Lo cierto es que Maduro ha intentado, desde abril pasado, que el Parlamento le otorgue los poderes especiales. Sin embargo, no ha logrado reunir la cantidad de votos necesarios. Según la Constitución bolivariana, se necesitan las tres quintas partes de los votos de la unicameral Asamblea. Eso significaría reunir 99 respaldos.
El escollo mayor, justamente, es el número 99, porque el chavista PSUV cuenta con 98 legisladores desde enero de 2011, tras el golpe legislativo de 2010.
Desde que Maduro puso sobre la mesa la iniciativa, el jefe de la oposición, Henrique Capriles, advirtió que sólo lo lograría si "alguien saltaba la tranquera".
Más que enterado de la adversidad, el bolivariano intentó destituir a tres legisladores para forzar a sus suplentes a respaldarlo. Incluso intentó deshacerse de la combativa legisladora opositora María Corina Machado, pero no lo logró.
En estos últimos días, encontró a la 99. Es que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó ante el Supremo un antejuicio de mérito contra la diputada María Mercedes Aranguren, una ex aliada del Gobierno presuntamente responsable de malversación de fondos en el estado Monagas, al oriente del país. Si el Supremo encuentra razones y aprueba la petición, el suplente de Aranguren, Carlos Flores, podrá incorporarse a la cámara. Los medios locales ya dan cuenta de las negociaciones entre el chavismo y Flores.
De lograr los poderes especiales, Maduro podrá gobernar por decreto por el tiempo que la Asamblea lo estipule. No deberá dar cuentas de cómo maneja los fondos ni qué destino les dará. Incluso, puede modificar el escenario judicial para ajustarlo a sus necesidades.
En los 14 años de su presidencia, el fallecido Hugo Chávez solicitó y logró la aprobación de superpoderes en cuatro ocasiones. De hecho, en estos períodos dictó 152 leyes. En 2010, la última vez que la Asamblea le confirió el poder, el bolivariano justificó el pedido por las devastadoras inundaciones en el país. Sin embargo, durante los 18 meses que rigió la Habilitante, firmó 35 leyes pero sólo 2 estaban vinculadas a los afectados por las inclemencias temporales.
En esta oportunidad, la corrupción parece ser la excusa chavista, aunque se infiere que detrás de semejante pedido se esconde la ya obvia crisis económica. Venezuela surfea en una inflación que se ubica por encima del 45% anual. Padece el peor desabastecimiento de productos básicos de la era chavista y el dólar paralelo se cotiza a 45 bolívares contra 6,3 del oficial.
A pesar de tener enormes riquezas petroleras, la revolución bolivariana jamás ha diversificado la economía. La estatal PDVSA gasta casi todas sus ganancias en subvencionar programas públicos y no se moderniza. Venezuela importa el 70 por ciento de lo que consume. Allí se van la mayor parte de sus divisas, lo que hace crecer la inflación. Hay poco en las góndolas de los supermercados y está carísimo. Maduro acusa a los comerciantes de acaparar las provisiones e inundó el mercado de militares vigilantes, pero lo cierto es que faltan alimentos y cada segundo se encarecen.
Y, como un bonus, con la Habilitante Maduro le quita poder a Diosdado Cabello. El actual presidente de la Asamblea concentra mucho poder en el dividido PSUV. Aunque no lo admitan, entre ellos la relación es tensa.
Fuente: Infobae Mundo.