El Tribunal Penal Colegiado Nº 2 explicó los motivos que tuvo en cuenta para fijar la pena contra Kumiko Kosaka. Cantidad de hechos, cinco víctimas y su formación profesional. Los detalles.
Los fundamentos establecen una diferencia entre la pena impuesta y las medidas cautelares
Foto: Yemel Fil
El 24 de septiembre la Justicia mendocina condenó a la monja Kumiko Kosaka a 20 años de prisión tras hallarla culpable de siete hechos de abuso sexual contra alumnos del Instituto Antonio Próvolo. Este jueves, el Tribunal Penal Colegiado N°2 dio a conocer los fundamentos de la sentencia.
La resolución fue dictada luego de que el máximo tribunal provincial hiciera lugar parcialmente a los recursos presentados por la Fiscalía y las partes querellantes. En esa instancia, la Suprema Corte estableció la responsabilidad penal de Kosaka y remitió el expediente al Tribunal Penal Colegiado para que determinara la pena correspondiente.
Por ese motivo, los jueces aclararon que en esta etapa no correspondía volver a discutir la responsabilidad penal ya establecida, sino individualizar la sanción a partir de las circunstancias concretas del caso.
Uno de los elementos centrales considerados por el tribunal fue la cantidad de hechos por los cuales Kosaka fue declarada responsable. Según los fundamentos, se trata de siete delitos en concurso real y cinco víctimas, en hechos que se produjeron entre los años 2005 y 2009.
El tribunal consideró que esa circunstancia permitía descartar que se tratara de un episodio aislado y ponderó la existencia de una continuidad temporal de los hechos al momento de establecer la pena. La Fiscalía había solicitado 22 años de prisión, además de 10 años de inhabilitación para ejercer actividades vinculadas al cuidado, custodia o educación de menores. Una de las querellas había solicitado 20 años y otra 22.
La defensa, en tanto, cuestionó la proporcionalidad de las penas solicitadas y planteó como circunstancias favorables la ausencia de antecedentes penales, la conducta mantenida durante el proceso y el arraigo domiciliario, patrimonial y laboral. Finalmente, el tribunal fijó la pena en 20 años de prisión.
Entre los aspectos que los jueces ponderaron para determinar la sanción se encuentra la situación de vulnerabilidad de los menores involucrados. Los fundamentos toman especialmente en consideración el contexto del Instituto Antonio Próvolo, donde se desempeñaba Kosaka, y las características de los alumnos, muchos de ellos con barreras comunicacionales derivadas de la hipoacusia.
Para el tribunal, esas circunstancias generaban una particular situación de vulnerabilidad y una relación asimétrica de poder respecto de quienes tenían funciones de cuidado y protección. Los jueces también valoraron la extensión del daño producido a las víctimas, teniendo en cuenta las consecuencias físicas y psicológicas descriptas en el proceso.
De esta manera, la gravedad de las consecuencias fue incorporada como uno de los elementos utilizados para determinar la cantidad de años de prisión
Uno de los fundamentos a los que el tribunal otorgó especial importancia fue la formación profesional de Kosaka. Los jueces señalaron que para fines de 2005 era estudiante avanzada de Educación Especial, especializada en personas con discapacidades cognitivas, y que para 2007 ya contaba con un título terciario.
A partir de esa circunstancia, el tribunal consideró que Kosaka tenía herramientas específicas para comprender las situaciones que atravesaban los menores y las obligaciones derivadas de su función.
Según los fundamentos, esa formación hacía que fuera mayor la exigibilidad de que actuara de acuerdo con la ley. Los jueces señalaron que no se le exigía un comportamiento extraordinario, sino cumplir las funciones propias de su cargo, proteger a los alumnos o denunciar las agresiones.
El tribunal también tuvo en cuenta que Kosaka tenía alrededor de 30 años durante el período analizado y consideró que se encontraba en una etapa de madurez suficiente para comprender sus obligaciones.
En los fundamentos, los magistrados sostuvieron que, en lugar de utilizar sus conocimientos para contener y proteger a menores con barreras comunicacionales, había utilizado su posición de superioridad e instrucción para cometer o facilitar los abusos y sostener maniobras de ocultamiento. Ese razonamiento fue utilizado por el tribunal como una circunstancia agravante al momento de individualizar la pena.
Frente a esos elementos, los jueces también analizaron las circunstancias que podían favorecer a la condenada. El principal atenuante reconocido fue la carencia de antecedentes penales computables. El tribunal también consideró, aunque en menor medida, su condición de extranjera y la posibilidad de que esa circunstancia hubiera generado algún grado de dificultad de integración social.
Luego de confrontar los agravantes y atenuantes, el tribunal concluyó que una pena de 20 años de prisión resultaba adecuada dentro de la escala que estaba siendo considerada.
Los jueces explicaron que la individualización de la pena debía responder a criterios de culpabilidad y proporcionalidad y que no correspondía establecer el monto de manera automática, sino a partir de las características concretas del caso.
Otro de los puntos centrales de los fundamentos fue la decisión de no ordenar la detención inmediata de Kosaka, pese a la condena de 20 años. La Fiscalía y las querellas habían solicitado que fuera detenida.
Entre los argumentos planteados para sostener la existencia de un riesgo de fuga se encontraban la gravedad de la pena, aspectos vinculados con su situación laboral y patrimonial, sus vínculos familiares en el extranjero y un viaje realizado a Paraguay.
El tribunal, sin embargo, sostuvo que la existencia de una condena que todavía no se encuentra firme y la magnitud de la pena son circunstancias relevantes, pero no permiten por sí solas presumir de manera automática la existencia de un riesgo de fuga que justifique la prisión preventiva.
Los jueces analizaron además la conducta de Kosaka durante el proceso y consideraron relevante que hubiera continuado sometida a la causa, que se hubiera presentado a las distintas instancias y que hubiera concurrido a la audiencia en la que se determinó la pena.
La decisión no implica que Kosaka pueda desplazarse libremente. Mientras la condena no quede firme, el tribunal impuso una serie de medidas destinadas a garantizar su sometimiento al proceso.
Entre ellas se encuentran la obligación de fijar domicilio en Mendoza, prestar una fianza de 15 millones de pesos, presentarse semanalmente ante el tribunal, mantener habilitada una línea telefónica y comunicar sus datos.
Además, se le prohibió salir de Mendoza y del territorio argentino sin autorización judicial y se dispuso la retención de su pasaporte. También se ordenó comunicar la prohibición de salida del país a organismos como Migraciones, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
De esta manera, los fundamentos establecen una diferencia entre la pena impuesta y las medidas cautelares: Kosaka fue condenada a 20 años de prisión, pero mientras esa condena no quede firme permanecerá en libertad bajo un régimen de restricciones y control judicial.
