El titular de Irrigación justificó el proceso técnico y legal por el cual se habilitó el otorgamiento de pozos en Agrelo. Cargó contra el kirchnerismo y denunció una operación política.
El superintendente del DGI se refirió a la polémica en torno a los pozos de agua y el pedido de Jury
Foto: Yemel FilEn medio de la polémica por los nueve permisos de perforación en la margen derecha del río Mendoza, el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, salió a dar explicaciones y acusó al kirchnerismo de montar una “cuestión política” sin fundamentos técnicos ni legales.
“Parece que le di agua al demonio. No elijo a quién darle agua. Me respaldo en expedientes y estudios técnicos. Además, ni siquiera firmé los permisos aún”, aseguró, en diálogo con Noticiero Andino y Aconcagua Radio.
El funcionario señaló que el proceso se enmarca en un esquema iniciado en 2017 para ordenar más de 100 solicitudes en acuíferos restringidos, y que los permisos recientemente habilitados corresponden a remanentes no utilizados por otros beneficiarios.
Uno de los puntos más controvertidos es que cinco de los nuevos permisos fueron para Cresud SA, del empresario Eduardo Elsztain. También obtuvieron autorizaciones Chimpay La Rioja SA, Grappolo SA (del bodeguero Walter Bressia) y Pedro García Mateo.
Marinelli aseguró que estas firmas no fueron incluidas en la primera tanda de solicitudes ratificadas, pero que la Suprema Corte de Mendoza ordenó considerarlas. “La Corte no nos dijo que le diéramos agua, sino que debíamos darles una respuesta. Y eso los incorpora al listado bajo las mismas condiciones que los demás”, explicó.
“No se saltearon la fila. Siguen un procedimiento claro y transparente. Además, muchos que tenían permiso no ejecutaron la obra y quedó un remanente que ahora se distribuye”, subrayó.
El superintendente detalló que la Resolución 125 no otorga permisos definitivos, sino que habilita su entrega bajo ciertas condiciones. “Aún no firmé ninguno. Si los cumplen, tendré que firmarlos, porque es lo que indica el procedimiento. Pero nadie ha recibido agua aún”, insistió.
Además, explicó que la concesión del uso de agua subterránea no la otorga él, sino el Tribunal Administrativo de Irrigación, en base al volumen asociado al proyecto productivo. También remarcó que el monitoreo técnico se realiza con imágenes satelitales, caudalímetros y mediciones estáticas, y que se trabaja en una normativa para mejorar el control por telemetría.
Consultado sobre el pedido de juicio político impulsado por el senador Félix González, Marinelli fue contundente: “No aclaran qué norma se incumplió. Es un armado político. Necesitan meter a alguien preso del oficialismo para compensar lo que pasa con Cristina (Fernández de Kirchner)”, disparó. Vinculó a Anabel Fernández Sagasti como quien está detrás de la movida legislativa.
También cargó contra figuras como el especialista en derecho del agua Miguel Matus Escorihuela, a quien acusó de opinar “sin conocer el expediente” y “con una mirada política, no jurídica”. “Lo invité a ver el expediente y debatir con mis asesores. Pero opinar sin leer no es serio”, dijo.
Finalmente, confirmó que pidió asistir a la Legislatura para explicar el proceso. “Hay que terminar con la desinformación. Acá nadie habla del volumen de agua, solo hacen show político”, cerró.
La zona en disputa fue epicentro de una grave denuncia en 2010, cuando Irrigación autorizó 21 pozos a un consorcio bajo sospechas de corrupción. La polémica provocó la renuncia del entonces superintendente Eduardo Frigerio, quien evitó enfrentar un juicio político.
La causa judicial llegó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, pero lleva más de 10 años sin sentencia, con todos los plazos vencidos. En 2024, la Subcuenca El Carrizal fue formalmente restringida a través de la Resolución 1108, en un intento por evitar nuevas irregularidades.