5425/25, del Ministerio de Seguridad y Justicia, que estableció meses atrás un protocolo preventivo junto con los municipios sobre propiedades que son usadas como refugio, lugares de ocultamiento, acopio o comercialización de estupefacientes, o como espacios vinculados con la planificación y ejecución de delitos.
Cómo se aplicará el protocolo que aprobó la Legislatura de Mendoza
La norma propone un régimen de intervención administrativa, preventiva y excepcional sobre inmuebles que, por su estado de abandono, ocupación irregular o vinculación con actividades delictivas, puedan representar un riesgo para la seguridad pública y la convivencia vecinal.
El procedimiento se iniciará con un pedido que puede tener origen en un informe, nota o denuncia policial, municipal, de cualquier organismo público o privado, a requerimiento judicial o a pedido de algún particular. El dueño de la propiedad en cuestión será notificado antes de cualquier intervención, aseguró el oficialismo. Además, el Estado podrá cobrarle los costos del operativo.
Si se resuelve que es conveniente actuar sobre el inmuble, las acciones previstas son diversas:
- Tapeo
- Cerramiento o clausura parcial o total del inmueble
- Demolición parcial controlada o retiro de elementos en riesgo de colapso
- Sellado o precinto de accesos, ventanas o aberturas
En casos en los que la propiedad se encuentre ocupada de manera permanente, la intervención administrativa no podrá avanzar, ya que cualquier medida vinculada con la posesión o el desalojo deberá tramitarse exclusivamente por la vía judicial.
En la provincia, a través de este protocolo se avanzó en alrededor 20 intervenciones y 13 demoliciones en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y Maipú.