El Gobierno de Mendoza prorrogó el contrato con la empresa que brinda la provisión de alimentos para el Servicio Penitenciario provincial. Se trata de dos millones de raciones por unos $32.350 millones. La medida fue autorizada a través del decreto 1930, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La normativa extiende la contratación adjudicada originalmente mediante el Decreto N° 914/2025 a Clisa Interior S.A. para garantizar la continuidad del servicio de alimentación en los establecimientos penitenciarios y para el personal que cumple funciones bajo determinados regímenes de guardia.
Cuánto costarán las raciones de alimento para las cárceles de Mendoza
De acuerdo con el decreto, el precio de cada ración quedó fijado en $16.175,35, según la última adecuación de precios aprobada por el Gobierno. La prórroga comprende dos millones de raciones (cuatro comidas diarias), distribuidos presupuestariamente de la siguiente manera:
2026: 564.024 raciones, por $9.123.285.608,40.
2027: 1.435.976 raciones, por $23.227.414.391,60.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
La contratación contempla la provisión de alimentos para las personas privadas de la libertad alojadas en los distintos establecimientos del Servicio Penitenciario Provincial, tanto permanentes como transitorios. También incluye la alimentación del personal que cumple guardias de 24 horas, de los cadetes que permanecen internados bajo esa modalidad y la provisión de media ración para los agentes que trabajan en turnos de 12 horas.
En abril de 2026, la Provincia aprobó un convenio de adecuación de precios, reconocimiento de deuda y pago celebrado con Clisa Interior S.A., correspondiente a la contratación adjudicada en 2025. El valor unitario utilizado para calcular la prórroga surge de esa última adecuación.
Desde el punto de vista legal, la Dirección Legal y Técnica del Servicio Penitenciario consideró que estaban cumplidos los requisitos para extender el contrato. La Ley 8706 permite prorrogar este tipo de contrataciones por única vez, siempre que la posibilidad esté contemplada en los pliegos y que se respeten las condiciones establecidas por la normativa, señala el decreto.