El juez de la Suprema Corte, Mario Adaro, será un personaje central de la vida política de la provincia durante 2013. Y ya comenzó el año con algunos roces con el Gobernador Francisco Pérez, figura con quién en el último tiempo no tiene la mejor relación.
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La reforma revive la fricción entre Paco Pérez y Adaro
El miembro de la Corte sería decisivo para el futuro de la reforma del 2001, que el Ejecutivo pretende resucitar. En el medio, la decisión por el futuro de la ley de minería.
Tanto Paco como Adaro se iniciaron en la vida política en San Martín, y años más tarde coincidieron en el gabinete de Celso Jaque. Sin erigirse de entrada como los hombres fuertes de aquel equipo, terminaron siendo los funcionarios que lograron llegar, en muy poco tiempo, a los cargos más relevantes.
Adaro fue propuesto por Jaque como reemplazante de Aída Kemelmajer a principios del 2011, el mismo año en el que Paco Pérez logró llegar a la gobernación tras sortear, casi imprevisiblemente, la intensa interna del PJ.
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En los meses previos a la asunción de Paco la relación se fue deteriorando, hecho que se puso de manifiesto cuando el Gobernador intentó designar a Horacio Báez como Subsecretario de Justicia. Báez precisaba, para no perder sus beneficios como camarista, que la Corte le otorgara una licencia.
Pero en una maniobra que, en su momento, desde el Ejecutivo atribuyeron a Adaro (quién se tomó vacaciones al momento de la votación de la licencia), el pase de Báez quedó bloqueado. Semanas más tarde, la joven Romina Ronda recaló en Justicia.
En los últimos días, Adaro adelantó ante los medios de comunicación su negativa al proyecto para reflotar la reforma constitucional de 2011 que impulsa, desde las sombras y a través del sciolista Gustavo Valls, el oficialismo.
Valls presentó un proyecto pidiendo al Ejecutivo que convoque a elección de constituyentes a raíz de la votación favorable de la reforma de 2001 en el referéndum ese mismo año.
Pero el proceso deberá someterse, invariablemente, al análisis de la Corte, que deberá establecer si es o no constitucional. De los siete miembros, habría tres decididamente a favor del proyecto: Omar Palermo, Pedro Llorente y Carlos Böhm. Alejandro Pérez Hualde, Herman Salvini y Jorge Nanclares, en cambio, tendrían decidido rechazarlo.
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De modo que el voto de Adaro será decisivo, y su manifestación pública de rechazo a un proyecto de reforma pretendido por el justicialismo en el que el ministro se crió no cayó muy bien en el Ejecutivo.
El lunes, Paco Pérez dejó en claro que la relación no es para nada óptima. Hace tiempo que no hablo con Adaro. Pero los jueces tienen que hablar con sus sentencias, aseguró la máxima autoridad provincial.
Pero durante 2013, Adaro también será protagonista de la definición de un tema de extrema importancia para el oficialismo: la constitucionalidad de la ley de minería, la 7722.
Es que el supremo asumió hace algunos meses la presidencia de la sala 2 de la Corte, que compone junto a Carlos Böhm y Herman Salvini, donde han recaído los 11 pedidos de inconstitucionalidad que han llegado hasta el máximo tribunal.
Según se pudo conocer a principios de año, la idea de Adaro es convocar a un plenario de la Suprema Corte para resolver todos los pedidos.
Teniendo en cuenta que 2013 es un año electoral, y que la minería metalífera fue la piedra en el zapato de la campaña de Paco Pérez (quién ordenó, ante la presión social, desechar el proyecto San Jorge), la decisión de Adaro será vital para el oficialismo.