La comparación del sueldo de concejales en Mendoza muestra una tremenda inequidad entre los distintos departamentos. Además, hay poca transparencia en la información al respecto.
¿Cuánto ganan los concejales en Mendoza? En un municipio cobran igual que un senadorConcejo Deliberante en Guaymallén.
La disparidad de los salarios de los concejales según el departamento en la provincia de Mendoza, es abismal y no deja de sorprender. Incluso, en un municipio ganan casi lo mismo que un senador provincial, lo que genera cierta molestia en los legisladores. Gracias a un pedido realizado bajo la Ley de Acceso a la Información Pública, por parte de Aconcagua Radio (de la periodista Nimsi Franciscangeli), se conocieron los sueldos que perciben los concejales en distintos departamentos.
Los datos revelan profundas inequidades entre los haberes que cobran por el mismo cargo en distintas comunas. El caso más llamativo es el de un Concejo, donde un edil percibe una dieta muy cercana a la de un senador provincial, que en mayo cobró $3.556.955.
Es el caso de Guaymallén, donde los 12 concejales tienen un bruto de $4.182.877, lo que hace un neto de $3.353.863. La diferencia con otros municipios es notoria.
En Rivadavia, los concejales tienen un bruto de $1.838.228, lo que hace un neto de $891.939. En La Paz, el sueldo de un concejal es de $850.000, mientras que en Malargüe llega a los $2.690.322 de bolsillo, a partir de un haber bruto de $3.244.352. En tanto, en Luján de Cuyo el sueldo bruto es de $2.174.178 y el neto, de $1.924.579.
El pedido de información fue realizado en el marco de la ley de acceso a la información pública (AIP), que en Argentina se rige por la Ley 27.275 sancionada en 2016 y que en Mendoza fue sancionada en 2018 (Ley 9070).
Si bien esta norma invita a los municipios y a los demás poderes del Estado a adherir voluntariamente, hasta el momento solo lo han hecho ocho Concejos Deliberantes: La Paz, Ciudad de Mendoza, Malargüe, Rivadavia, Guaymallén, Luján de Cuyo, Las Heras y Tupungato.
Sin embargo, de los adheridos, no todos cumplieron con su obligación legal de responder. Ciudad de Mendoza, Las Heras y Tupungato no contestaron el requerimiento dentro del plazo legal de 15 días hábiles.
Por otro lado, en cuanto a los municipios, solo Lavalle y Maipú no están adheridos a la norma.
En Mendoza, la materia fue regulada en 2018 con la Ley 9.070, la cual obliga a los distintos organismos del Estado provincial a publicar de forma periódica la información que sea relevante para garantizar la transparencia de sus acciones, sin la necesidad de un requerimiento de la ciudadanía (transparencia activa).
A finales de 2024, la ONG “Fundación Nuestra Mendoza” realizó un relevamiento sobre el cumplimiento de la normativa por parte de los sujetos obligados (Gobierno, ministerios, entes descentralizados y autárquicos, Legislatura, Poder Judicial, empresas públicas, municipios, concejos deliberantes, etc.). El estudio se centró en los sitios web de cada entidad.
Los resultados del informe fueron reveladores. Si bien la mayoría de los casos analizados cumplen en mayor o menor dimensión algunos aspectos de la Ley, a medida que se complejiza la información a publicar, el acatamiento cae sustancialmente. Tal es así que la entidad concluyó que persiste un “alto grado de incumplimiento” generalizado.
La primera falla detectada por la Fundación fue que de los 77 sujetos a evaluar, siete directamente no cuentan con portal web institucional. En tanto que otros dos (Maipú y Lavalle) no están adheridos a la Ley y disponen de mecanismos propios de acceso a la información pública.
El documento audita la información disponible en lo relativo a:
Además, controla un aspecto clave para complementar los datos disponibles: la facilidad de acceder a esos registros públicos (accesibilidad universal).
Ninguno de los ítems examinados por el relevamiento presenta un grado de cumplimiento total.
La difusión de lo concerniente a la Ley de AIP (procedimientos, plazos, información del funcionario que garantiza su cumplimiento, enlaces para efectuar pedidos de AIP y recursos de incumplimiento) es relativamente baja. Solo el 43% de los entes verificados lo publica de forma completa.
En cuanto a la inclusión de una pestaña específica referida a Transparencia Activa, es uno de los puntos con mejor rendimiento, ya que el 70% lo cumple en sus páginas web.