Argentina quedó con un estrecho margen de maniobra para evitar caer en una dolorosa segunda cesación de pagos en poco más de una década, luego de que una corte de apelaciones en Nueva York dijo que debe compensar a acreedores que se niegan a reestructurar miles de millones de dólares en bonos impagos.
Un panel de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York rechazó el viernes un pedido del país para anular la orden de un juez, que dio la razón a un grupo de bonistas que se niegan a aceptar una fuerte quita en sus tenencias a cambio de títulos que la nación honra puntualmente.
Sin embargo, dejó en compás de espera la aplicación de la orden que obligaría a Argentina a pagar 1.330 millones de dólares hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se expida sobre una apelación previa que realizó el país.
Mientras espera la decisión del máximo tribunal, Argentina puede volver a apelar el fallo adverso ante la misma corte que lo emitió, pero la probabilidad de un cambio en la decisión es escasa.
Cumplidos ciertos plazos también puede presentar un segundo recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que demoraría cualquier decisión final sobre el caso hasta el 2014.
El rechazo de la apelación de Argentina fue un golpe para su combativa presidenta, Cristina Fernández, que se niega a pagar lo que exigen los acreedores rebeldes liderados por los fondos NML Capital de Elliot Management Corp y Aurelius Capital Management, a quienes califica de "buitres".
"Vamos a seguir con las apelaciones que correspondan (...) Somos respetuosos de ese proceso", dijo el domingo por la noche el ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, en una entrevista televisiva.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito ratificó un fallo de noviembre pasado del juez Thomas Griesa, que dictaminó que Argentina debe pagar a los tenedores de bonos en cesación de pagos cada vez que honra sus títulos reestructurados porque merecen un tratamiento igualitario.
Si fracasan las apelaciones y Argentina mantiene su negativa a pagar lo que sus demandantes exigen, la justicia estadounidense podría ordenar que su agente de pagos en Nueva York, el Banco of New York Mellon, y otros intermediarios embarguen parte de los fondos que el país les transfiere para pagar los bonos reestructurados.
Esto equivaldría a un default técnico, ya que los acreedores de Argentina recibirían menos dinero del que les corresponde por cada vencimiento de sus títulos.
Argentina argumentó que no puede acatar esta orden porque sería injusto con los acreedores que aceptaron canjear sus títulos impagos con fuertes quitas en dos reestructuraciones, realizadas en 2005 y 2010, y ofreció enviar a su Congreso una ley para ofrecerle los mismos términos a los "holdouts".
Cerca del 93 por ciento de los bonistas aceptaron canjear la mayor parte de los 100.000 millones de dólares en títulos que Argentina dejó de pagar en el 2002 debido a una fuerte crisis económica.
Los próximos pagos de deuda bajo legislación Nueva York son el 30 de septiembre por un vencimiento de bonos PAR, el 2 de diciembre por el Bono Global 2017 y el 31 de diciembre por el Bono Discount.
Lorenzino ratificó que el país seguirá honrando "sus obligaciones en los mismos términos, en la misma moneda, el mismo plazo, el mismo monto".
El Gobierno argentino argumentó que, si es obligado a pagar a los tenedores rebeldes, se creará un antecedente que pondrá en riesgo los esfuerzos de los países con problemas financieros para reestructurar sus deudas. La posición no fue atendida por la corte.
Argentina también podría recibir una avalancha de demandas de tenedores de deuda reestructurada, que podrían exigir recuperar sus inversiones originales.
Recursos judiciales Argentina tiene 14 días hábiles para pedir al pleno de la corte de apelaciones, conformada por 13 magistrados, que revise la sentencia. Un pedido argentino de revisión por el pleno de la cámara ("en banc") ya fue rechazado por el mismo tribunal en febrero pasado.
También puede volver a pedir al panel de tres jueces que revise su sentencia. Abogados consideran difícil que prospere el recurso.
"Argentina puede plantear un 'rehearing' (revisión) ante este mismo panel pero no tiene ninguna chance de éxito", aseguró el abogado experto en deuda Marcelo Etchebarne.
Una vez que el tribunal se expida sobre la petición de una revisión del pleno, lo que puede ser a inicios del año próximo, Argentina tiene 90 días para realizar una segunda apelación ante la Corte Suprema.
El país acudió en junio al máximo tribunal por el fallo de Griesa y ahora quedó habilitado para hacer lo mismo por la decisión de la corte de apelaciones. Las probabilidades de que la Corte Suprema acepte tomar el caso son bajas. Apenas analiza entre 75 y 90 casos de cada 10.000 peticiones de revisión.
Abogados coincidieron en que parte de la suerte de Argentina depende de que el Gobierno de Estados Unidos, que se ha mostrado renuente en los últimos meses en respaldar la postura del país sudamericano en su larga batalla legal por su deuda, presente un escrito pidiendo al tribunal tomar el caso.
La Corte Suprema inicia su período de sesiones en octubre. Si acepta tomar la primera apelación argentina podría no dictar una sentencia hasta junio próximo.
Pero, aún si aceptara revisarlo, la Corte podría exigirle a Argentina que deposite una fianza multimillonaria para garantizar que el país acatará una sentencia desfavorable.
"Dicha fianza consistiría en el depósito de una suma de dinero por el equivalente al valor de la sentencia más intereses a devengarse y gastos del proceso (1.500 millones de dólares)", escribió el abogado especializado en deuda Eugenio Bruno en un artículo publicado por el diario Ambito Financiero.
Difícilmente el país aceptaría esta opción, dado que abre la puerta a satisfacer las demandas de los "holdouts".
En caso de que la Corte Suprema rechace la primera apelación argentina, la medida de no innovar dictada por la cámara de Nueva York se mantendría hasta que se expida sobre la segunda apelación, lo que los abogados dan como un hecho que sucederá.
Pero si el rechazo al caso sucede antes de la segunda apelación, la mera presentación de la apelación "en banc" puede mantener en vigencia la medida cautelar.
Luego, si la Corte recibe una segunda apelación, el proceso para evaluar si acepta estudiarla demandaría varios meses.
"La Corte (Suprema) se tomará un mes o dos para pedir la opinión del Solicitor General (Procurador General) y éste entre dos a seis meses para emitirla. Después en general se resuelve en 60 días", dijo Etchebarne, socio residente en Nueva York del estudio Cabanellas Etchebarne Kelly. Fuente: Reuters
Conocé las claves para entender el reemplazo de bonos Es la medida que anunció este lunes la presidente Cristina Fernández tendiente a evitar el embargo de los fondos destinados a pagar esa deuda en caso de un fallo negativo de la Corte estadounidense en el litigio con los holds outs.
Conocé las claves para entender el reemplazo de bonos
Una más: el Gobierno manda un proyecto para abrir otro canje de deuda y reemplazará títulos a tenedores