La iniciativa permite utilizar recursos de la DGE para respaldar operatorias habitacionales destinadas a docentes y fortalecer la infraestructura escolar.
Buscan facilitar el acceso a la vivienda para docentes de Mendoza.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó y giró al Senado el proyecto de ley del Gobierno que propone ampliar el funcionamiento del Fondo Escolar Permanente para impulsar programas de acceso a la vivienda destinados al personal docente.
La iniciativa modifica la Ley 9545, sancionada en 2024, e incorpora nuevas herramientas para que la Dirección General de Escuelas (DGE) pueda utilizar determinados recursos como respaldo de operatorias financieras vinculadas a soluciones habitacionales.
Según había explicado semanas atrás el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, el objetivo es aprovechar los recursos provenientes de distintos activos estatales para generar mecanismos que permitan ampliar la oferta de viviendas para docentes y celadores.
El proyecto incorpora nuevas fuentes de financiamiento al Fondo Escolar Permanente. Entre ellas, se incluyen los bienes en desuso, las herencias vacantes y otros activos que puedan ser transformados en recursos económicos.
La propuesta también establece que los ingresos obtenidos continuarán destinándose a la construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de establecimientos educativos, aunque suma la posibilidad de utilizarlos como garantía para programas habitacionales.
De acuerdo con los fundamentos del Ejecutivo, la intención es crear un Régimen de Garantía y Disponibilidad Restringida que permita respaldar operaciones crediticias sin afectar el funcionamiento habitual del sistema educativo.
El Gobierno sostiene que el déficit habitacional entre los trabajadores de la educación requiere nuevas herramientas financieras que permitan utilizar recursos públicos para facilitar inversiones y mejorar el acceso a la vivienda.
Según un relevamiento realizado por la Dirección General de Escuelas, alrededor del 50% de los docentes enfrenta algún tipo de problema habitacional.
El diagnóstico contempla a quienes alquilan, mantienen créditos relacionados con la vivienda o no cuentan con una casa propia.
Cuando el proyecto fue presentado en la Legislatura, García Zalazar explicó que el Fondo Escolar Permanente ya acumula más de 500 millones de pesos provenientes de remates realizados durante el último año y que existen otros 12 procesos en evaluación que podrían ampliar esos recursos.
Además, el funcionario señaló que la operatoria sería administrada en conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), organismo que tendría a su cargo las convocatorias y la implementación de los distintos programas habitacionales.
Durante el tratamiento en el recinto, la diputada radical Elisabeth Crescitelli defendió la iniciativa y destacó que, desde la creación del fondo, el Ejecutivo detectó la posibilidad de incorporar nuevos bienes para fortalecerlo. Cambia Mendoza y La Libertad Avanza respaldaron el expediente.
Si bien la oposición planteó cuestionamientos sobre la viabilidad de la propuesta, también se acompañó mayoritariamente desde las distintas bancadas. Seis legisladores peronistas se abstuvieron por la falta de precisiones sobre el programa y la dificultad de que los salarios actuales faciliten el acceso a este tipo de operatorias.
Desde La Unión Mendocina, Rolando Scanio advirtió que muchos docentes no podrían acceder a las líneas crediticias debido a los requisitos económicos exigidos. Lucas Ilardo, de Fuerza Patria, acompañó el texto, aunque reparó que "es una mentira para los docentes". "Pero no voy a permitir que mañana digan que el peronismo no queremos viviendas para los docentes", aclaró.
La norma fue aprobada por 35 votos afirmativos, cero negativos y seis abstenciones.
