Se trata del acuerdo alcanzado con la Nación para compensar deudas y acreencias entre ambas jurisdicciones. La negociación incluye fondos para las rutas nacionales 40 y 143, reclamos fiscales y de vivienda y el cierre de dos demandas que la el Gobierno de Mendoza mantiene ante la Corte Suprema.
La Legislatura deberá aprobar el acuerdo financiero firmado entre el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economia, Luis Caputo.
X @LuisCaputoAREl Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura de Mendoza una de las principales negociaciones financieras que mantiene con la administración de Javier Milei. Se trata del acuerdo que busca ordenar y compensar las deudas cruzadas entre la Provincia y la Nación y que, una vez realizado ese cálculo, dejará a Mendoza con un saldo de $212.152 millones a pagar al Estado nacional.
El convenio fue firmado el pasado 27 de julio por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, dentro del denominado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Ahora necesita la ratificación de la Legislatura para avanzar.
La operación parte de dos números. Por un lado, Mendoza reconoce una deuda con la Nación de $333.434 millones, vinculada con el anticipo financiero que recibió a comienzos de este año. Por otro, el Gobierno nacional reconoce acreencias a favor de Mendoza por $121.282 millones.
Al compensar ambas cifras queda el saldo de poco más de $212 mil millones que deberá cancelar la Provincia.
Uno de los puntos centrales del entendimiento tiene que ver con las rutas nacionales que atraviesan Mendoza, en medio de los reclamos de la Provincia por el estado de la infraestructura vial y la falta de ejecución de obras nacionales.
De los $121.282 millones que la Nación reconoce a favor de Mendoza, $80.000 millones corresponden a trabajos sobre las rutas nacionales 40 y 143. Es decir, aproximadamente dos tercios de las acreencias reconocidas están relacionadas con infraestructura vial.
El esquema contempla además casi $39.000 millones vinculados al Consenso Fiscal y otros $2.295 millones correspondientes a obras de vivienda.
Sin embargo, el reconocimiento de los $80.000 millones destinados a las rutas no es incondicional. El convenio establece que estará sujeto a la ejecución efectiva de las obras y a la supervisión de Vialidad Nacional.
Si existieran incumplimientos, Nación podrá reducir proporcionalmente la compensación y reclamar el reintegro de los fondos, incluso mediante descuentos sobre los recursos que Mendoza recibe por coparticipación.
El acuerdo establece un cronograma para cancelar el saldo resultante de la compensación. En una primera etapa, Mendoza deberá pagar $97.500 millones en cuatro cuotas mensuales desde agosto de 2026. Luego tendrá que afrontar en diciembre un pago de $8.434 millones en concepto de intereses.
Finalmente, quedará un saldo de $106.217 millones, que será cancelado en siete cuotas a partir de junio de 2027.
La deuda tendrá una tasa nominal anual del 15% y contará con una garantía clave: los recursos correspondientes a la coparticipación federal.
Esto implica que, ante un eventual incumplimiento, el Gobierno nacional podrá retener automáticamente los montos correspondientes de las transferencias que debe recibir Mendoza.
Según los informes financieros incorporados al expediente legislativo, la reprogramación de los compromisos representa para la Provincia un beneficio financiero estimado en $7.677 millones, fundamentalmente por el diferimiento de vencimientos y las nuevas condiciones acordadas.
El entendimiento tiene otro componente relevante que seguramente formará parte de la discusión política en la Legislatura: Mendoza deberá desistir de dos acciones judiciales contra el Estado nacional que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia.
Una corresponde al reclamo que inició la Provincia por las modificaciones realizadas en 2023 al Impuesto a las Ganancias, durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.
La segunda está relacionada con la eliminación del Fondo Federal Solidario (FOFESO), conocido como Fondo Sojero, que había sido creado en 2009 para distribuir entre las provincias una parte de los recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones de soja y fue eliminado durante la presidencia de Mauricio Macri.
El argumento del Ejecutivo mendocino es que ambos procesos judiciales tenían resultados inciertos y plazos difíciles de determinar, mientras que el acuerdo alcanzado con Nación permite convertir parte de esos reclamos en créditos concretos y reordenar el perfil financiero provincial.
El proyecto deberá ahora atravesar el debate legislativo. Allí no sólo se pondrán sobre la mesa los $121.282 millones reconocidos por Nación y la deuda de $212.152 millones que queda a cargo de Mendoza, sino también las condiciones sobre las obras viales y la decisión de abandonar dos litigios contra el Estado nacional.
