Este martes se retomó el tratamiento de la propuesta del oficialismo, que continuará la semana que viene. Se presentaron varios proyectos y hablaron sus autores.
Continúa el debate en Diputados
Foto: Prensa Diputados de la Nación ArgentinaUn plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina retomó este martes el debate del proyecto enviado por el Ejecutivo para la baja de imputabilidad. Propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.
No obstante, la discusión quedó inconclusa y continuará la próxima semana, debido a los diversos proyectos que engloban la temática, que fueron presentados por diferentes fuerzas políticas.
La titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), aseguró que todos los diputados que tengan proyectos “serán escuchados”.
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La cuestión central del debate giró en torno a la reducción de la edad de imputabilidad y los distintos bloques presentaron sus propias propuestas. Mientras el oficialismo aboga por reducirla de 16 a 13 años, la alianza entre el Pro y la UCR propone fijarla en 14 años.
Todos los proyectos coinciden en la necesidad de crear dependencias adecuadas para los menores, que incluyan programas educativos, deportivos y de capacitación laboral.
Durante la jornada, el diputado Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria) presentó y defendió su propio proyecto de ley. La propuesta contempla la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, aunque solicita un plazo de tres años para implementar las infraestructuras necesarias para la detención y rehabilitación de los adolescentes.
En sus palabras, el bonaerense destacó la importancia de considerar la responsabilidad tanto de los menores como de los adultos: “Este Código de Responsabilidad Penal Juvenil complementa la responsabilidad de los mayores. Cualquiera que quiera hablar de la responsabilidad de un menor tiene que hablar de la responsabilidad de un mayor”.
Por su parte, la chubutense Eugenia Alianiello (también de UP) expresó su desacuerdo con la simple reducción de la edad de imputabilidad. En su intervención, hizo un llamado a construir consensos y enfatizó la necesidad de herramientas de resocialización y de un enfoque que respete la dignidad de los adolescentes. “Perder la libertad es el castigo, pero no se puede permitir perder la dignidad”, afirmó.
Asimismo, el legislador nacional Martín Yeza (Pro) defendió la necesidad de una reforma que fije la edad de imputabilidad en 14 años y argumentó que ese es el estándar internacional. También, criticó el llamado “garantismo judicial” y puso énfasis en la importancia de pasar a una lógica de justicia que contemple la rehabilitación de los menores.
Presentada por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la iniciativa establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 13 a los 18 años, en el caso que sean imputados por algún delito tipificado en el Código Penal.
La norma prevé un máximo de penas de 20 años, aun cuando la escala penal fuese más elevada, con la posibilidad de disponer de “medidas alternativas” una vez cumplidos los dos tercios de la condena.
También contempla otras opciones distintas a la cárcel para delitos menores (con penas de tres a seis años); impone que la privación de la libertad deberá atravesarse en secciones separadas en los establecimientos penitenciarios; e instituye un sistema de investigación/abordaje para menores de 13 años sospechados de cometer delitos, aunque en este caso sostiene que en ese rango etario son inimputables.
A su vez, el plenario de las comisiones dictaminó sobre el proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, conocido como "Ley Antimafia". Aunque cabe destacar que la normativa incluye una cláusula controvertida: todos los miembros de una organización criminal serían penados con la condena máxima correspondiente al delito más grave atribuido a su grupo.
De esta manera, la diputada Patricia Vázquez (Pro) subrayó la utilización de menores por parte del narcotráfico y planteó que las consecuencias punitivas podrían servir como elemento disuasorio.
(Con información de noticiasurbanas y Parlamentario)