1 de noviembre de 2026
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Polémica

Javier Milei eliminó el organismo que investigaba la desaparición de niños en la dictadura

El presidente Javier Milei derogó la unidad que se encargaba de acompañar el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.

El Gobierno de Javier Milei oficializó hoy la derogación del Decreto 715/2004, que había establecido la "Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado", la cual accionaba en conjunto con la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.

Esta Unidad, creada en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, accediendo a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El decreto argumenta que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

En particular, se señala que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.

El presidente Javier Milei derogó la unidad que se encargaba de acompañar el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.

El presidente Javier Milei derogó la unidad que se encargaba de acompañar el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.

Los argumentos del decreto firmado por Javier Milei

El Gobierno fundamentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional.

Asimismo, se subrayó que la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales.

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