Endurecen el control sobre Uber y Cabify en Mendoza: nuevas reglas y restricciones.
Para los argentinos, y mendocinos en particular, es común tener más de un trabajo o changa que ayudan a "remarla" en época de crisis. Pero la inseguridad a veces expone situaciones ambiguas: es lo que pudo haberle pasado a un policía de Mendoza, que mientras trabajaba durante en su franco como chofer de la aplicación Uber se defendió a tiros de un asalto con su arma reglamentaria.
El hecho se conoció cerca de las 5 de la mañana de éste sábado, cuando la presunta víctima, identificado como P.L.R, auxiliar 2°, de 43 años, se presentó por su cuenta en la Comisaría 50 de Godoy Cruz para denunciar el hecho. Y aclarar que al momento de ocurrir el asalto se encontraba franco de servicio, es decir, sin ejercer su función como policía.
Según su relato, estaba al volante de su vehículo, un Fiat Cronos "trabajando de Uber" en el barrio 4 de Julio, de Godoy Cruz, cuando fue abordado por tres individuos. Uno de ellos delante del auto le apunta con un arma de fuego, mientras otro desde el costado del conductor le arroja una piedra para romper la ventanilla.
Eso hace que, de acuerdo a su declaración, desenfundara su arma reglamentaria Hi-Power para hacer 2 disparos a los asaltantes. Y finalmente irse del lugar rumbo a la Comisaría 50 a denunciar lo sucedido.
Minutos después ingresa una llamada a esa dependencia del Hospital Lencinas, desde donde informan el ingreso de un hombre con heridas de arma de fuego en el tórax, luego trasladado al Lagomaggiore. Era el aparente malviviente, un joven de 18 años identificado como Pablo Lara con domicilio en Godoy Cruz, que quedó imputado dentro de la causa que ya se investiga, pero no registra prontuario ni medidas pendientes que constaten un historial delictivo.
El expediente caratulado como "Averiguación Robo agravado en grado de tentativa y lesiones con arma de fuego" está en manos de la Oficina Fiscal N° 4 de Cria 27°. Pero al mismo tiempo, por estar involucrado un miembro de la Policía de Mendoza, también interviene la IGS (Inspección General de Seguridad), que tomó conocimiento por los abogados Mario Asencio y Omar Jadur.