Hay familias que no por ser humildes y estar en lo más bajo de todos los índices formales de pobreza dejan de luchar intensamente por el sueño de la casa propia que le brinde a sus integrantes las mínimas condiciones de calidad de vida. No obstante, algunos hechos en los que los escrúpulos no reinan caen como dinamita a los precarios muros y generan situaciones de incertidumbre y desazón en las personas más necesitadas.
Es que un grupo de 30 familias humildes (a saber por su nivel de ingresos y la calidad de vida que tienen en sus hogares) se congregó en la legislatura provincial para denunciar una estafa en la adquisición de un terreno que tenía como objetivo la construcción de viviendas.
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Se trata de la cooperativa La Libélula, la cual se formó en un asentamiento ubicado en la intercepción de las calles 9 de Julio y Rawson de Maipú, donde unas 150 personas habitan hace entre 5 y 10 años. Si bien en 2009 las familias habitantes realizaron la compra de los terrenos donde viven, meses después se encontraron con una desagradable sorpresa: había una deuda millonaria de por medio.
Adquirimos los terrenos a $6.000 cada uno, tenemos todos los papeles de compra venta y certificación de escribano. Sin embargo al intentar gestionar la construcción de casas en el Instituto Provincial de la Vivienda nos encontramos con que hay una deuda de $5 millones, contó a SITIO ANDINO Rocío Carmona, una de las damnificadas, mientras cortaba la calle Patricias Mendocinas frente a la Legislatura provincial.
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Rocío Carmona, la representante de quienes supuestamente fueron estafados. |
Según la versión de los perjudicados la venta de los terrenos la realizó la asociación Amas de Casa Cuyanas, presidida por Gustavo Álvarez, quien negoció los terrenos de su propiedad con las familias y llegó a un acuerdo que finalizó en la venta de los lotes, aunque nunca se informó de la deuda que estas tierras tenían.
Es que meses antes de que las familias comenzaran a llegar a los terrenos para asentarse (en carácter de okupas) la asociación en discordia arregló con el IPV para urbanizar los terrenos y se comprometió a pagar la suma ahora adeudada a la entidad, la cual ante el faltante de pago inhibió a la firma y ahora se niega a construir las casas hasta no cobrar.
No obstante, otro agravante que provoca más indignación en las familias perjudicadas es que, no conformes con la estafa, los representantes de Amas de Casa Cuyanas denunciaron penalmente a los habitantes del lugar por usurpación. No sólo nos estafaron, sino también nos pintaron los dedos a todos como a los delincuentes, aseguró Carmona.
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Ante esta situación la intervención del IPV comenzó a aparecer como la única salida para que las personas de este asentamiento puedan tener sus casas. Sin embargo la respuesta de la entidad no logró conformar las expectativas de nadie y dejó la resolución del conflicto en manos de la legislatura provincial.
En el IPV nos admitieron que sufrimos una estafa y nos dijeron que la única salida es que la Legislatura sancione una ley expropiando los terrenos para que podamos tener nuestras casas. Sin embargo venimos todas las semanas a la Legislatura y nos dicen que hasta después de las elecciones no pueden hacer nada, relató una de las personas damnificadas a este medio.
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