La Justicia instó al Gobierno a entregar los contratos del programa de TV "6,7,8"
La denuncia había sido presentada por la periodista Mariel Fitz Patrick, que trabaja en el programa Periodismo para todos , de Jorge Lanata, que se emite en El Trece.
El Gobierno deberá entregar una copia de los contratos de Canal 7 con la productora Pensado para Televisión, del empresario Diego Gvirtz, creador del programa hiperkirchnerista 6,7,8 .
Así lo confirmó ayer la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, al ratificar una sentencia de primera instancia de junio pasado de la jueza María José Sarmiento, que había sido apelada por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Juan Manuel Abal Medina. El caso es especialmente relevante en materia de acceso a la información pública , una dificultad que enfrentan los ciudadanos en general, y el periodismo en particular, en especial cuando se trata del uso de los recursos públicos.
La denuncia había sido presentada por la periodista Mariel Fitz Patrick, que trabaja en el programa Periodismo para todos , de Jorge Lanata, que se emite en El Trece.
El 14 de diciembre de 2012 la periodista había planteado un pedido de acceso a la información, en el que solicitó copias de los contratos celebrados con Gvirtz por Radio y Televisión Argentina (RTA), dueña de Canal 7 y Radio Nacional, en los años 2010, 2011 y 2012. El pedido fue denegado por Abal Medina el 17 de enero de este año, con el argumento de que la periodista "no tiene interés legítimo".
Ante esta negativa oficial, Fitz Patrick, con el patrocinio de los abogados de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), recurrió a la Justicia, que con este fallo le dio la razón por segunda vez.
El fallo de segunda instancia tiene fecha del 31 de octubre, pero recién fue difundido ayer por el Centro de Información Judicial (CIJ), agencia de noticias de la Corte Suprema. La cámara confirmó los argumentos de la jueza Sarmiento, que a su vez había adherido a los ofrecidos por el fiscal Fabián Canda, quien consideró que al tratarse de un pedido de acceso a la información es de aplicación el reglamento contenido en el decreto 1172/03.
Ese decreto expresamente establece que no es necesario "acreditar derecho subjetivo o interés legítimo".
A su vez, el dictamen refiere a los estándares interamericanos en materia de derechos humanos que también se aplican al caso tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia en el caso "ADC c. PAMI", en diciembre de 2012 .
"El fallo confirma que la creciente invocación de la ley de protección de datos personales para negar información pública es inadmisible. La ADC detectó en una investigación realizada el año pasado que ésta es una excusa que la administración utiliza cada vez más, y por eso decidimos cuestionar esos criterios en todos los casos que podamos. Este caso es uno más que se suma a otros en los que el poder judicial nos ha dado la razón", sostuvo Ramiro Álvarez Ugarte, director de Acceso a la Información de la ADC.
