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Vivienda

El Gobierno consiguió el aval de la Legislatura para ampliar el fondo destinado a viviendas para docentes

La Legislatura dio sanción final a la ampliación del Fondo Escolar Permanente para financiar programas de viviendas para docentes.

Por Florencia Martinez del Rio

La Legislatura de Mendoza dio sanción final al proyecto del Gobierno que amplía el destino de los recursos del Fondo Escolar Permanente para financiar programas de viviendas para docentes. De esta manera, los bienes provenientes de remates de herencias vacantes y de procesos de extinción de dominio podrán ser utilizados como respaldo para facilitar el acceso al crédito.

La Cámara de Senadores sancionó este martes, por mayoría de votos, la iniciativa que modifica la Ley 9545 para "modernizar su funcionamiento, ampliar sus fuentes de financiamiento y generar nuevas herramientas" que mejoren acceso a la vivienda del personal docente de la provincia. Desde la semana pasada ya tenía el aval de Diputados. La votación resultó con 25 votos a favor, 1 negativo y 7 abstenciones.

Qué cambia con la sanción definitiva de la Legislatura de Mendoza

A los bienes provenientes de remates de herencias vacantes y de procesos de extinción de dominio se incorporan los recursos obtenidos por la enajenación, subasta o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, vehículos e insumos que se encuentren en desuso o en situación de rezago y estén bajo administración de la Dirección General de Escuelas (DGE).

De esta manera, la norma amplía los recursos que pueden integrar el Fondo Escolar Permanente, pero también sus destino. Las rentas podrán ser utilizadas para la adquisición de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares y de espacios vinculados con la comunidad educativa. Ahora, se suma una herramienta financiera para intentar atender el déficit habitacional del personal docente.

La DGE podrá afectar recursos del Fondo como garantía, contragarantía, caución, reserva, respaldo o mecanismo equivalente para operaciones crediticias, bancarias o financieras, así como para programas de acceso a soluciones habitacionales y urbanización.

Viviendas del IPV.

La operatoria será administrada en conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), organismo que tendría a su cargo las convocatorias y la implementación de los distintos programas. Desde la cartera educativa indicaron que este Fondo acumula más de $500 millones provenientes de remates realizados durante el último año y que existen otros 12 procesos en evaluación.

Quiénes podrán acceder

Tras la sanción de la norma, el Gobierno deberá promulgarla y reglamentarla. Una vez definida la oferta habitacional disponible en cada departamento y la cantidad de terrenos urbanizados, se abrirá la inscripción para que docentes -titulares y suplentes- y celadores interesados puedan postularse a las distintas líneas de acceso a la vivienda, según explicó el Ministerio. Los modos de ingreso a los programas serán en base a los ya existentes: con ahorro previo o a través de financiamiento hipotecario.

Cuestionamientos a la ley

Durante la sesión, el senador Luis Novillo (PJ), informó que su bloque se abstendría en la votación. “Sabemos que existe una necesidad habitacional entre los docentes, pero también la padecen trabajadores de la seguridad, la salud, la administración pública y miles de empleados estatales. No nos parece que sea la DGE la que tenga que hacerse cargo de resolver el problema de la vivienda”, afirmó.

Al tiempo que desde Encuentro Mendocino cuestionaron "la falta de precisiones" sobre el alcance concreto de la iniciativa y advirtieron que no está claramente establecido quiénes podrán acceder a las viviendas, cuáles serán los requisitos ni cuál es el déficit habitacional específico del sector docente.

“Las escuelas mendocinas tienen importantes necesidades de infraestructura. La función de estos fondos debe ser mejorar y sostener las condiciones edilicias del sistema educativo. La política habitacional, en cambio, debe ser abordada por el organismo que tiene esa responsabilidad”, sostuvieron.

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