El departamento de San Carlos contará con su propia Policía Ambiental Municipal, un cuerpo especializado que tendrá facultades para inspeccionar, fiscalizar y detectar infracciones relacionadas con la contaminación, la disposición de residuos y la formación de basurales clandestinos.
La normativa busca reforzar los controles sobre el manejo de residuos, prevenir daños ambientales y establecer mecanismos para que los vecinos puedan denunciar situaciones que afecten al ambiente.
Qué podrá controlar la nueva Policía Ambiental de San Carlos
De acuerdo con la ordenanza, el nuevo cuerpo estará integrado por personal de la planta municipal que deberá recibir capacitación específica en legislación ambiental, procedimientos de inspección y gestión de residuos.
Entre sus principales funciones se encuentran:
Detectar y denunciar la formación de basurales clandestinos.
Controlar el arrojo de residuos en calles, caminos, canales, acequias y terrenos baldíos.
Fiscalizar la disposición y el transporte de residuos.
Detectar quemas no autorizadas.
Inspeccionar establecimientos considerados grandes generadores de residuos.
Recibir denuncias de vecinos y reunir pruebas mediante fotografías, videos e informes técnicos.
Además, la Policía Ambiental podrá coordinar acciones con organismos provinciales y nacionales, fuerzas de seguridad y entidades vinculadas con la protección ambiental.
Multas de hasta 60.000 unidades tributarias y sanciones más severas
Uno de los puntos centrales de la ordenanza es la incorporación de un régimen de infracciones que contempla multas diferenciadas según la gravedad de la conducta.
La normativa establece tres categorías:
Para las multas por infracciones consideradas leves, se prevé multas de 10.000 a 20.000 UTM, para las graves de 20.001 a 40.000 UTM y para las gravísimas de 40.001 a 60.000 UTM
Entre las infracciones graves se encuentran arrojar residuos en lugares no autorizados, generar microbasurales u obstaculizar las inspecciones.
En tanto, serán consideradas infracciones gravísimas la generación o mantenimiento de basurales a cielo abierto, el vuelco de residuos en cursos de agua cuando exista riesgo ambiental y las quemas incontroladas que puedan afectar a la población.
La ordenanza también establece que, en caso de reincidencia, las multas podrán incrementarse hasta el triple del máximo previsto para la infracción correspondiente.
Las sanciones podrán incluir, además, tareas obligatorias de limpieza, suspensión de habilitaciones comerciales, clausuras y decomiso de elementos utilizados para cometer las infracciones, cuando legalmente corresponda.
La Unidad Tributaria Municipal (UTM) de San Carlos es de $176,00. Este importe rige a partir del 1 de noviembre de 2026, según lo dispuesto por el Ejecutivo Municipal.
Los propietarios también podrán ser responsables
Otro aspecto relevante es que la normativa incorpora un régimen de responsabilidad solidaria. Cuando no sea posible identificar al responsable directo de una infracción, la responsabilidad podrá presumirse sobre el propietario registral del inmueble o quien tenga a su cargo su utilización o explotación.
Asimismo, la Municipalidad podrá exigir la limpieza y recomposición del lugar afectado, independientemente de la multa aplicada.
Denuncias ambientales y participación de los vecinos
La ordenanza dispone que el Ejecutivo municipal implemente un sistema para recibir denuncias ambientales mediante canales digitales, telefónicos o presenciales.
También contempla la posibilidad de recibir denuncias anónimas cuando existan razones fundadas para proteger la identidad del denunciante.
Por otra parte, se creará un registro municipal de infracciones y denuncias ambientales y se implementarán campañas educativas sobre separación de residuos, reciclaje y cuidado de los espacios públicos.
La autoridad de aplicación deberá presentar anualmente al Concejo Deliberante un informe con las denuncias recibidas, infracciones detectadas, sanciones aplicadas y principales problemáticas ambientales del departamento.
Con esta ordenanza, San Carlos establece un nuevo esquema de fiscalización ambiental, cuya puesta en funcionamiento dependerá de la organización del cuerpo especializado, la asignación de recursos y la implementación de los mecanismos de control previstos.