Imputaron a Silvina Batakis por contrataciones irregulares en el Banco Central
Foto: Yemel FilEl fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y a la gerenta general, María del Carmen Barros, en la causa que investiga la polémica generada por la contratación de familiares. El caso salió a la luz luego de que se filtrara que una famosa numeróloga había sido contratada por la entidad.
La investigación se produjo luego de que la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, denunciara la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. A su vez, se conoció que el expediente está a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
Según la acusación, las funcionarias Batakis y Barros "habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del Directorio" del Banco Nación en "la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como 'Pitty, la numeróloga' para un 'curso de coach' por la suma de $1.800.000". A su vez, también intervinieron en "la designación de Héctor Javier Silva, ex marido de Silvina Aída Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA"; y "el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de María del Carmen Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA".
Por otro lado, se cuestiona el nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de María del Carmen Barros, como Gerente Departamental del Banco Nación. Sumado a ello, el aval de la titular de la entidad para que Barros cobre un sueldo mensual de 900 mil pesos.
"El insospechado grado de impunidad de esta gente les hace creer que pueden cobrar millones de pesos de una entidad pública y que cuando le preguntan cuál fue el servicio prestado decir que es algo privado. Como si esto fuera poco, en otra parte de la entrevista la numeróloga dijo que ni siquiera prestaba el servicio en el Banco, sino que la gerenta general del Banco Nación se acercaba a su lugar de trabajo donde hay cámaras", explicó Ocaña en la denuncia.
Y agregó: "¿Cuál es el servicio que le puede prestar una numeróloga al Banco de todos los argentinos que no lo prestaba en el Banco y que la gerenta general debía ir hasta su lugar de trabajo? Mas que un servicio para el Banco es claro que el servicio es un servicio privado para Barros y que lo abonó mediante una factura apócrifa que se cobró con dinero público que le pertenece a todos los argentinos".
Por su parte, la numeróloga Pitty reconoció que percibió 1,8 millones de pesos por un lapso de seis meses como asesoría aunque ella dijo que simplemente la contrataron y deslindó todo tipo de responsabilidad.
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