La insensatez de 25 amigos para la Corte.
No hay dos sin tres, reza el dicho popular. Por ello, a pesar de haber fracasado en los dos intentos anteriores de modificar el sistema de justicia, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner va por el tercer intento: la ampliación a 25 del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Senado de la Nación retomó esta semana la discusión de los proyectos relacionados con la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestión que le interesa particularmente al kirchnerismo. De hecho, uno de los proyectos en debate pertenece a la mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Diversos gobiernos ampliaron el número de integrantes de la Corte, en los años 90 Menem la llevó de cinco miembros a nueve integrantes. Hecho institucional conocido como la “mayoría automática” que funcionó con la precisión de un experto cirujano para darle al entonces presidente Menem, los fallos que le interesaban servidos en bandeja.
La idea fija de algunos sectores del gobierno por licuar el poder de Comodoro Py, hizo que se presentara un proyecto para mezclar el fuero federal con el de Instrucción. Fue el prmer intento de “reformar la justicia”
A mediados de 2020, cuando la pandemia nos tenía a todos encerrados, el oficialismo presentó un proyecto para diluir a los 12 juzgados federales de la Capital. Allí se investigan los casos de corrupción que involucran a los funcionarios del Poder Ejecutivo de cualquier gobierno, como los de lavado de dinero, narcotráfico o cualquier delito vinculado con la corrupción pública.
La intención del Gobierno era fusionar los 12 juzgados federales con los 11 juzgados en lo Penal Económico -que investigan casos de contrabando y evasión impositiva- hasta alcanzar 23 juzgados en lo que se iba a llamar el Fuero Penal Federal. El Senado con los votos oficialistas aprobó la reforma judicial que no llegó a tratarse en Diputados porque no podía alcanzarse el número de legisladores necesario para convertirla en Ley.
El Gobierno nunca pudo designar al juez federal Daniel Rafecas al frente de la Procuración General de la Nación, desde donde se ejerce la jefatura de todos los fiscales nacionales y federales. Alberto Fernández lo anunció, hubo foto y desde diciembre de 2019 cuando se hizo pública la postulación, el trámite de Rafecas no ha dado un solo paso en el Senado que maneja Cristina Fernández de Kirchner. Vale recordar que, para la designación del jefe de los fiscales nacionales y federales hace falta conseguir los votos de los dos tercios del Senado. Igual que para nombrar jueces en la Corte.
La Procuración General de la Nación está en manos interinamente de Eduardo Casal, en virtud de que es el más antiguo procurador ante la Corte . El oficialismo intentó modificar el modo en que se elige a la cabeza del Ministerio Público Fiscal, ya que el Kichsnerismo no estaba de acuerdo que el Procurador fuera el juez federal Rafecas (candidato del Presindente) ni muchos menos Casal. Por ello, propuso que en vez de con dos tercios de los votos del Senado se pudiera nombrar a una persona al frente de Procuración General de la Nación con mayoría simple. Tal proyecto eliminaba a la oposición en la decisión de elegir a tan alto magistrado.
El juez Daniel Rafecas cuando se anunció su nominación como candidato de Alberto Fernández para la Procuración General de la Nación
A partir del ejemplar fallo de la Corte de diciembre del 2021, que declaró inscontitucional la modificación del Consejo de la Magistratura que impulsò Nestor kichner a través de la ley 26080, la furia del gobierno se desató (sin fisuras internas en este caso) contra los miembros de la Corte.
A tal punto, que Alberto Fernández juntó a los gobernadores de su partido (salvo Schiaretti de Córdoba y Perotti de Santa Fe) para avanzar en la modificación del número de jueces de la Corte para que sean 25 los miembros con una fuerte injerencia de los gobernadores de provincias en su designación.
Puede ser el tercer fracaso del gobierno K para colonizar la justicia, si así fuera, enhorabuena para la división de poderes, pilar fundamental del sistema republicano.
En Cambio, si el tercer intento por apropiarse de la justicia se impusiera, sería el tiro de gracia a una ya herida justicia independiente, y por ende, de la propia República.