El expresidente de Colombia Gustavo Petro es investigado tras las graves acusaciones de una exempleada que lo señala por presuntos favores sexuales y drogas.
Un fuerte escándalo sacude el escenario político en Colombia. El expresidente Gustavo Petro quedó en el centro de una investigación judicial tras la denuncia pública de la excontratista Deicy Jiménez. La mujer lo acusó de entregar órdenes de servicio en dependencias públicas a cambio de favores sexuales y de solicitarle el traslado de drogas.
Las acusaciones, detalladas en una entrevista con la revista Semana, describen un presunto esquema donde mujeres habrían sido contratadas o recibido acuerdos con organismos estatales a cambio de satisfacer necesidades sexuales del exmandatario. Jiménez, de 26 años, afirmó que el político le habría solicitado en al menos una ocasión adquirir cocaína y transportarla a Bogotá. Las declaraciones han generado un revuelo político y judicial en el país.
En respuesta, el implicado ha negado rotundamente las imputaciones a través de su cuenta de X, calificándolas como parte de una operación política y cuestionando la validez de las pruebas presentadas. Aseguró que nunca utilizó contratos estatales para obtener favores personales y que las mujeres que trabajaron durante su gestión lo hicieron por mérito propio. La justicia, por su parte, ha iniciado investigaciones y ordenado inspecciones para recabar información relevante sobre los contratos en cuestión.
Las declaraciones de Deicy Jiménez motivaron la apertura de pesquisas por parte de la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia. Estos organismos buscan determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la gestión, así como posibles hechos de acoso y violencia de género. La Corte Suprema ordenó incluso una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para obtener registros sobre los contratos que tuvo la denunciante.
Jiménez anunció que entregará su teléfono celular para ser sometido a peritajes, y difundió en sus redes sociales un video donde aparece junto al exdirigente, presentado como prueba de la relación. La mujer también expresó temor por su seguridad y la de su familia, exigiendo garantías a la justicia y responsabilizando al implicado si algo les llegara a suceder. Su abogado inicial renunció tras denunciar amenazas, lo que ha intensificado la preocupación por la protección de la denunciante y su entorno.
Las acusaciones han generado un fuerte impacto en la esfera política colombiana. Dirigentes opositores han solicitado investigar la participación de exfuncionarios vinculados, mientras que el entorno del exmandatario sostiene que el video difundido muestra una relación consensuada y no constituye una prueba de corrupción. La defensa insiste en que las imputaciones son parte de una operación política para dañar su imagen, comparando los ataques mediáticos con juicios anticipados y cuestionando la autenticidad de las pruebas difundidas.
La estrategia legal se centra en la falta de examen pericial del video y en la inexistencia de contratos o decisiones gubernamentales fraudulentas. Se asegura que las mujeres que colaboraron en su administración lo hicieron en base a sus capacidades y se desvincula la vida privada de cualquier acto de corrupción estatal. Paralelamente, se ha criticado al gobierno actual por supuestamente distraer la atención pública de otras decisiones, como la rebaja de penas a narcotraficantes.
