José Valerio: "El juez no es el justiciero; debe resolver de acuerdo a la Constitución y las leyes"

Quien gobierna no puede gobernar como quiere, sino como lo establece la Constitución Quien gobierna no puede gobernar como quiere, sino como lo establece la Constitución

• Principio de legalidad. Rstablece que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de aquello que no prohíbe. Valerio remarcó que el artículo 18 de la Constitución Nacional dictamina que nadie puede ser penado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Esto implica que una conducta no puede ser considerada delito ni recibir una pena si no estaba previamente contemplada en la legislación. Las leyes no pueden aplicarse retroactivamente para perjudicar a una persona, explicó.
• Principio de inocencia. Valerio explicó que una persona debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme, dictada luego de un juicio con las pruebas correspondientes. Aclaró que ello no impide que pueda disponerse una prisión preventiva antes de la condena, cumpliendo una serie de condiciones legales (la gravedad del delito, el peligro de entorpecimiento o fuga, la flagrancia, entre otros). "Por más que (un acusado con prisión preventiva) debe ser tratado como inocente, es decir, que no se lo puede condenar. Pero hay elementos suficientes para privarle la libertad hasta que se haga el juicio", explicó.

• El debido proceso. Obliga a que toda investigación se desarrolle de acuerdo con las reglas previstas por la ley, que garanticen la igualdad de las partes y la posibilidad de defensa. "Ese debido proceso es lo que nos da la garantía que no va a ser cuando quieran, a la hora que quieran y la forma que quieran", especificó el supremo.
• El juez natural. Este principio impide que se designe un tribunal o un magistrado específico para beneficiar o perjudicar a una persona sometida a un proceso. "El juez tiene que ser el que corresponde. No se puede designar a dedo ni tampoco buscar maniobras para que, en definitiva, caiga en manos de fulano de tal", advirtió Valerio.
• Igualdad ante la ley. Implica que las mismas normas deben aplicarse a todos los ciudadanos, sin interpretaciones arbitrarias destinadas a favorecer o perjudicar a alguna de las partes.

Cada una de esas garantías nació como respuesta a un abuso concreto del poder del Estado. Valerió planteó que los ciudadanos tienen la responsabilidad de exigir que se respeten esos principios. "Los ciudadanos tenemos que exigirlo, aprender a exigir", postuló.

Los ciudadanos tenemos que aprender a exigir Los ciudadanos tenemos que aprender a exigir

Qué derechos tienen las víctimas durante un proceso penal

Valerio también respondió a una percepción que suele surgir desde la sociedad: que las garantías y los derechos parecieran estar dirigidos exclusivamente a los acusados y no a las víctimas.

El juez rechazó esa concepción. Explicó que las víctimas y sus familiares pueden constituirse como querellantes, aportar pruebas y contribuir a la acusación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. Incluso tienen la posibilidad de recurrir una sentencia si consideran que la resolución no se ajusta a las pruebas o que se aplicó una calificación legal incorrecta. "Las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y a ser parte en el proceso", resaltó.

En ese sentido, sostuvo que los derechos y las garantías están estrechamente relacionados. Los primeros establecen aquello que corresponde a cada ciudadano, mientras que las segundas permiten que puedan ejercerse efectivamente.

Los derechos y garantías durante el cumplimiento de una condena

El magistrado también se refirió a las garantías que mantienen las personas privadas de libertad durante la ejecución de una pena. Recordó que la Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser "sanas y limpias, para seguridad y no para castigo".

Las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo Las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo

Entre esos derechos mencionó el respeto a la integridad física y las condiciones de detención. Además, explicó que existen mecanismos para acceder a determinados "beneficios" de acuerdo con la conducta y el tiempo transcurrido, como la libertad condicional y las salidas transitorias.

Esos mecanismos también pueden permitir que una persona continúe sus estudios universitarios, por ejemplo, mediante salidas para concurrir a la facultad. Durante esa etapa —agregó— las víctimas o sus familiares también pueden expresar su opinión (que no es vinculante).

El rol y los límites de los jueces frente a la inseguridad

Valerio se refirió a los reclamos sociales —incluso desde el Ejecutivo — que suelen dirigirse a jueces y fiscales ante situaciones de inseguridad. Explicó que las responsabilidades están divididas entre los distintos poderes del Estado: el Ministerio Público Fiscal investiga los delitos, el Poder Ejecutivo tiene a su cargo la seguridad pública (Policía y otras fuerzas de seguridad) y el Poder Legislativo establece las leyes.

La función de los jueces, en cambio, consiste en resolver los casos en los que se atribuye a una persona la comisión de un delito, de acuerdo con la Constitución y las normas vigentes. "Los jueces están para resolver conflictos. El juez debe ser independiente e imparcial. No es parte. No es el justiciero", afirmó.

Los jueces están para resolver conflictos. El juez debe ser independiente e imparcial. No es parte. No es el justiciero Los jueces están para resolver conflictos. El juez debe ser independiente e imparcial. No es parte. No es el justiciero

Por eso, consideró que la contribución del Poder Judicial a la seguridad consiste en garantizar que el sistema funcione correctamente, respetando las responsabilidades y las reglas establecidas.

Finalmente, cuestionó la vigencia de los jueces de instrucción (figura que en Mendoza ya no existe, pero se mantienene en otras jurisdicciones, así como en la Justicia Federal) en el modelo constitucional posterior a la reforma de 1994, al sostener que la investigación y el juzgamiento deben estar a cargo de actores diferentes.

Sobre “Ciudadanía y República”

“Ciudadanía y República”, de Andino Streaming, es un ciclo de contenido institucional y educativo, de periodicidad quincenal, orientado a explicar de manera clara y accesible los principales conceptos del sistema democrático, el funcionamiento de la Justicia y los derechos y deberes de los ciudadanos.

El programa busca acercar la Justicia a la ciudadanía y promover una participación informada en la vida democrática, a partir de un abordaje pedagógico de temas que suelen percibirse como lejanos o complejos.

• Dirección general: Mabel Cirona
• Producción ejecutiva: Erika García
• Dirección y producción audiovisual: Mike Bartoluce
• Producción periodística y conducción: Facundo La Rosa
• Entrevistado: José Valerio
• Edición y RRSS: Chiara Perrini
• Cámara y Fotografía: Mike Bartoluce
• Arte: Horacio Bogado