María Laura Yoma declaró ante la Fiscalía y sostuvo que nunca intervino en los créditos prendarios y que percibía un sueldo mensual como empleada.
La declaración de María Laura Yoma complicó a su propio hermano
La causa que investiga a Iván Yoma por presunta estafa y usura sumó una nueva declaración que podría ser relevante para reconstruir el funcionamiento de las sociedades vinculadas al empresario. Ahora, su hermana, María Laura Yoma declaró ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y negó haber participado en las operaciones de créditos prendarios que forman parte de la investigación.
Su relato introduce, además, una particularidad que la querella considera significativa: aunque aparece formalmente como integrante de una sociedad junto con su hermano, afirmó que se desempeñaba como empleada. Desde el comienzo de su declaración, María Laura Yoma sostuvo que la imputación le atribuye un delito que no cometió y explicó que su actividad estaba vinculada al estudio jurídico.
Dijo que realizaba tareas administrativas, pagos, cobros a compañías de seguros, distribución de fondos, facturación y otras labores relacionadas con expedientes de daños y perjuicios y accidentes de tránsito. En la declaración quedó ratificado que, al ser consultada por su profesión, se identificó como "empleada".
También explicó que comenzó a trabajar allí en 2025 y que, respecto de la sociedad, su hermano le había pedido que formara parte de ella en 2023.
Uno de los pasajes centrales de su declaración aparece cuando explica por qué terminó apareciendo como integrante de Asesoría Legal SA. Según relató, Iván Yoma le pidió que ocupara el lugar que había dejado otra persona después de desvincularse de la sociedad.
María Laura Yoma sostuvo que aceptó porque se trataba de su hermano y porque confiaba en su trayectoria profesional. Su explicación fue que la sociedad necesitaba contar con más de una persona y que ella simplemente ocupó formalmente ese lugar.
"Me pidió que sea parte de la sociedad porque el último socio se había desvinculado", relató ante el fiscal Emiliano Ortega. Según su testimonio, luego una escribana le avisó que debía firmar los libros correspondientes al cambio societario y ella lo hizo.
La precisión es importante porque la mujer negó que esa participación formal se hubiera traducido en una intervención efectiva en el negocio de los créditos prendarios. Cuando su abogado le preguntó específicamente si ella o Asesoría Legal SA habían participado de alguna manera en el otorgamiento o tramitación de créditos prendarios, respondió no de manera rotunda.
También negó conocer a las personas que tomaron esos créditos y afirmó que no tuvo relación con la oficina que desarrollaba esa actividad
Otro aspecto de su relato apunta a diferenciar el trabajo que realizaba ella del resto de las actividades que, según declaró, se desarrollaban en el edificio. María Laura Yoma explicó que el inmueble tenía dos pisos y varias oficinas, pero que ella trabajaba en un sector específico junto con abogados, una recepcionista y personal administrativo.
"No tengo idea de lo que se trabajaba con respecto al otro rubro", sostuvo. Admitió que sabía que en el lugar funcionaba "otro tipo de empresa u otro tipo de negocio", pero aseguró que desconocía cómo se realizaban esas operaciones, quiénes las administraban y cuál era su dinámica interna.
También afirmó que los gastos comunes del edificio, como alquileres o servicios, podían compartirse entre las distintas actividades, pero sostuvo que su contacto estaba limitado a las personas y clientes vinculados con el estudio jurídico en el que trabajaba.
La declaración también contiene otro dato que la querella considera relevante para interpretar cuál era, según la propia imputada, su verdadera relación con la estructura investigada. Consultada por su abogado sobre si percibía un sueldo como empleada o si tenía participación en las ganancias de la empresa, María Laura Yoma respondió que percibía un sueldo mensual como empleada.
Ese punto es central para la investigación y su vinculación en el caso, ya que existe una diferencia relevante entre aparecer registrado como socio de una sociedad y ejercer efectivamente las funciones propias de un socio, como tomar decisiones, administrar, impartir instrucciones y participar de las ganancias.
En esa línea, la declaración de la hermana de Yoma tiene cierta coincidencia con la declaración de Pablo Falco, quien también habría explicado que figuraba formalmente como socio de una sociedad vinculada a Yoma, pero que en los hechos era un empleado. La similitud, según el abogado querellante que dialogó con Sitio Andino, consiste en que tanto Falco como María Laura Yoma reconocen haber aparecido en documentación societaria como socios, pero describen una realidad laboral diferente.
Ambos se presentan como trabajadores que recibían instrucciones y un sueldo, mientras que atribuyen a Iván Yoma el control efectivo de las decisiones
Tras la audiencia, la Fiscalía hizo lugar al pedido de la defensa para modificar las condiciones de libertad de María Laura Yoma y la eximió de la obligación de presentarse cada 15 días. La medida no implicó el levantamiento del resto de las condiciones impuestas. El acta establece que debe mantener domicilio, no puede ausentarse de la provincia, de su lugar habitual de residencia ni del país sin autorización judicial, debe permanecer a disposición del órgano judicial y presentarse ante las citaciones que correspondan.
Además, quedó establecida una caución real de 40 millones de pesos, condición que, según el acta, ya había sido cumplida, y se mantuvo la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas y los testigos de la causa.
La declaración de María Laura Yoma se incorpora así a una investigación que busca determinar no sólo quiénes participaron de las operaciones denunciadas, sino también cómo estaba organizada la estructura societaria y cuál era el papel efectivo que desempeñaba cada una de las personas que aparecían vinculadas a las empresas investigadas.
Ahora, esta nueva declaración deberá ser contrastadas con la documentación societaria, los movimientos económicos, los contratos, las comunicaciones y el resto de la evidencia incorporada al expediente para determinar qué grado de participación tuvo cada uno de los integrantes de la estructura investigada.
