12 de abril de 2026
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Abuelas de Plaza de Mayo reclaman la extradición del "exiliado" Romano

Las militantes de derechos humanos repudiaron la salida del país del suspendido camarista federal, procesado por 103 delitos de lesa humanidad, y pidieron su "urgente" entrega por parte del gobierno de Chile.

Por Sección Judiciales

Abuelas de Plaza de Mayo reclamó hoy que el suspendido camarista federal de Mendoza, Otilio Romano, sea extraditado de Chile, donde ya gestiona el asilo político, para ser juzgado por ser funcional con delitos de lesa humanidad.

En ese sentido, en un comunicado de prensa, la asociación expresó: "Abuelas repudia la fuga del país del suspendido camarista federal de Mendoza Otilio Romano, con un jury de enjuiciamiento en curso y procesado penalmente por su conducta funcional al terrorismo de Estado en 103 delitos de lesa humanidad".

"Expresamos nuestro profundo malestar por la visa que el gobierno chileno entregó a Romano por ocho meses, reclamamos su urgente extradición y esperamos que se rechace su solicitud de asilo político, puesto que sólo se trata de un ardid para evadir las graves imputaciones que debe enfrentar", sigue el comunicado.

Y aclara que "Romano está acusado de omitir la investigación de delitos de lesa humanidad  mientras era fiscal federal y juez federal subrogante, entre 1975 y 1983, denuncia que incluye el archivo de la causa por la apropiación de Rebeca Celina Manrique, la primera nieta restituida en la provincia de Mendoza. La acusación señala que, en la actualidad, el suspendido camarista todavía incurre en evidentes conductas colaboracionistas con los represores, que entorpecen el curso de las investigaciones".

"Ante la gravedad de estos nuevos hechos, el Consejo de la Magistratura se reunirá extraordinariamente el jueves 15 para evaluar si suspende el pago de haberes al camarista prófugo, quien todavía goza de fueros, salario y obra social. La cobarde huida de Romano es una muestra más de su accionar contrario a la justicia. Por lo tanto, esperamos una rápida respuesta de los órganos competentes que derive en el retorno del funcionario procesista al país para que, finalmente, sea destituido y condenado", concluye.

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