La causa penal que involucra al exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, continúa sin una resolución de fondo y suma nuevos capítulos que incrementan su complejidad institucional. En las últimas horas, dos magistrados resolvieron apartarse voluntariamente del expediente, una situación que se agrega a la inhibición presentada días atrás por la jueza Belén Salido.
Dos jueces se apartaron de la causa contra Marcelo D'Agostino y aumenta la tensión judicial
Los magistrados decidieron apartarse del expediente mientras la querella impulsó nuevos cuestionamientos sobre la integración del tribunal. Los detalles.
Los distintos planteos reflejan una discusión que atraviesa actualmente buena parte del proceso: la necesidad de garantizar no sólo la imparcialidad efectiva de los jueces, sino también la confianza pública en la apariencia de imparcialidad de quienes intervienen en el caso.
La querella pidió apartar a la jueza Eleonora Arenas
La presentación más reciente fue impulsada por la querella, que solicitó el apartamiento de la jueza Eleonora Arenas del tribunal. La abogada María Elena Quintero sostuvo que la magistrada debía intervenir en la recusación promovida contra la conjueza María Jimena Pina González, por lo que cuestionó la posibilidad de que Arenas participe en decisiones vinculadas a ese planteo.
Según el escrito, la recusación se sustenta en dos circunstancias que la querella considera relevantes para evaluar la imparcialidad objetiva del órgano judicial. Por un lado, afirmó que Pina González respaldó formalmente ante el Senado provincial la postulación de Arenas para ocupar un cargo en el Tribunal Penal Colegiado. Por otro, señaló que la conjueza intervino como defensora particular de Arenas en una causa penal anterior.
De acuerdo con la presentación, ambos antecedentes evidenciarían una relación de confianza personal incompatible con la participación de Arenas. Se trata de una decisión que involucra directamente a quien previamente la apoyó institucionalmente y ejerció su defensa técnica.
Sobre esa base, la querella hizo hincapié en las causales de amistad íntima y de circunstancias graves que podrían afectar la imparcialidad, previstas en el Código Procesal Penal de Mendoza. Asimismo, Quintero sostuvo que esos antecedentes no habrían sido informados oportunamente a las partes y advirtió que "la omisión afecta la apariencia de neutralidad que debe exhibir todo órgano jurisdiccional".
Arenas decidió apartarse del caso para preservar la confianza pública
Mientras el incidente comenzaba a tramitarse, la propia jueza Eleonora Arenas resolvió inhibirse de intervenir en la causa. En su resolución, la magistrada negó la existencia de cualquier vínculo con D'Agostino que exceda el plano estrictamente profesional y recordó que en oportunidades anteriores ya había rechazado cuestionamientos de características similares.
No obstante, explicó que la creciente exposición pública y mediática del expediente generó un escenario susceptible de afectar la confianza ciudadana en la imparcialidad del proceso. Aunque manifestó sentirse plenamente capacitada para actuar con independencia y objetividad, consideró que la preservación de la transparencia institucional justificaba su apartamiento.
Diego Lusverti también se apartó del expediente
La situación se suma a la inhibición presentada por el juez Diego Lusverti, integrante del mismo Tribunal Penal Colegiado N°1 de la Primera Circunscripción Judicial. El magistrado explicó que decidió apartarse por entender que su posición como tercero imparcial podría verse comprometida por distintas circunstancias vinculadas al desarrollo de la causa.
Entre los fundamentos mencionó haber sido ofrecido como testigo por la defensa de D'Agostino en un incidente previo, haber promovido junto a otros magistrados una denuncia administrativa relacionada con la filtración de mensajes internos del tribunal y ser, además, uno de los jueces directamente afectados por esa situación.
Lusverti sostuvo que esos elementos configuran una situación de “violencia moral”, causal de inhibición contemplada por el Código Procesal Penal
Además, advirtió sobre el riesgo de que la sucesión de recusaciones, testimonios e incidentes procesales continúe demorando la definición del expediente.
Con las inhibiciones de Arenas, Lusverti y la previamente presentada por María Belén Salido, el expediente atraviesa una nueva etapa marcada por los debates sobre las garantías de imparcialidad judicial.
La denuncia por violencia de género contra Marcelo D'Agostino
El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino fue imputado en abril por la Justicia por tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones en un contexto de violencia de género. El delito de mayor gravedad en la denuncia es el de abuso sexual, aunque hasta el momento la fiscalía no avanzó con una imputación formal en ese sentido.
La denuncia original consta de un documento de 40 páginas, en el que la mujer detalla una serie de episodios que, según su relato, fueron escalando en violencia con el paso del tiempo. El escrito incluye acusaciones por agresiones físicas, abuso sexual, amenazas y el presunto uso intimidatorio del poder institucional, configurando un cuadro de extrema gravedad.
La denunciante relató que la situación comenzó con violencia psicológica, caracterizada por el control constante de sus actividades. Aseguró que el funcionario le exigía acceso a su teléfono celular y redes sociales, además de imponerle condiciones sobre sus movimientos, como el envío de su ubicación en tiempo real.
El relato también incluye episodios de humillación y castigo. Entre ellos, mencionó situaciones en las que era expulsada del domicilio durante la madrugada, quedando sola en la vía pública dentro de un barrio privado de Las Heras.
Además, relató hechos de violencia material, como la destrucción de su teléfono celular, y episodios en los que D'Agostino le exigía grabaciones de audio con supuestas "confesiones", que luego podrían ser utilizadas en su contra.